Opinión
El giro “territorialista” experimentado en 2020 por nuestra política exterior bajo la conducción del entonces canciller Teodoro Ribera fue, como lo demuestra la encuesta AthenaLab, total y absolutamente consistente con lo que los ciudadanos esperan de su diplomacia. Cabría esperar que –por el bien superior del país– su sucesor diera continuidad a esas definiciones políticas. Querámoslo o no, la relación bilateral con Argentina ya tiene la “impronta” de la pretensión del vecino sobre millones de km2 de territorio submarino chileno, a pesar del esfuerzo de algunos por minimizar esta circunstancia, a cambio, por ejemplo, de elevar la pretensión argentina sobre las Malvinas/Falkland a la condición de uno de los ejes de la política exterior chilena. Un despropósito solo explicado por la ignorancia de aquellos que lo proponen, a quienes parece no preocuparles comprender la enorme complejidad del escenario jurídico y político que se origina a partir de las pretensiones argentinas sobre dicho archipiélago británico y, por extensión, sobre territorios chilenos en la Antártica y el Mar Austral Circumpolar, incluidos amplios espacios plus ultra el Cabo de Hornos.
El centro de estudios AthenaLab acaba de dar a conocer su encuesta acerca de “Percepciones sobre Política Exterior y Seguridad Nacional”, que arroja conclusiones relevantes respecto a las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos en cuestiones atingentes a las relaciones internacionales, la defensa y la seguridad del país.
Dicho trabajo ilustra cómo, al conjunto de los chilenos, prioritariamente le preocupa la seguridad de sus fronteras, la inmigración ilegal y la lucha contra el narcotráfico, así como la integridad del Mar Chileno con su plataforma continental incluida.
Lejos del imaginario chileno se ubican el multilateralismo universalista, que hasta ahora ha sido uno de los pilares de nuestra acción diplomática.
En lo hechos, las falencias del multilateralismo se diluyen sin que queden rastros, como ocurrió, por ejemplo, con la Cumbre Climática de 2019, o la fijación de algunos en desempeñar un rol decisivo en la crisis venezolana. La recurrencia de este tipo de “prioridades” contrasta con la acumulación de “errores tipo 1”, entre los que se cuentan la insistencia en “el discurso” (antes que en la acción) para subsanar la porosidad de nuestra frontera norte (expuesta a la inmigración descontrolada y al crimen organizado), la pérdida de Laguna de Desierto (1994), las concesiones inexplicables en el Campo de Hielo Patagónico Sur (1998), la pérdida de miles de km2 de mar con Perú (2014), amén del olvido al que la cuestión de nuestra plataforma continental austral y antártica ha sido sometida por más de dos décadas.
Descoordinadas y focalizadas en conceptos personalistas, nuestras políticas exterior y de defensa se disputan la representación de Chile, sin comprender ni acertar en lo que realmente importa a la ciudadanía (ver encuesta).
Por décadas esas políticas de Estado han permanecido expuestas a la rotación de ministros que, con excepciones que confirman la regla, por acción u omisión, no lograron comprender ni asumir los principios geoestratégicos que forjaron al país, y lo proyectaron hacia los confines del austro y la inmensidad del Pacífico Sur. Para muchos ministros han sido más importantes un efímero “ titular” o un Twitter que se viraliza, antes que una acción diplomática concreta y consistente con el interés permanente de la República.
En este ambiente resulta esperanzador el compromiso del comandante en Jefe de la Armada, quien sin ambigüedades ha reiterado el compromiso de nuestra Marina con la tricontinentalidad del país y la integridad de nuestro Mar Austral y Antártica Chilena.
Estas declaraciones son consistentes con el nuevo Estatuto Antártico y la notificación en 2020 al Gobierno argentino, respecto a que sus pretensiones sobre territorios magallánicos dentro de la proyección legal y geocientífica de las islas del Cabo de Hornos y Diego Ramírez nos resultan “inoponibles” por razones jurídicas, geológicas, oceanográficas, hidrográficas, ambientales y geohistóricas.
En perspectiva, el giro “territorialista” experimentado en 2020 por nuestra política exterior bajo la conducción del entonces canciller Teodoro Ribera fue, como lo demuestra la encuesta AthenaLab, total y absolutamente consistente con lo que los ciudadanos esperan de su diplomacia. Cabría esperar que –por el bien superior del país– su sucesor diera continuidad a esas definiciones políticas.
Querámoslo o no, la relación bilateral con Argentina ya tiene la “impronta” de la pretensión del vecino sobre millones de km2 de territorio submarino chileno, a pesar del esfuerzo de algunos por minimizar esta circunstancia, a cambio, por ejemplo, de elevar la pretensión argentina sobre las Malvinas/Falkland a la condición de uno de los ejes de la política exterior chilena. Un despropósito solo explicado por la ignorancia de aquellos que lo proponen, a quienes parece no preocuparles comprender la enorme complejidad del escenario jurídico y político que se origina a partir de las pretensiones argentinas sobre dicho archipiélago británico y, por extensión, sobre territorios chilenos en la Antártica y el Mar Austral Circumpolar, incluidos amplios espacios plus ultra el Cabo de Hornos.
En línea con lo que piensa la mayoría del pueblo chileno, nuestra diplomacia (y también los responsables del Ministerio de Defensa), deberían comenzar no solo por aceptar y comprender el daño estructural que la acción unilateral argentina implica para el futuro de la relación bilateral y, por extensión, para el futuro de la paz y la seguridad hemisférica, así como para la continuidad de la cooperación científica y política al amparo del Sistema del Tratado Antártico.
La prioridad de nuestras políticas exterior y de defensa está en el Sur: hay que asumirlo.
