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La compleja causa –que lleva más de un año con diversas diligencias– avanzó cuando la Fiscalía Local de Copiapó comunicó a dos imputados que están siendo investigados por este delito. El tribunal fijó 6 meses para el cierre del trabajo de recolección de antecedentes. Los imputados son Luis Ulloa, jefe de la División Legal de la Dirección General de Aguas (DGA), y la directora regional de la División, Macarena Fernández Leiva.
La Fiscalía de Atacama formalizó a Luis Ulloa, jefe de la División Legal de la Dirección General de Aguas (DGA), y a la directora regional de la división, Macarena Fernández Leiva, en una compleja causa de delitos de carácter penal administrativo que indaga en Copiapó y que tuvo su origen en el año 2017, cuando comenzaron distintas solicitudes de parte de la sociedad chileno-japonesa, Minera Atacama Kozan, por obtener las autorizaciones ambientales que permitieran iniciar su proyecto de ampliación de su vida útil y que contemplaba relaves filtrados.
En concreto, frente a las solicitudes, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Atacama solicitó pronunciamientos a la Dirección General de Aguas (DGA) y al jefe regional de Fiscalización y Medio Ambiente. En uno de estos informes, emanado en el año 2018, el director (s) de la DGA informaba que dicho proyecto generaría efectos adversos significativos sobre la cantidad de recursos renovables, en particular el agua, por lo que su vía de ingreso debía ser un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no una simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como pretendía la empresa (revise el oficio acá).
Según la investigación, que terminó con la formalización, en mayo del año 2018 se designó a contrata a uno de los imputados –Ulloa–, quien comenzó a desempeñarse como asesor legal de la DGA, mientras que, en junio del mismo año, sin mediar proceso de reclutamiento y selección, fue designada en el cargo de directora regional de la Dirección General de Aguas la segunda imputada en esta investigación –Fernández–. De la misma manera, en julio de ese año, el hasta entonces gerente general de Atacama Kozan, Francisco Sánchez, fue designado intendente de la Región de Atacama, cargo en el que se desempeñó desde julio de ese año hasta su renuncia en febrero de 2019.
Ya instalados en sus puestos, se desvinculó a Rodrigo Sáez, funcionario que suscribió los oficios de la DGA que se oponían a la DIA del proyecto minero, por lo que se elaboró un nuevo oficio dirigido al Servicio de Evaluación Ambiental completamente distinto al anterior.
Meses después, Ulloa envió un correo a Fernández, remitiendo el proyecto de oficio con sus observaciones y señalando que el Servicio (DGA) expresaba su conformidad con el DIA, con lo que incorporó autorizaciones sectoriales al proyecto minero, modificando la opinión técnica que indicaba que era necesario un Estudio de Impacto Ambiental.
Fernández, posteriormente, suscribió un nuevo oficio, en que informaba en lo particular que este Servicio “se pronuncia conforme en la Declaración de Impacto Ambiental y se pronuncia conforme sobre los permisos ambientales sectoriales”. Esto lo hizo sin tener autorización de la Unidad de Conservación y Mantenimiento de la DGA.
Debido a esto, la Fiscalía de Atacama argumentó que los hechos descritos configuran el tipo penal de prevaricación administrativa previsto y sancionado en el artículo 228 del Código Penal. Sin embargo, los formalizados quedaron sin medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación, la que durará 6 meses.
La diligencia que terminó con la formalización de Ulloa y Fernández está enmarcada en una investigación por prevaricación administrativa y, eventualmente, tráfico de influencias, relacionada con el proyecto de continuidad operacional de la faena minera Atacama Kozan, una compañía formada por la empresa japonesa Nittetsu Mining Co. y el grupo Errázuriz. La investigación apunta a develar la actuación de la DGA en este caso y el giro dado por el ente público respecto a la tramitación ambiental del proyecto.
