La candidata de derecha, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y el maestro rural que pertenece a un partido que se define como de izquierda marxista se enfrentan este domingo en Perú en unas elecciones trascendentales en medio de una crisis sanitaria, económica y política. Perú está en una encrucijada entre dos proyectos políticos que defienden modelos económicos completamente opuestos. ¿Qué está detrás de las propuestas y cómo pueden cambiar el rumbo del país?
Probablemente lo que más demuestra el contraste entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo sean sus propuestas económicas.
La candidata de derecha, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y el maestro rural que pertenece a un partido que se define como de izquierda marxista se enfrentan este domingo en Perú en unas elecciones trascendentales en medio de una crisis sanitaria, económica y política.
Son dos candidatos opuestos y eso se refleja en dos visiones radicalmente diferentes sobre el modelo económico de Perú.
Mientras Fujimori, la candidata que representa a Fuerza Popular, apuesta por mantener el sistema de libre mercado, Castillo, abanderado del partido marxista Perú Libre, propone cambiar la Constitución y crear una economía al estilo de Evo Morales en Bolivia o de Rafael Correa en Ecuador.
Con las encuestas anticipando un empate técnico entre los candidatos, la batalla por la presidencia se disputará voto a voto, en un contexto electoral donde la gente sufre el hartazgo de la corrupción y le tiene una profunda desconfianza al sistema político tras haber tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años.
«Llegamos a estas elecciones con muchas necesidades básicas insatisfechas y con la pandemia somos un país que está de luto, que está dolido y fragmentado», apunta.
Desde lo económico, lo que está realmente en juego en estas elecciones es si continuará el modelo de libre mercado con las características que tiene en la actualidad y que, pese a las diferencias entre un gobierno y otro, ha sido la base de la economía peruana en las últimas décadas.
Ese sistema no ha resuelto desigualdades, exacerbadas con la pandemia, lo que lleva a los peruanos que apoyan a Castillo a pedir un cambio de rumbo, más presencia del Estado y mayor responsabilidad a las grandes empresas del sector minero, vital en la economía del país.
«Se está abriendo una potencial caja de pandora en el país que nos deja en un rumbo incierto», comenta Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE.
Además de que Perú es el país con mayor número de muertes per cápita del mundo por la pandemia, el país busca desesperadamente el camino para recuperar una economía que sufrió la peor contracción económica de América Latina en 2020, con una caída del 11% del Producto Interno Bruto (PIB).
Una economía donde tres de cada diez peruanos viven en la pobreza y cerca del 70% de la población tiene un empleo informal.
La profunda insatisfacción entre los excluidos del «éxito peruano», sumada al desastre económico durante la pandemia, han motivado gran parte de las propuestas de los candidatos que pasaron al balotaje.
El profesor rural que hace campaña a caballo y lleva sombrero de paja es partidario de redactar una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.
«Nuestra patria no merece tener una Constitución viciada en su origen, fruto de un golpe de Estado», señala un documento llamado «Perú al bicentenario sin corrupción», el cual contiene «medidas urgentes» para los primeros 100 días de gobierno, y que fue publicado pocas semanas antes del balotaje.
Propone cambiar el modelo por una «economía popular con mercados» que le asigna un rol fundamental al Estado en el desarrollo del país y acepta la participación de empresas privadas bajo condiciones que beneficien «al pueblo».
«No más pobres en un país rico», es el lema que repite Castillo en sus intervenciones públicas apelando al desencanto rural y a los sectores que no han visto los beneficios del crecimiento económico.
«Bienvenida la inversión privada pero con reglas claras. No exploten a nuestros trabajadores», argumentó Castillo en el último debate presidencial.
«El mercado no puede controlar al Estado», dijo, y agregó que pretende aplicar una política proteccionista.
«Vamos a proteger al productor nacional. Hoy se traen papas de otros lugares. ¿Cómo es posible que la papa se pudra?», dijo elocuente, explicando que bajo su gobierno aumentará el gasto social y renegociará las concesiones que tienen las empresas mineras.
Sin embargo, el plan de gobierno que presentó Castillo en la primera vuelta (y que está oficialmente inscrito) tiene otros ingredientes.
Escrito por Vladimir Cerrón, fundador y secretario general del partido Perú Libre, se trata de un documento de 77 páginas llamado «Ideario y Programa».
En él el partido se define como una organización de izquierda socialista y aclara que «para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista».
«Por tanto, decirse de izquierda cuando no nos reconocemos marxistas, leninistas o mariateguistas es simplemente obrar en favor de la derecha», agrega. José Carlos Mariátegui fue un escritor y pensador marxista, y fundador del Partido Comunista en Perú.
El programa sostiene que, entre otras cosas, el Estado debe ser nacionalizador, soberano y sin deuda externa. En ese contexto el Estado tiene la misión de revisar, renegociar o anular los contratos con empresas transnacionales.
El objetivo es que el 80% de las utilidades queden para el Estado y el resto para las compañías.
Lo que no está claro es qué industrias serían objeto de nacionalizaciones, dado que las versiones han cambiado durante la campaña electoral.
Durante la campaña de la segunda vuelta, Castillo trató, sin embargo, de desligarse de la figura de Cerrón y rechazar el temor a que sus políticas supongan un peligro para la propiedad privada.
Tampoco está claro quién lidera el equipo económico de Castillo, puesto que en las últimas semanas han entrado y salido de escena diferentes personas.
En su campaña Castillo también se fijó como meta aumentar el gasto en educación a un 10% del PIB, eliminar gradualmente el sistema de fondos privados de pensiones, impulsar la actividad agrícola, entregar créditos a las pequeñas y medianas empresas, comprarles la deuda a las personas más afectadas por la crisis y generar 100.000 empleos para los jóvenes este año.
En su tercer intento por llegar a la presidencia, Keiko Fujimori propone desarrollar una «verdadera economía social de mercado».
En la práctica, mantener los pilares del sistema económico vigente, pero incorporando algunas medidas para responder a las demandas de los sectores excluidos del desarrollo, a través de lo que su partido denomina «profundizar el carácter solidario».
«Vamos a cuidar tu salud, tu comida y tu trabajo», dijo la candidata en el último debate presidencial.
«Esta pandemia destruyó nuestra economía. El sector más afectado son los emprendedores. Para ellos tenemos iniciativas: tenemos que cambiar el chip de cómo funciona el Estado. Hay que construir formalidad», apuntó.
Hija del expresidente Alberto Fujimori, quien actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos, Keiko Fujimori no solo ha tenido que lidiar con la sombra de su padre durante la campaña.
La propia Keiko cumplió dos veces prisión preventiva entre octubre de 2018 y mayo de 2020 a causa de una investigación aún en curso por supuesto lavado de activos provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, una acusación que la candidata rechaza.
Con las dificultades que le impone ese telón de fondo, la líder de Fuerza Popular anunció una serie de bonos y beneficios para las personas de menores ingresos que forman parte de un electorado empobrecido aún más por la pandemia y decepcionado con los partidos políticos.
Entre ellos, el «bono oxígeno», que consiste en la entrega de 10.000 soles (unos US$2.500) a cada familia con un fallecido por covid-19.
Fujimori aclaró estos días que se trata de un bono y no de un préstamo como había explicado el jefe económico de su equipo, Luis Carranza.
«En los primeros años se implementará una política para poder endeudarnos«, dijo Fujimori explicando el mecanismo de financiamiento de sus medidas.
La deuda actual del país bordea el 36% del PIB, un nivel que, pese a estar por encima de la regla fiscal, es mucho más bajo que la de otros países comparables.
En ese sentido, miembros de la campaña han sostenido que el país tiene espacio fiscal para contraer más deuda, llegando a cerca del 40% o incluso más.
Esta política contrasta diametralmente con la de Castillo, quien ha promovido «cero deuda externa» y la nacionalización de empresas para aumentar la recaudación fiscal. Otras medidas propuestas por Fujimori son aumentar al doble la pensión que reciben los mayores de 65 años, generar dos millones de empleos, bajar el precio de los fertilizantes y bajar el impuesto a los combustibles.
Las promesas también incluyen formalizar a los trabajadores que están fuera del sistema, comprarle deuda a los pequeños emprendedores y entregarles créditos blandos, ha dicho la candidata.
Y también crear el llamado «canon para el pueblo» para que el 40% del dinero que reciben los gobiernos regionales y locales por el impuesto a la renta que pagan las empresas mineras se reparta directamente a la población.
«Con tanta farra fiscal es difícil pensar que se puedan hacer las cosas bien. O se van a incumplir algunas de las promesas o la caja no alcanza», dice a BBC Mundo Hugo Ñopo, investigador principal del centro de estudios GRADE.
Es tan corta la distancia entre Castillo y Fujimori, según las encuestas, que todo puede ocurrir este domingo.
Y lo que se defina en las urnas marcará el rumbo de un país profundamente afectado por la pandemia que trata de salir a flote con dos proyectos políticos cuyos nortes apuntan en direcciones completamente opuestas.