Opinión
Aun cuando es deseable que se cierre la totalidad de centrales lo más pronto posible, no sabemos cuántos años más, o quizás décadas, demoren en revertirse los altos niveles de contaminación en el aire, suelos y aguas que hasta ahora ha producido el uso del carbón en las denominadas “Zonas de Sacrificio”, tal como menciona –entre otras cosas– la edición latinoamericana del «Atlas del Carbón: hechos y cifras de un combustible fósil». Frente a esto, es de esperar que el Estado no renuncie a su función pública en la reducción de la contaminación de las Zonas de Sacrificio del país y que este plan pase del voluntarismo a la obligación, impulsando el cierre más temprano que tarde de las centrales a carbón que operan en Chile y que la propia industria ya está constatando, de manera de disipar, de una vez por todas, la enorme incertidumbre en torno a la urgente limpieza que requiere nuestra matriz eléctrica.
El viernes 4 de junio, se cumplieron dos años desde que el Gobierno presentó el Plan de Retiro Voluntario de Centrales a Carbón, el cual consistía en un cronograma para apagar por etapas las 28 unidades termoeléctricas a carbón de aquí al 2040, siendo ocho unidades las consideradas en la primera fase hasta 2024, mientras que las 20 unidades restantes no tenían una fecha establecida. A dos años del anuncio de este plan, varios cambios han ocurrido, por lo que resulta importante conocer qué tan bien encaminados estamos hacia la meta que nos hemos autoimpuesto, de ser un país carbono neutral al 2050.
Cuando en 2019 se presentó, el Plan de Retiro Voluntario de Centrales a Carbón recibió diversas críticas no tan solo por lo que su nombre indica, es decir, una decisión voluntaria y bajo el criterio de las propias empresas para apagar sus centrales, sino que justamente porque no mencionaba un real cierre y desmantelamiento de estas, pues incorporaba un mecanismo denominado “Estado de Reserva Estratégica (ERE)”, el cual permite que ciertas unidades termoeléctricas sigan funcionando –recibiendo un pago por parte del Estado en esta especie de “hibernación”– hasta cinco años después del llamado “cierre”, pudiendo reactivarse en caso de necesitarse y, en definitiva, poniendo un manto de duda sobre la real descarbonización al 2040.
Pero las cosas han cambiado y en estos dos años se han anunciado otras tres nuevas unidades que se sumarían a las ocho ya calendarizadas para apagarse al 2024, dejando a Enel como la primera generadora en abandonar completamente el carbón. Además, seguirá sus pasos la empresa Engie, la cual anunció la reconversión de otras tres unidades a gas natural y biomasa para el 2025, en las que incluyó la reciente y más grande unidad a carbón construida en Chile, llamada Infraestructura Energética Mejillones (IEM), que tiene una potencia instalada de 375 MW y entró en operaciones el año 2019. Con esto, el cronograma queda con el compromiso de apague, retiro y/o reconversión de 14 unidades para ese año, pero mantiene otras 14 centrales sin fecha establecida, de las cuales solo una pertenece a la empresa chilena Colbún, mientras que las otras 13 forman parte del sucio portafolio de la estadounidense AES Andes –antigua AES Gener– que, dígase de paso, ha sido la primera generadora en utilizar el mecanismo ERE para su recién apagada unidad Ventanas 1, por lo que tendremos recién un retiro real del sistema eléctrico a fines del año 2025.
Es cierto que durante estos primeros años del plan se ha logrado adelantar los compromisos para apagar algunas unidades, pero esto solo reafirma lo que desde Fundación Terram y otras organizaciones hemos mencionado en reiteradas ocasiones: el plan, si así se hubiera propuesto, pudo ser mucho más ambicioso desde el principio y, de esa forma, presentar un cronograma de cierre total de las centrales al 2030, plazo que además se ve aún más exigido debido al proyecto de Ley que avanza en el Congreso y que permitiría el cierre de las unidades termoeléctricas a carbón al 2025. Este escenario de adelantar en una década los compromisos inicialmente acordados, es algo que hoy la misma industria ya empieza a reconocer tanto por razones comerciales como económicas, debido a que los grandes clientes –como las empresas mineras– están exigiendo en sus licitaciones un suministro de electricidad libre de emisiones, prefiriendo firmar contratos sobre la base de energías renovables y, de esa forma, permitirles mejorar su imagen ante los mercados.
A pesar de lo anterior, y aun cuando es deseable que se cierre la totalidad de centrales lo más pronto posible, no sabemos cuántos años más, o quizás décadas, demoren en revertirse los altos niveles de contaminación en el aire, suelos y aguas que hasta ahora ha producido el uso del carbón en las denominadas “Zonas de Sacrificio”, tal como menciona –entre otras cosas– la edición latinoamericana del «Atlas del Carbón: hechos y cifras de un combustible fósil».
Frente a esto, es de esperar que el Estado no renuncie a su función pública en la reducción de la contaminación de las Zonas de Sacrificio del país y que este plan pase del voluntarismo a la obligación, impulsando el cierre más temprano que tarde de las centrales a carbón que operan en Chile y que la propia industria ya está constatando, de manera de disipar, de una vez por todas, la enorme incertidumbre en torno a la urgente limpieza que requiere nuestra matriz eléctrica.
