Opinión
Así como para todas las autoridades, debería ser obligatorio para las y los constituyentes el otorgar una autorización anticipada de levantamiento del secreto bancario, a favor de las instituciones fiscalizadoras que correspondan, para que dichos organismos puedan monitorear permanentemente sus operaciones bancarias. De esta forma, se podría alertar sobre cualquier transacción que pueda ser considerada sospechosa, como depósitos que excedan ciertos montos, o pagos adelantados de créditos de consumo o hipotecarios. Esto, por cierto, además de la obligación de renovar la declaración de patrimonio e intereses periódicamente.
Las exigencias en materia de probidad hacia quienes hemos sido electas y electos constituyentes debieran ser más estrictas y los estándares más altos que los actuales, lo cual debe quedar estipulado claramente en el reglamento de la Convención. Hemos planteado la necesidad de una Convención con paredes de cristal, y la transparencia radical implica, también, que las normas sobre lobby y prevención de conflictos de interés apunten a eliminar cualquier atisbo de corrupción.
Debemos discutir la posibilidad de levantar el secreto bancario para las y los constituyentes. El secreto bancario consiste en que la información sobre las cuentas personales no puede ser conocida por terceros a menos que se den determinados supuestos legales o se ordene por resolución judicial. Hoy, las autoridades políticas no están obligadas a entregar información sobre sus cuentas, situación que busca corregir un proyecto de ley presentado por la diputada Alejandra Sepúlveda el 2019.
Así como para todas las autoridades, debería ser obligatorio para las y los constituyentes el otorgar una autorización anticipada de levantamiento del secreto bancario, a favor de las instituciones fiscalizadoras que correspondan, para que dichos organismos puedan monitorear permanentemente sus operaciones bancarias. De esta forma, se podría alertar sobre cualquier transacción que pueda ser considerada sospechosa, como depósitos que excedan ciertos montos, o pagos adelantados de créditos de consumo o hipotecarios. Esto, por cierto, además de la obligación de renovar la declaración de patrimonio e intereses periódicamente.
Lamentablemente, la Ley de Pesca nos enseñó que para algunos no hay límites ni vergüenza para comprar políticas públicas o leyes. Por lo tanto, la preocupación de que algo similar pueda ocurrir en la constituyente es real y debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para impedirlo.
La construcción de una Constitución es el hito político más importante en la historia democrática del país, lo que nos exige estar a la altura del desafío y evitar cualquier manto de duda que cuestione su legitimidad, asegurando que los únicos intereses allí representados sean los de la ciudadanía.
