Opinión
El trámite de toma de razón de la licitación por $24 mil millones, para renovar por seis años el servicio SIMCCAR (Sistema Móvil de Consultas de Carabineros), fue retirado por la institución de la Contraloría General de la República, sin explicación oficial. Un problema importante es la manera en que Carabineros soluciona sus errores y problemas. Desde 2017 a la fecha, los sucesivos yerros y problemas de corrupción lo hicieron cambiar su estructura interna en materia de compras y logística institucional. Pero la cultura funcionaria cambia poco y, en este caso, en el llamado Plan de Contingencia para la situación producida, se autorizó la contratación de cuatro ingenieros informáticos para «parchar» lo que está funcionando, que es muy poco. Es de esperar que la contratación no tenga las características de la llamada Operación Huracán, uno de los fraudes más notorios de la policía uniformada, junto con el desfalco de los fondos institucionales, hace menos de cinco años.
La licitación por $24 mil millones para renovar por seis años el servicio SIMCCAR (Sistema Móvil de Consultas de Carabineros), ha quedado en puntos suspensivos. La institución retiró el Oficio de adjudicación del trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República, sin explicación oficial, pese a la gravedad y problemas que genera el hecho.
El SIMCCAR se encuentra sin operar desde marzo de este año, fecha en que terminó la vigencia de la primera licitación, debido a que Carabineros no aseguró la continuidad del servicio. No se sabe si por confiar en que la nueva licitación –que fue adjudicada en diciembre de 2020– no tendría obstáculos para entrar en vigencia, o simplemente por falta de rigurosidad técnica en la adjudicación. Contra su pronóstico optimista, la adjudicación permaneció desde diciembre de 2020 hasta ahora sin que el órgano contralor tomara razón legal de ella.
El problema es que sin SIMCCAR operando, Carabineros no puede realizar consultas en línea a las bases de datos de las instituciones de seguridad, al Registro Civil y a los registros de justicia del país, desde sus operativos en terreno y desde cualquier lugar del territorio nacional. Incluidas las bases de salud, desde que se declaró la pandemia sanitaria a comienzos de 2020.
Así, cesó la posibilidad de obtener información actualizada y en línea de controles de huella digital, encargos de búsqueda de personas, órdenes de detención, control de vehículos y de confinamiento sanitario, lo que implica un retroceso en los procedimientos de control, que obliga a volver al viejo sistema de consulta por radio, que es absolutamente ineficiente para la emergencia que vive el país.
Aunque no existen explicaciones oficiales al respecto, trascendió que la Contraloría le habría sugerido al Gobierno, por vías informales, que retirara el Oficio 874 de 21 de diciembre de 2020 de la Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, con que se solicitaba la toma de razón, por adolecer de fallas en el proceso de adjudicación. En enero de 2020, la Contraloría conoció dos informes –uno del abogado Luis Cordero y otro de un perito en compras públicas de Carabineros– presentados por Pegasus, empresa participante en la licitación, que señalaban que Idemia, compañía que al final resultó adjudicada, no cumplía las bases y debía ser eliminada de la lista de precalificación. A su vez, diputados, entre ellos Sergio Bobadilla (UDI), integrante de la Comisión de Emergencia y Catástrofes de la Cámara, pedían revisar ese proceso por la eventualidad de irregularidades.
Al revisar pormenorizadamente el proceso, la Contraloría habría llegado a la conclusión que la toma de razón era improcedente, porque efectivamente la precalificación de Idemia tenía defectos, por lo que deberían haberla descalificado antes de dar curso al proceso de adjudicación. En la revisión y documentación de respaldo enviada al órgano contralor, constaba el Informe de la Comisión de Evaluación de la Licitación, que indicaba que había dos empresas que cumplían satisfactoriamente con las bases, Idemia y Pegasus, lo que las calificó como aptas para ser adjudicadas. De comprobarse impedimentos u observaciones legales a la primera, esto obligaría a Carabineros a rectificar el Oficio y adjudicar a la segunda, impidiendo declararla desierta o anulada, pues carecería de bases legales para hacerlo, una vez terminado el proceso de licitación en la institución y de acuerdo a sus propias normas de compra.
Así las cosas, Carabineros hizo parte de lo sugerido por la Contraloría y retiró el Oficio sin toma de razón el lunes 8 de junio. Al parecer, ya estaba consciente de la situación desde antes, pues el 17 de abril retiró el citado Oficio, pero luego, el 19 de abril, apenas dos días después, volvió a ingresarlo, sin rectificación alguna.
Resulta extraña la persistencia de Carabineros en su decisión que, entre otras cosas, implicó el cambio del proveedor del sistema, GTD Intesis, sin asegurar la continuidad del servicio, y la posición incómoda en que deja a la institución y al Gobierno en materia de transparencia y seguridad. Y algo muy importante, por la falta de argumentos sólidos y legales frente a la reticencia de la Contraloría para la toma de razón. Según fuentes cercanas a La Moneda, el subsecretario Francisco Galli, molesto por los constantes yerros administrativos de la policía uniformada, decidió dar un paso al costado diciendo “que arreglen solos sus problemas”, para referirse al hecho, y no son pocos en Palacio los que opinan que lo actuado por Carabineros daña directamente la imagen del Gobierno.
Con la presión al tope, el general Enrique Bassaletti Riess, tercero en la línea de mando y director nacional de las Operaciones de Apoyo Policial de Carabineros, decidió retirar, sin claridad sobre lo que hará, el Oficio de Contraloría. Lo único cierto, en todo caso, es que anular la licitación o declararla desierta no tiene base legal e implicaría demorar un año y medio, o más, el volver a contar con el SIMCCAR. Esto, independientemente de las demandas judiciales que eventualmente puedan originarse y el descrédito en materia de probidad pública y seguridad interior que acarrearía.
El contexto de los hechos se ha enrarecido aún más al salir a la luz datos desconocidos por la opinión pública, como que la empresa adjudicada, la francesa Idemia –un gigante tecnológico– acaba de salir el año 2020 del cumplimiento de una sanción por actos de corrupción, aplicada por el Banco Mundial, el que recién el año pasado la borró de su lista negra. La firma, además, opera el sistema actual de identidad del Registro Civil, el que ha tenido muchos problemas de carácter biométrico en los pasaportes y cédulas de identidad desde el 2012, con fallas tanto humanas como técnicas, incluso con episodios de clonación y falsificación de documentos e identidades. Idemia es uno de los postulantes a la nueva la licitación del Registro Civil, consistente en un contrato de unos 500 millones de dólares.
Un problema adicional es la manera en que Carabineros soluciona sus errores y problemas. Desde 2017 a la fecha, los sucesivos yerros y problemas de corrupción lo hicieron cambiar su estructura interna en materia de compras y logística institucional. Pero la cultura funcionaria cambia poco y, en este caso, en el llamado Plan de Contingencia para la situación producida, se autorizó la contratación de cuatro ingenieros informáticos para parchar lo que está funcionando, que es muy poco. Es de esperar que la contratación no tenga las características de la llamada Operación Huracán, uno de los fraudes más notorios de la policía uniformada, junto con el desfalco de los fondos institucionales, hace menos de cinco años.
Consultados insistentemente los generales Enrique Bassaletti y Ramón Alvarado sobre los hechos descritos, no respondieron a los llamados.
