Opinión
En este cuadro de minorización, las tres gobernadoras y los trece gobernadores tienen la tarea histórica de crear una federación o asociación de gobiernos regionales, sin personalizar, e incluir a consejeros regionales y la activa asociación de funcionarios de los Gores, que ha defendido la potestades de las nuevas autoridades electas. Es prioritaria la Ley de Rentas Regionales y apoyar royalties como el propiciado por Esteban Velásquez en minería, ampliándolo a la industria forestal, pesquera y elevando la minúscula patente acuícola en el sur. La federación de gobiernos regionales, en alianza con las universidades territoriales, pueden avanzar en la petición de competencias agrupadas básicas a pedir en marzo del 2022 y las propias de cada región, recordando que los consejos regionales son los que las legitiman, en un modelo de colegiatura y pensamiento horizontal.
Tras dos décadas de un contrahegemónico debate en favor de mayor autonomía regional –desde la creación de Los Federales 1999 y luego la Bancada Regionalista en el Congreso el 2002–, se ha logrado romper el poder omnímodo de la delegación centralista en los macroterritorios. La elección se ha realizado con enormes resistencias del Gobierno de Piñera, que la minorizó al máximo al negar el espacio público de deliberación y en el nulo traspaso de competencias y creación de un financiamiento sólido a los mismos, lo cual tampoco cumplió la Nueva Mayoría en el segundo Gobierno de Bachelet, no obstante haber sido parte de su programa y refrendado en forma unánime por la Comisión de Estado para la Descentralización del 2014.
Pero también hubo un error garrafal del presidencialismo chileno, ya que solo en 2 de las 13 regiones que pasaron a segunda vuelta –Atacama y Los Ríos– hubo coalición programática “en serio”, en que los candidatos a gobernadores pactaron elementos programáticos y compromisos con actores políticos colectivos. En los otros casos, se siguió el modelo hegemonista y se logró ganar por “miedo a la izquierda” en la RM o por “inercia antiderechista” en la mayoría de las regiones.
El espíritu y la letra de la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización, promulgada a inicios del 2018, fueron categóricos: el Gobierno que asumiera en marzo de dicho año, tendría dos años para instalar las nuevas divisiones de los Gobiernos Regionales y hacer traspaso de competencias –programas, personal y recursos– en las áreas temáticas coherentes con las tres nuevas divisiones: Infraestructura y Transporte, Fomento e Industrias, Desarrollo Social. Además, implementaría los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial ante el descalabro climático y la alta conflictividad socioambiental, así como implementar planes de descontaminación y disposición de la basura, y crear la urgente gobernanza metropolitana a cargo de los Gores, en coordinación con los ministerios claves (Vivienda, Transportes, Obras Públicas) y los respectivos consejos de alcaldes.
Piñera optó por el único partido que votó en contra del fortalecimiento regional: el gremialismo neoliberal de la UDI, que entiende lo subnacional solo en lo subsidiario asistencialista y “administrador” de servicios, evitando todo poder en el modelo de desarrollo. Nada de planificación vinculante, ni empresas públicas, ni modelos integrados de transporte, ni fomento productivo, ni poder territorial en aguas y cuencas.
Lo único que han realizado es crear las divisiones. Llaman a concurso para “copar” los pocos cargos creados de personal profesional, mandaron decretos llamando al traspaso de “competencias” a los Gores que no tienen financiamiento.
No se crearon las áreas metropolitanas, no se hizo andar la intergubernamentalidad en las mismas, compuesta por el Gore, los municipios respectivos y las delegaciones ministeriales. Y lo más grave, en vez de entregar recursos por ley a los gobiernos regionales con fondo de convergencia estructural, enviaron sin urgencia una ley de responsabilidad fiscal, que ahoga más la limitada acción regional.
La Comisión del 2014 consensuó la petición de traspaso de Corfo, Serviu, Indap, Fosis, Sercotec, Sernatur al sistema territorial, pero ha tenido el veto del duopolio centralista transversal. De este modo, las elecciones de gobernadores se realizaron sin traspaso de competencias –las que por ley sí pueden ser pedidas desde marzo del 2022– y sin rentas, con anuncios de “caos” por la existencia de delegaciones presidenciales y los típicos comentarios de los que no han hecho nada por el empoderamiento regional –UDI y la mitad del PPD/PS–, respecto a que el proceso es malo e incompleto.
Ya en primera vuelta llamó la atención que no hubiera franja para los gobernadores regionales, a quienes logramos exigir presentación de programa de Gobierno, precisamente para salir del marketing banal presidencialista y obligar a definiciones relevantes con el territorio.
El Consejo Nacional de Televisión y TVN, dominados en sus consejos por el pacto tradicional derecha y Concertación, no hizo acuerdo alguno con el Ejecutivo para incluir “la histórica elección de gobernadores” en un lugar relevante de los debates y esfera pública de la “súper elección local, regional y constituyente”. TVN solo realizó un breve debate por región sin ser anunciado y a media mañana, ni siquiera usando un día sus franjas de noticias regionales, que pagan todos los chilenos con sus impuestos.
La elección en la RM captó el 80% del espacio de los noticieros antes y durante estas elecciones. Lo anterior abre el debate de espacios comunicacionales plurales y no cooptados en las regiones, que incluyan la transmisión de los debates decisivos de los consejos regionales, en todo el ciclo de políticas relevantes que vendrán en movilidad, medio ambiente, diversificación productiva y economías verdes.
El quinto eje de trabajo de la Comisión para la Descentralización fue la participación. Allí se incubó la idea federal progresista de exigir programa, posibilidad de revocatoria y modelo colegiado de elegir los(as) gobernadores(as) o al menos lograr segunda vuelta, para que existiera sistema de partidos regional.
Los diez países más igualitarios del mundo son federales o de alta autonomía territorial (Escandinavia) y parlamentarios “lejos” del presidencialismo banal, cooptador y egocéntrico. En dichos países –USA está fuera por su mayor desigualdad en las tres últimas décadas–, el Congreso elige al primer ministro(a), las asambleas regionales y locales a los gobernadores y alcalde. Chile tuvo una positiva tradición de elección de alcaldes por los regidores, los cuales muchas veces en la construcción de coaliciones locales se dividían el período en dos alcaldes –pensemos en el acuerdo coalicional “plural” de estos días en Israel–. El vilipendiado período parlamentario, en vez de corregirlo –por la excesiva rotativa ministerial– devino en el presidencialismo que ha hecho mal a Chile y se replica en la alcaldización de la gestión municipal y en la soberbia de muchas candidaturas a gobernadores que buscaron crear coaliciones fuera de sus grupos de origen.
Parte del hastío con la política en Chile es por esta hiperinflación de candidaturas con carteles y el poco debate programático bien articulado. Esta dimensión del sistema político se pondrá en debate en la nueva Constitución y recomendamos el sistema de colegiatura en los tres niveles de Gobierno, donde debaten en las elecciones los primeros de las listas –previas definiciones democráticas de partidos y plataformas territoriales permitidas–, lo que obliga a “pactar”, para ser gobierno, prioridades de agenda sin “cheque en blanco” a candidatos o votos por “miedo”.
Apliquémoslo a casos emblemáticos en estas elecciones de gobernadores de baja votación y en que que hubo y “no hubo” acuerdos territoriales programáticos, y ganaron candidatos que obtuvieron menos de 25% en primera vuelta, lo que llamaba a todas luces a salir de sus trincheras y buscar alianzas mayores.
En el caso de la Región Metropolitana, es evidente el peso del sector oriente de la capital en la votación de Claudio Orrego, lo que no desmerece los méritos del candidato, pero hubiese sido “más sincero” que Orrego, que cree en las coaliciones de centroderecha –sector DC que lo ha planteado y él que ha apoyado el pacto nacional colorado en Uruguay–, hubiese convencido a Unidad Constituyente de un pacto de gobernabilidad con Chile Vamos y los sectores rurales, donde se “conozca” lo que pactaron. En el sistema presidencialista no hay negociaciones explícitas de coalición, pero sí los llamados “personales” de Lavín, Sichel, Ossandón a preferir a Orrego, en vez de la sospecha de un acuerdo “en el peso de la noche”, que puede dejar intactos los privilegios tributarios de las llamadas comunas del Rechazo y, de este modo, convertir en lírica el viraje del falangista a la “justicia territorial y ambiental”.
En la vereda de enfrente, Karina Oliva mantuvo su discurso y programa de izquierda “nueva” –todo el resto es más de lo mismo–, urbana y feminista, sin pactar con colectivos de las zonas rurales, sin incluir al FREVS, que se lo ofreció, chocando además con el camino alternativista en solitario de los ecologistas, cuya candidata –tercera en la votación y con coherente trazabilidad en asesoría legal ambientalista– argumentó la falta de definiciones claras de Oliva en la diversidad de los temas ambientales.
Claudio Orrego fue más efectivo en lo rural y ambiental, sumado esto al miedo derechista barrioaltino, y logró la victoria “sin crear una nueva coalición”, que en los países en desarrollo implica programa y parte del poder. El clásico ejemplo son los Verdes alemanes que hicieron coaliciones sandías (rojas y verdes) con los socialdemócratas, partiendo de municipios y dos lands (regiones), para luego ser nacional hacia el 2000 y exigir el “nuevo milagro alemán”: una estricta y activa política ambiental, climatización de hogares, movilidad y ahorro energético, que provocó las leyes locales y nacionales que le llevan dos décadas reduciendo su consumo energético.
Así como Oliva, Eugenio Tuma y el PPD no lograron armar una coalición evidente a realizar con los candidatos izquierdistas, regionalistas, ambientalistas y mapuches antiextractivismo, que sumaron el 40% en la primera vuelta. No se habló de plurinacionalidad, libertad a presos, privilegio de la agricultura tradicional campesina e indígena, “sin narrativa transformadora”, como nos lo dijo Vicente Painel. De este modo, en la moda “independentista”, el candidato “joven” y centroderechista “moderado» (Evópoli), movilizó a profesionales urbanos y triunfó.
Si las elecciones de gobernadores en La Araucanía (Wallmapu) hubiesen sido por la vía de una mayoría en el consejo regional, habría existido negociación con los ambientalistas y territorialistas que pujan por otro desarrollo, valorando los derechos colectivos mapuche. Allí el PPD y/o la “centroderecha blanda” habrían tenido que salir de sus prácticas y programas conocidos para poder generar un pacto político transformador “desnaturalizando el conflicto”.
A diferencia de los casos anteriores, el candidato independiente de Atacama que salió segundo en la primera vuelta, pactó de manera explícita con los actores de Apruebo Dignidad, incluyendo la incorporación de las propuestas ambientales de regionalistas verdes. Lo mismo ocurrió con el socialista de baja votación en la primera vuelta de Los Ríos, quien sorpresivamente ganó por los acuerdos explícitos de cogobierno con el Frente Amplio y colaboración en temáticas claves con la flamante alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann.
En este cuadro de minorización, las tres gobernadoras y los trece gobernadores tienen la tarea histórica de crear una federación o asociación de gobiernos regionales, sin personalizar, e incluir a consejeros regionales y la activa asociación de funcionarios de los Gores, que ha defendido la potestades de las nuevas autoridades electas. Es prioritaria la Ley de Rentas Regionales y apoyar royalties como el propiciado por Esteban Velásquez en minería, ampliándolo a la industria forestal, pesquera y elevando la minúscula patente acuícola en el sur.
La federación de gobiernos regionales, en alianza con las universidades territoriales, pueden avanzar en la petición de competencias agrupadas básicas a pedir en marzo del 2022 y las propias de cada región, recordando que los consejos regionales son los que las legitiman, en un modelo de colegiatura y pensamiento horizontal.
Para la Convención Constitucional queda la tarea de pensar cómo evitar el “marasmo” de esta segunda vuelta con menos de 20% de participación, siendo aconsejable el convertir los Consejos Regionales en Asambleas Regionales, cuyos candidatos a gobernador(a) son los jefes de listas que debaten y, según los asientos en dicha asamblea, conformen mayorías sólidas sobre la base de compromisos programáticos por el bien de los territorios, superando las sombras de los caudillos personalistas que explican el atraso y corrupción en Latinoamérica.
