ELECCIONES 2021
Crédito: ATON
En conversación con El Mostrador en La Clave, el candidato presidencial del Partido Comunista que se medirá en las primarias de Apruebo Dignidad con el frenteamplista Gabriel Boric se refirió a uno de los temas que causó más polémica en el reciente debate de primarias: el desalojo de terrenos tomados. «Hoy día existen 78.000 personas viviendo campamentos después de la crisis, porque muchos de ellos tuvieron que salir de sus casas porque no podían pagar los arriendos. Y creemos que el Estado tiene que efectivamente asegurar primero el derecho a la vida digna», aseguró, añadiendo que «cuando un terreno está desocupado y no tiene fin, efectivamente no se desaloja, se construye efectivamente y se resuelve el problema habitacional y luego se le devuelve el terreno o se le compra al privado a través de mecanismos que son absolutamente legales». En cuanto a otro de los temas controvertidos de su programa, Jadue afirmó que la Ley de Medios que proponen no está escrita a rajatabla ya que aún no es la versión final y sufrirá modificaciones. «Estamos incorporando el estudio comparado de lo que son la Ley de Medios en Europa, en España y en otros países, efectivamente, para poder asegurar el derecho de información», dijo, descartando de paso una intención de «controlar los medios» en el caso de ser electo Presidente [ACTUALIZADA]
Uno de los temas que causó más polémica en el debate presidencial entre los candidatos de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA), fue el de las tomas de terrenos. En este topico, ambos coincidieron, afirmando que siempre primará el derecho al buen vivir por sobre la propiedad privada, agregando, en el caso del candidato del Frente Amplio, que no desalojará «mediante fuerza pública terrenos del Estado».
Jadue afirmó este jueves, en conversación con El Mostrador en La Clave, que suscribe a esta postura de Boric. «Hoy día existen 78.000 personas viviendo campamentos después de la crisis, porque muchos de ellos tuvieron que salir de sus casas porque no podían pagar los arriendos. Y creemos que el Estado tiene que efectivamente asegurar primero el derecho a la vida digna e incluso el Papa (Francisco) lo dijo hace un par de días. Algunos creen que el derecho de propiedad está por sobre el derecho de bien común».
«Quiero recordarle a la gente la maravillosa obra ‘Hechos consumados’. Y eso es lo que nosotros hemos querido plantear. Cuando un terreno está desocupado y está sencillamente para la especulación urbana y no hay nada en él, efectivamente, nosotros vamos a privilegiar la espera para la entrega de una solución habitacional antes del desalojo, porque los que tengan un poco de corazón y de humanidad comprenderán que hay gente que no tiene dónde ir, no se le puede desalojar si es que no se le saca a una solución habitacional y eso no tiene que ver con poner en jaque el Estado de Derecho», afirmó.
«Cuando un terreno está desocupado y no tiene fin, efectivamente no se desaloja, se construye efectivamente y se resuelve el problema habitacional y luego se le devuelve el terreno o se le compra al privado a través de mecanismos que son absolutamente legales», aseguró.
Ante la interrogante de que las tomas afectan al Estado de Derecho, Jadue dijo que «aquí lo más violento es que ya haya 78.000 personas que no tengan donde vivir y que el Estado no haga nada. Dentro de nuestro programa de gobierno tenemos la construcción de la mano de los municipios de 100 mil viviendas anuales a la forma de la inmobiliaria popular. Mira, la inmobiliaria popular en tiempo récord, en dos años, construyó departamentos, mientras la gente a veces se demora 15 años en esperar su vivienda con subsidio», dijo apelando a la experiencia de la inmobiliaria emprendida bajo su administración comunal.
Jadue explicó, en este sentido, que «hay mil hectáreas fiscales, en zonas urbanas que corresponden a más de 500 predios, que son estatales», por lo que asegura que «sólo en los fiscales ya alcanzamos a resolver todos los problemas de los campamentos».
Además de los terrenos fiscales, están los privados y los pertenecientes al Ejército. Según explicó el alcalde de Recoleta, «si un terreno está desocupado y no está utilizado por su propietario para nada, está ocupado para la acumulación urbana, sea propiedad del Estado, que fundamentalmente son habitualmente propiedad del Estado y fundamentalmente mira, propiedad del Ejército. ¿Sabes cuántos terrenos tiene el Ejército sin utilizarse y que ha hecho negocio inmobiliario para que después no sepamos ni siquiera dónde se va la plata?».
Para explicar esto, puso de ejemplo lo que ha enfrentado como alcalde de Recoleta: «El regimiento número 1 Buin tiene una cantidad de hectáreas tremenda en desuso. Hace mucho tiempo que ya no se pudo usar ni siquiera el polígono de tiro. Estaba ahí desde que la comuna era periferia de la ciudad y hoy día está en el centro de la ciudad. Son terrenos que el Ejército tiene ahí en barbecho, que efectivamente podrían ser utilizados de manera maravillosa para vivienda, porque están además a 10 minutos del centro de Santiago en una muy buena zona, muy asequible al lado de un pulmón verde. Y están ahí y llevan décadas ahí sin ocuparse».
En cuanto a los terrenos desocupados de carácter privado, Jadue matiza que es posible saber si efectivamente están en desuso, o están a la espera de iniciar una construcción de cualquier tipo. «Cuando un terreno no está ocupado para nada y está entregado a la especulación urbana (…) vas a la municipalidad para ver si hay un proyecto», indicó. «Tú no desalojas. Y efectivamente, hacen la solución habitacional. Y ahí sí entregas el terreno. O lo compras o transas, incluso como lo hemos hecho en alguna oportunidad, un arriendo con el propietario de tal manera de no afectar su derecho de propiedad. Pero lo que no haces es tirar a la gente a la calle que no tiene donde irse. Porque eso no es un derecho humano básico y es no entender lo que es la dignidad», añadió.
En otra parte de la entrevista, Jadue dijo que someterán a revisión -ya que no es la versión final- los planteamientos sobre la Ley de Medios, otro punto que ha causado controversia de su plataforma programática.
«Estamos incorporando el estudio comparado de lo que son la Ley de Medios en Europa, en España y en otros países, efectivamente, para poder asegurar el derecho de información. Porque lo que no hay que olvidar es que en el caso radiofónico y televisivo en particular, no en la prensa escrita, esos son bienes nacionales de uso público que el Estado pone a disposición del concesionario privado para asegurar el derecho a la información. Entonces, cuando tú vives en un país donde, por ejemplo, los medios se dan el gustito de despedir a los periodistas que cubren el estallido social de manera que sus dueños no les gusta, claramente no está asegurado el derecho a la información», aseguró.
En esa línea, descartó que se trate de un intento de “controlar” medios, como ha sido interpretado esta propuesta de su programa de Gobierno. «No hay ningún intento de controlar. Hay un intento que para quienes están acostumbrados a la concentración de medios que hay en Chile, efectivamente, además, la concentración no sólo económica, sino que además política de muchos medios en Chile, a los que afectan, por ejemplo, que los canales despidan gente que no cubre según su propia línea editoriales, puede parecerle una preocupación. No hay ningún intento de controlar los medios», indicó.
Al mismo tiempo, acotó que «lo que queremos es que, efectivamente, todas las voces estén en los medios. Le podría dar un ejemplo claro. ¿Usted ha visto alguna vez los canales de televisión en igualdad de condiciones o algo que se le parezca a las víctimas de violación a los derechos humanos ocupando el mismo espacio, incluso en la radio? Yo, por ejemplo, cuando veo los últimos 30 años, nunca he visto en igualdad de condiciones a la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, a la Agrupación de Ejecutados Políticos, pudiendo tener acceso al espacio radiofónico o televisivo. Pero los victimarios, los que fueron cómplices del golpe de Estado o los que fueron cómplices de las violaciones a los derechos humanos, están todos los días».
«El rol del Estado no es meterse dentro de los medios. Es asegurarlo a través, por ejemplo, del avisaje. Tú sabes cómo está concentrado la avisaje en los medios. Es un problema grave. Eso es lo que queremos regular. ¿Tú sabes cómo está efectivamente la ausencia pluralismo en los medios? Bueno, eso lo queremos regular», cerró.
