Opinión
Para avanzar hacia un Gobierno de gran coalición, la candidata presidencial de Unidad Constituyente debiera realizar una campaña electoral que, junto con movilizar a la centroizquierda, se dirija al centro, un sector de los votantes que abandonó el PDC, promoviendo una competencia centrípeta, que dominará la labor de la Convención Constitucional, y que apunte a la conformación de un Gobierno de gran coalición. Lo anterior requiere considerar que existen varias derechas, una de las cuales podría incorporarse a esta gran coalición o –al menos– apoyar algunas de sus políticas principales. Es aquella que bajo el liderazgo de Mario Desbordes tuvo protagonismo frente al estallido social y en lograr que hubiese mayoría en el Congreso para el retiro de fondos de las AFP, que ha sido la principal ayuda para las personas durante la pandemia. Fue el principal dirigente de este sector que reconoció el malestar existente en la sociedad, algo que negaron muchos otros políticos e intelectuales de derecha y de la DC, al resaltar los hechos de violencia de grupos antisistema (anarquistas, ultraizquierdistas, delincuentes, barras bravas), que durante meses, cada viernes, vandalizaban la Plaza Baquedano y sus alrededores.
En una columna anterior (El Mostrador, 25 de mayo de 2021) escribí que el PDC, que marcó la política chilena durante más de medio siglo bajo el liderazgo de dirigentes excepcionales, entre los que destacaron Eduardo Frei Montalva, Gabriel Valdés y Patricio Aylwin, se había desplomado como organización, dejando de ser una de carácter nacional y popular, al quedar al margen de la Convención Constitucional, la más importante de las cuatro elecciones realizadas el 15 y 16 de mayo, eligiendo solo a un convencional, Fuad Chahin, entonces presidente de la colectividad, y un independiente.
Sin embargo, había sobrevivido en el electorado, pues recibió cerca de 700 mil votos en la elección de concejales, eligió 46 alcaldes, tres más que en los comicios de 2016, y tuvo un buen desempeño en la elección de gobernadores regionales, donde destacó el triunfo de Claudio Orrego como candidato de la Unidad Constituyente, la ex Concertación, por la Región Metropolitana, al pasar a segunda vuelta.
La sobrevivencia del PDC en el electorado se confirmó en las elecciones del 13 de junio, con el triunfo de Orrego sobre Karina Oliva, la abanderada del PC y el Frente Amplio, al atraer votos de la derecha y centroizquierda. La DC eligió otros tres gobernadores como parte de la coalición Unidad Constituyente.
La DC dispone de un recurso político adicional sobre sus socios de coalición: Yasna Provoste, la presidenta del Senado. Ella es en la actualidad la personalidad de centroizquierda con mayor visibilidad en la opinión pública y una candidata presidencial en potencia que atrae simpatías de personas del centro y centroderecha.
Un partido al que sus aliados consideraban en vías de extinción, que sufrió en el último bienio la renuncia de decenas de destacadas personalidades, incluidos exministros, sorpresivamente tiene posibilidades de encabezar la candidatura presidencial de la centroizquierda e imponerse en segunda vuelta frente a la izquierda, con aquellos votos de un amplio espectro, de centroizquierda y de derecha, que observan con simpatía una opción centrista tras el fracaso del Gobierno de Sebastián Piñera. Esa voluntad se manifestó en el triunfo de Claudio Orrego.
Esta reemergencia del PDC repone las tensiones de una competencia electoral entre dos partidos, algo de suyo difícil en un régimen presidencial. Hasta las elecciones presidenciales de 2013, la competencia en la centroizquierda por elegir al candidato común era regulada de forma amistosa, mediante acuerdos de primarias o sin estas, cediendo primero el PS a una postulación DC más fuerte (1989) y después el PDC a la candidatura de Michelle Bachelet (2005).
Esta práctica política de un cuarto de siglo fue abruptamente interrumpida por el PS en las elecciones presidenciales de 2017, tras rechazar la candidatura del expresidente Ricardo Lagos, militante del PS, antes proclamado por el PPD. El PS adhirió a la candidatura presidencial PR del senador independiente Alejandro Guillier, al que también apoyó el PPD. El PDC estaba dispuesto a adherir a la candidatura de Lagos, pero no a la de Guillier, que carecía del tonelaje político para derrotar a Piñera. El PS exigió que el candidato único de la Nueva Mayoría se eligiera en una primaria de los cuatro partidos como condición necesaria para hacer una lista parlamentaria común. Era una competencia asimétrica: tres partidos contra uno. La directiva socialista sabía que la mayoría de los parlamentarios del PDC prefería una primaria, porque una lista única les daba más posibilidades de reelección. El PS condicionó mantener dicha lista a la realización de primarias.
Pero el PDC no se doblegó a esta presión: levantó una candidatura presidencial propia, la senadora Carolina Goic, y presentó una lista parlamentaria. El resultado fue magro en ambas elecciones, en la presidencial obtuvo un 5,88% (quinto lugar) y eligió 14 diputados. Guillier no lo hizo mejor. Logró un 22,7% en primera vuelta, superando estrechamente a Beatriz Sánchez, abanderada del Frente Amplio, y fue derrotado en segunda vuelta por Piñera, donde llegó a un 45,42% frente al 54,58%.
Hoy nuevamente el PS exige a la DC una primaria para elegir la candidata presidencial común y postula a Paula Narváez, exministra del segundo Gobierno de Bachelet. También la levanta como condición para llevar una lista parlamentaria común. Pero hay una diferencia de poder que favorece al PDC: cuenta con una figura presidencial que logró una significativa visibilidad en la opinión pública y tiene experiencia en campañas electorales. En cambio, la candidata del PS no reúne ninguno de estos dos atributos.
La competencia electoral entre ambos partidos es distinta. Mientras la DC enfrenta competencia en la centroizquierda y no en el centro y en la centroderecha, porque abandonó estos dos espacios, el PS tiene una fuerte contienda en la izquierda, representada por el Frente Amplio, que surgió en el espacio abandonado por los socialistas en la izquierda. El PDC puede girar hacia su posición histórica y atraer votos del centro y centroderecha, porque los partidos de la derecha están muy debilitados por el pésimo Gobierno de Piñera, en tanto el PS tiene límites en sus posibilidades de crecimiento hacia la izquierda por la coalición del Frente Amplio con el PC, y por la DC en el centro.
El PS y PPD insisten en que la candidata presidencial de la Unidad Constituyente debe ser elegida en una primaria convencional, entre Yasna Provoste (PDC) y Paula Narváez (PS), que también es abanderada del PPD.
Francisco Vidal, precandidato presidencial del PPD derrotado por Heraldo Muñoz, expuso esta postura en su columna en El Mercurio (“Una alternativa para noviembre”, 19 de junio): “En el Chile de hoy la ciudadanía demanda participación en las decisiones fundamentales y nadie entendería que para resolver la candidatura única ésta se decidiera en un acuerdo político cupular”.
Sin embargo, su propuesta no es realista. En las próximas tres semanas la atención ciudadana se centrará en las primarias del 18 de julio. Las primarias entre Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA) concitarán la atención de la opinión pública porque son candidaturas distintas de izquierda. El primero representa la izquierda tradicional y el segundo a la nueva izquierda, muy ligada al movimiento estudiantil. No es lo mismo para el PDC cuál de los dos sea el abanderado de ese bloque. Tampoco para el PS.
No habrá espacio para que el sector de la ciudadanía que apoya a los partidos de la centroizquierda preste atención a una eventual primaria presidencial y voluntaria de Unidad Constituyente. Narváez tiene el camino cuesta arriba, porque no se ha posicionado en la opinión pública, a diferencia de Provoste.
La extrema debilidad organizativa de los partidos de centroizquierda hace imposible que movilicen numerosos votantes para respaldar la candidata común. Una primaria voluntaria se realizaría tras una seguidilla de elecciones: las primarias presidenciales del PDC y PPD en enero, las cuatro elecciones de mayo, la segunda vuelta de gobernadores en junio y las primarias legales de la derecha y la izquierda en julio. Probablemente, parte de los votantes de centroizquierda apoyará a Boric y no votará después en las primarias de Unidad Constituyente, especialmente si este gana u obtiene una alta votación.
En definitiva, una hipotética primaria de la centroizquierda movilizaría a una minoría, que tendría en común un alto nivel de politización, educación media y superior, sin representar la diversidad social y política del electorado del sector.
La debilidad organizativa de los partidos de la Nueva Mayoría se demostró en las primarias legales del PDC y PPD el 31 de enero de 2021. En la del PDC votaron 27.500 personas, que eligieron a la senadora Ximena Rincón como candidata presidencial. En la del PPD participaron 13.225 personas y fue elegido su presidente, el excanciller Heraldo Muñoz. El PS no eligió a su candidata en primaria, sino que fue designada desde arriba, por el comité central después que la patrocinó la expresidenta Bachelet.
La movilización del PDC –que duplicó a la primaria del PPD– fue débil en comparación con la de 2013, cuando votaron 55.868 militantes y simpatizantes, y se impuso con holgura Claudio Orrego (59,02%) sobre Ximena Rincón (40,87%).
La elección de Rincón y Muñoz como candidatos presidenciales de sus respectivos partidos no impactó en la opinión pública. El apoyo posterior a las primarias siguió para ambos en el margen de error. Ambos candidatos presidenciales tuvieron una brevísima trayectoria. Rincón debió renunciar después de las elecciones del 15 y 16 de mayo, presionada desde la DC por el estancamiento de su popularidad y la adhesión que concita Provoste. Muñoz renunció a favor de Narváez, admitió la debilidad electoral de su partido y sugirió que el PPD debía avanzar a una fusión con el PS, porque “cumplió un ciclo”. El apoyo de Muñoz a Narváez tampoco tuvo efectos en su débil imagen pública.
Recurrir a una primaria para elegir la candidata presidencial, además de las limitaciones mencionadas, tiene la dificultad de constituir un mecanismo de democracia directa, frecuentemente empleado en momentos de crisis de los partidos, y que no favorece a la democracia. Klaus von Beyme (1996), catedrático de la Universidad de Heidelberg y uno de los más destacados cientistas políticos de Europa, advirtió que cuando la democracia o sus instituciones están en crisis, “se descubre al pueblo”, se reivindica la democracia directa y se relee a Rousseau, ofreciéndose diversas propuestas.
Las iniciativas populares de ley, los plebiscitos revocatorios de representantes elegidos por el pueblo y los plebiscitos para decidir materias controvertidas fortalecen a los grupos de interés situados fuera del sistema político, porque solo allí encuentran apoyo a sus propuestas de democracia directa, agrega Von Beyme. Los plebiscitos sobre asuntos que son objeto de ley desconocen la complejidad de la política y simplifican las opciones en alternativas dicotómicas, Sí o No. Las iniciativas de democracia directa, sigue el mismo autor, más allá de servir como canales de participación, implican avanzar hacia “otra república”, porque sus impulsores emplean un discurso crítico de la representación política y así refuerzan la escasa simpatía ciudadana hacia el Parlamento y los partidos.
Algunos constitucionalistas chilenos reivindican la democracia directa para resolver la crisis de representación. No consideran una amplia bibliografía que critica estos mecanismos ni conocen la experiencia comparada, especialmente en Europa de los siglos XX y XXI (Brexit, Cataluña). En Italia, las formas de democracia directa favorecieron el desarrollo del fascismo (Caciagli, 2005).
La sorpresiva irrupción de Provoste en el escenario presidencial es similar a la de Bachelet, entonces ministra de Defensa del Gobierno de Lagos, en las elecciones de 2005. Esto ocurrió con gran rapidez, a partir de un acto comunicacional con un enorme impacto en la opinión pública, al desplazarse por sectores populares inundados, en el invierno de 2004, en un tanque acompañada de militares. Ella mostró después gran habilidad para consolidar su imagen e imponerse como candidata del PS y PPD.
La candidata presidencial del PDC era Soledad Alvear, colega de gabinete en la cartera de Relaciones Exteriores. Meses más tarde, ella declinó su postulación a favor de Bachelet ante la evidencia de que la popularidad de esta última predecía una rotunda victoria en la primaria, como la que sufrió Andrés Zaldívar (PDC) en 1999.
Paula Narváez debiera dar un paso similar: renunciar a su candidatura.
El país inicia dos procesos políticos muy importantes, que marcarán su futuro. La Convención Constitucional redactará la nueva Constitución que reemplazará a la de 1980, un guardián del modelo de “democracia protegida y autoritaria” que guio el trabajo de sus “constituyentes”.
La Constitución de 1980 fue uno de los tres pilares de la democracia semisoberana (Huneeus, 2014) establecida después de la dictadura, con mecanismos institucionales que limitan la soberanía popular. Su reemplazo por la nueva Constitución marcará el fin de este pilar y constituye un avance muy significativo hacia una democracia soberana. Esta será redactada con el acuerdo de dos tercios de los convencionales, expresando así la pluralidad política, económica y cultural del país y no la visión e intereses de una mayoría circunstancial.
En noviembre se elegirá al próximo Presidente, a cuyo gobierno le corresponderá aplicar las disposiciones de la nueva Carta Magna en el orden político, económico y social, para que se refleje en sus instituciones y sea asumida por la ciudadanía, estimulando un patriotismo constitucional en ella (Sternberger, 1982).
El segundo pilar de la democracia semisoberana fue el poder del componente militar, que se expresó en la continuidad del general Augusto Pinochet como comandante en Jefe del Ejército durante ocho años en democracia, para evitar ser juzgado en tribunales por las violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
El tercer pilar es económico, que permanece vigente y su principal manifestación es la alta concentración económica en un número reducido de conglomerados y la extrema concentración del ingreso nacional. La muerte de Pinochet despejó el componente militar y queda pendiente desmantelar el pilar económico.
La Convención Constitucional dará un importante paso en esta dirección porque adoptará un nuevo pacto social que establecerá, entre otras instituciones, una Carta Magna que se apartará de la “Constitución económica” y del “modelo” económico del régimen de Pinochet, establecido con un paradigma de neoliberalismo radical. Este último corresponde, de acuerdo con la tipología de Linz y Stepan (1996), a una “economía de mercado puro”, con extrema autonomía del mercado y la ausencia del Estado en este.
Una democracia soberana precisa de una “sociedad económica”, en concepto de los mismos autores, con un mercado regulado y un Estado fuerte, que cumpla funciones de regulación y controle los monopolios. El próximo gobierno deberá impulsar reformas institucionales que establezcan esta sociedad económica, lo que se traducirá en políticas en ámbitos diversos, desde el restablecimiento de la igualdad de poder del capital y trabajo en la empresa, el reconocimiento de los derechos, organización y acción colectiva de los trabajadores, hasta el cuidado del medio ambiente, asuntos ausentes en el paradigma neoliberal.
En momentos de profundos cambios institucionales, el PDC debe asumir el papel de vanguardia que tuvo en el pasado, sin paralizarse por la terquedad del PS y de Narváez de exigir primarias para elegir a la candidata de la centroizquierda. Junto con apoyar la candidatura presidencial de Provoste, la DC debiera elaborar las bases de un programa de gobierno que enfrente las carencias políticas y económicas. Estas tienen que prepararse a partir de un paradigma, es decir, “un marco de ideas y estándares que especifica los fines de la política, indica la naturaleza de los problemas a los que apuntan y señala el tipo de instrumentos que debieran ser usados para alcanzar esos objetivos” (Hall, 1993: 278).
La candidatura presidencial de Frei Montalva en 1964 tuvo el paradigma de la “revolución en libertad”, preparado a partir de estudios de economistas de la talla de Jorge Ahumada, de la Cepal, cientistas sociales y cientos de profesionales y académicos que prepararon el programa de gobierno. Ese paradigma enfrentó el nudo gordiano para salir del subdesarrollo: el latifundio y el atraso en la agricultura.
El Gobierno de Patricio Aylwin tuvo un paradigma que abarcó la política militar, y la de verdad y justicia por los crímenes de la dictadura, pero careció de uno que diera coherencia al programa económico. Este último giró en torno a una “economía abierta” y puso más énfasis en la continuidad que en la reforma del sistema económico heredado, temiendo reacciones contrarias en el empresariado, amputándole sus componentes de neoliberalismo radical, sin romper con sus componentes neoliberales.
El equivalente funcional del latifundio y el atraso en la agricultura para el próximo Gobierno está constituido por la concentración económica en pocos grupos y las desigualdades de ingreso.
La concentración económica frena el desarrollo al imponer barreras al crecimiento de pequeñas y medianas empresas, las que dan más empleos. Los grupos económicos tienen poder político para defender sus intereses ante el Gobierno y el Congreso, acentuando su poder económico. La concentración del ingreso en pocas manos amenaza el recurso clave de la democracia, la igualdad en el voto. En el secreto de la urna, el hombre y la mujer tienen el mismo derecho, lo que requiere de igualdad en la competencia política, límites al gasto en las campañas electorales y proporcionar financiamiento público a los partidos.
Las desigualdades de ingreso son ostensibles. El 1% más rico concentra un 28,7% del ingreso. En Uruguay es el 14,1%; Argentina, 16,75%; Colombia, 20,45%; España, 8,24%. En ninguna democracia europea ni en EE.UU. llega al 20%. La campaña de las elecciones del 15 y 16 de mayo mostró los millonarios aportes de personas que pertenecen al 1% de más altos ingresos, favoreciendo las candidaturas de derecha y, en menor medida, de independientes y del PDC, cuyo denominador común son las posiciones amistosas hacia el sistema económico (“el modelo”).
Por la variedad y urgencia de las necesidades y carencias, el programa de gobierno deberá adoptar una estrategia de iniciativas simultáneas en varios sectores, y no una política de cambios por etapas, como intentaron los gobiernos de la Concertación. Este cambio por etapas, que en esencia consistía en primero lograr el crecimiento y después impulsar políticas para disminuir las desigualdades, como argumentó el exministro Edgardo Boeninger tras dejar el Gobierno (1997; 2007; 2009) no fue posible: las condiciones de poder establecidas en la primera etapa se oponían para avanzar hacia una segunda etapa y tornaban inviable su realización, como advirtió prematuramente Hirschman (1990).
Reducir la concentración económica y las desigualdades es una asignatura pendiente de los gobiernos de centroizquierda. Las políticas para ello son variadas y conocidas. Incluyen elevar impuestos a las grandes empresas y a las personas del 1% más rico, fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, control de los monopolios, protección del consumidor, y mejorar los servicios de educación, salud y pensiones, con una fuerte participación del Estado, sin excluir la presencia regulada del capital privado. A todas estas tareas debe agregarse la reconstrucción de la economía y los empleos perdidos por los estragos ocasionados por la pandemia, las medidas para mitigarla y la mala gestión del Gobierno actual.
Una agenda como la descrita solo podría ser obra de un Gobierno de gran coalición, que superara los dos bloques tradicionales, Chile Vamos y la Concertación (y Nueva Mayoría), y considerara la colaboración de los partidos que impusieron el proceso constituyente el 15 de noviembre de 2019. De este se excluyeron el PC y algunos partidos del Frente Amplio, que no formarían parte del nuevo Gobierno.
Para avanzar en esa dirección, la candidata presidencial de la Unidad Constituyente debiera realizar una campaña electoral que, junto con movilizar a la centroizquierda se dirija al centro, un sector de los votantes que abandonó el PDC, promoviendo una competencia centrípeta, que dominará la labor de la Convención Constitucional, y apunte a la conformación de un Gobierno de gran coalición.
Lo anterior requiere considerar que existen varias derechas, una de las cuales podría incorporarse a esta gran coalición o –al menos– apoyar algunas de sus políticas principales. Es aquella que bajo el liderazgo de Mario Desbordes tuvo protagonismo frente al estallido social y en lograr que hubiese mayoría en el Congreso para el retiro de fondos de las AFP, que ha sido la principal ayuda para las personas durante la pandemia. Fue el principal dirigente de este sector que reconoció el malestar existente en la sociedad, algo que negaron muchos otros políticos e intelectuales de derecha y de la DC, al resaltar los hechos de violencia de grupos antisistema (anarquistas, ultraizquierdistas, delincuentes, barras bravas), que durante meses, cada viernes, vandalizaban la Plaza Baquedano y sus alrededores.
Parece ambicioso. Y lo es: el país que incubará la nueva Constitución requiere dejar en el pasado algunos de los clivajes que definieron la política durante décadas, para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, menos desigual y más democrática.
