Opinión
Durante 10 años, la inmobiliaria Punta Piqueros, y los grupos económicos detrás de ella, han desconocido sentencias judiciales tanto de la Corte Suprema, Como del Tribunal Ambiental, la Contraloría y el Tribunal Constitucional, creyendo que el poder económico e influencia política los coloca por sobre lo resuelto reiterada y permanentemente por los más altos tribunales del país. Este proyecto inmobiliario es un ejemplo de lo que no puede suceder jamás en Chile, y es por ello que estamos convencidos, que se requiere de una nueva Constitución que coloque al Medio Ambiente en un sitio primordial, una nueva carta magna Ecológica, para que nunca más existan proyectos como este. *Ver al final N de la R
El conflicto que existe entre la pretensión de construir el lujoso Hotel en el Borde Costero de Concón, Punta de Piqueros, versus la defensa del Medio Ambiente y la vida humana, que enfrenta, por un lado, a los capitales de grandes grupos económicos como Said, Urenda-Eluchans y el empresario Enzo Bolocco y, por el otro, a la comunidad organizada de Concón y alrededores (representada por la Corporación Pro Defensa) es de larga data, más de diez años. Con innumerables hitos en el trayecto.
Pero, pese a toda el agua que ha pasado por el río aun no hay una respuesta a la interrogante: ¿Cuáles son las razones que esta construcción ilegal, que causó un desastre Ambiental y que es un peligro para las personas, se haya erigido? Sin duda y a mi juicio, hay una multiplicidad de factores, partiendo por la debilidad de nuestra normativa e institucionalidad ambiental, la espuria relación entre política y el dinero, la influencia de los grupos económicos involucrados y la corrupción por parte de instituciones y autoridades, etc.
Veamos algunos de estos aspectos, que en cualquier caso todos y cada uno de ellos se explican en un contexto de abusos sistemáticos, institucionalizados, normalizados, por décadas en nuestro país. Contexto que comienza a cambiar poco a poco desde octubre del 2019, desde la revuelta social a la fecha.
En primer término, el que obras de gran impacto ambiental puedan iniciarse y obtener, en principio, permisos de obras para construir sin Estudio de Impacto Ambiental, sin poder evaluar el daño y destrucción del peñón Orejas de Burro, gemela de la roca oceánica, mitigarlos o detenerlo en caso de generar un daño considerable e irreversible al Medio Ambiente, es una aberración de nuestra legislación y ordenamiento jurídico, y que hasta el día de hoy lo permite. ¿Cómo evitarlo entonces? Una posibilidad es que para la intervención de las zonas o bienes naturales considerados estratégicos vía EAE (evaluación ambiental estratégica) con la cual debe contar todo PRC (Plan Regulador Comunal) exista norma clara que obligue a someterse al SEA (sistema de evaluación ambiental) a cualquier obra de envergadura o con potencial suficiente de intervenir profundamente dichas zonas o bienes naturales.
Existirán otras ideas o caminos para regular esto, sin duda, pero lo que no puede seguir ocurriendo es lo ya dicho, y de lo cual el Hotel Punta de Piqueros es una muestra viviente: el avance de la destrucción y devastación a pesar de la legalidad y los fallos de los máximos tribunales del país desde los hechos consumados. Cuestionar incluso a cabalidad la institucionalidad ambiental existente, se hace urgente y necesario a la luz de las innumerables zonas de sacrificio a lo largo y ancho de nuestro país, así como también de obras “inexplicables” como el Hotel Punta Piqueros.
No basta, por cierto, con tener una institucionalidad ambiental precaria y pro intereses inmobiliarios, mineros, de grupos económicos etc., y llena de vacíos. O al menos aquello, por sí solo, no explica esta larga batalla de más de diez años. A propósito de lo acontecido con la querella que hemos interpuesto en contra del actual DOM de Concón Julio Leigh, en torno a sus actuaciones en donde se ha negado a anular permisos, a pesar de sendos fallos de la Corte Suprema, de obras inmobiliarias sobre el Campo Dunar de Concón, entrando incluso en una frenética disputa mediática y acusaciones cruzadas entre él y el Alcalde saliente Óscar Sumonte, se ha abierto una verdadera “caja de Pandora” que tiene hoy por hoy bajo investigación y diligencias a una serie de autoridades en ejercicio, ex autoridades y al actual Gerente de Reconsa S.A., por acciones de corrupción ligadas a propiciar la desprotección y depredación del Campo Dunar.
Ha sido ese mismo DOM, Julio Leigh, el que ha entregado el permiso de obras que permitió el avance de esta obra. Mismas autoridades y funcionarios, además, que en repetidas ocasiones han “interpretado” los fallos del máximo tribunal del país, coincidiendo siempre y al pie de la letra la conveniencia económica de la Inmobiliaria Punta Piqueros, lo que nos lleva a concluir que existen sospechas fundadas de la íntima relación de los grupos Económicos detrás de este proyecto y el D.O.M querellado.
Ahora bien, ¿presionados por quién? ¿alentados por qué? ¿su convicción en una visión de progreso a ultranza y sin respeto de nada más que la concreción de selvas y sarcófagos de cemento, como únicas vías de desarrollo? Puede ser. Como también es bastante inentendible esta historia si no hablamos de los grandes capitales y grupos económicos detrás del proyecto: las familias Said y Urenda, más el empresario Enzo Bolocco.
Para medir la influencia de la familia Urenda en la quinta región, cabe recordar la figura del patriarca: Beltrán Urenda por años senador de la región desde la derecha local. Incluso en las pasadas elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales contamos con dos integrantes de la familia como candidatos: Macarena Urenda (candidata a constituyente por el distrito 7) y Ricardo Urenda (candidato a alcalde por Concón). Una familia ligada a los sectores más acomodados, de poder y conservadores en la historia de nuestra región. Se agrega a esta rama, la familia Eluchans Urenda, donde encontramos al abogado y cacique de la UDI Edmundo Eluchans, varias veces diputado y con evidente influencia en las autoridades de la región de Valparaiso, y por cierto uno de los socios principales de la inmobiliaria cuestionada, José Domingo Eluchans Urenda (también accionista principal de Parque Arauco), quien a través de sus abogados y operadores a presionado y tratando de negociar “bajo cuerda” con el Comité Pro defensa y la actual Corporación Pro defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar.
*El Grupo Said. Uno de los grupos económicos más grandes de nuestro país. Con un patrimonio tan grande como un pequeño país. A modo de anécdota y que sirva de ejemplo de lo amplio de su influencia y poder económico, hace algunos días atrás la Inmobiliaria Punta Piqueros publicó una inserción a página completa.
Enzo Bolocco. El “pionero” de esta historia y quien tuvo la visión suficiente para apropiarse del borde costero, que era un bien nacional de uso público cedido por la Armada, en plena la dictadura, en el año 1986, justo cuando su hija era recibida por el Dictador con bombos y platillos, luego de lograr ser Miss Universo.
Sin esta trenza de fragilidad institucional, autoridades y funcionarios con escasa vocación de servicio público, grupos económicos poderosos no estaríamos escribiendo esta columna. Escenario típico del viejo Chile que se niega a morir.
El camino lógico de una obra ilegal y con evidente peligro de no sobrevivir ante un tsunami, sin horizonte de concretarse desde la legalidad, es su demolición, cuestión que también, y finalmente, deberá zanjar la justicia. Pero no a tontas y a locas, como lo hizo Inmobiliaria Punta Piqueros al iniciar sus obras y destruir lo que allí había. Una demolición controlada, que ingrese al Sistema de Evaluación Ambiental, y se realice el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. A costo, por cierto, de las familias Said, Urenda, y Bolocco quienes son los responsables de este desastroso proyecto llamado Hotel Punta Piqueros.
Estamos ante una construcción que, con abuso de poder, prepotencia económica y depredación inmobiliaria, destruyó sin miramientos el medioambiente, con inminente y evidente peligro de tsunami, judicialmente ilegal y nula; y que no cumple, ni cumplirá, con el nuevo Plan Regulador Comuna del Concón (2017).
Durante 10 años, la inmobiliaria Punta Piqueros, y los grupos económicos detrás de ella, han desconocido sentencias judiciales tanto de la Corte Suprema, Como del Tribunal Ambiental, la Contraloría y el Tribunal Constitucional, creyendo que el poder económico e influencia política los coloca por sobre lo resuelto reiterada y permanentemente por los más latos tribunales del país.
Este proyecto es un ejemplo de lo que no puede suceder jamás en Chile, y es por ello que estamos convencidos, que se requiere de una nueva Constitución que coloque al Medio Ambiente en un sitio primordial, una nueva carta magna Ecológica, para que nunca más existan Proyectos como este.
*NOTA DEL EDITOR: El párrafo que aludía al grupo Said fue editado con posterioridad a su publicación, puesto que por error se atribuía la propiedad del diario La Tercera al grupo económico en cuestión, situación que es inefectiva.
