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A pesar de que el Presidente Sebastián Piñera tiempo atrás dio a conocer cuál es su versión de cómo debería quedar estructurada la nueva Carta Magna, y en su última aparición quiso zanjar la discusión respecto a si se trata de un organismo delegado o un poder constituyente originario, hoy la decisión de La Moneda es la de optar por la tesis del minimalismo, es decir, cumplir con todos los requisitos y obligaciones contenidos en la reforma al capítulo XV de la Constitución, e intentar hacer el menor ruido posible a días de la inauguración de la Convención Constitucional, cosa que le ha resultado imposible. Por el contrario, tanto ha sido el ruido que ha provocado estos últimos días, que se han suscitado una serie de reclamos provenientes desde diferentes espacios coordinados de los constituyentes electos, que acusan falta de claridad en un conjunto de disposiciones. Respecto de la solicitud de renuncia del secretario ejecutivo de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, Francisco Encina, a quien acusan de mantener un diálogo monocultural y de no entender las diferencias de los pueblos originarios, un grupo amplio de constituyentes aseguró que, de persistir la negativa de La Moneda a considerar los requerimientos de estos pueblos, como expresarse en su propia lengua, la posibilidad de que algunos convencionales constituyentes no asistan a la primera sesión sigue «absolutamente vigente».
“La Secretaría Ejecutiva ha hecho un trabajo a mi juicio ejemplar, que si existen diferencias políticas, lo entendemos. Creemos que no justifica la renuncia de nadie que esté trabajando en la Convención y que, por el contrario, esperamos la debida comprensión para entender la situación en la que estamos, la voluntad del Gobierno”. Con estas palabras, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, evidenció la postura de La Moneda respecto de la solicitud de renuncia del secretario ejecutivo de la Unidad de la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, Francisco Encina, a quien más de 80 convencionales acusan de “falta de voluntad de cumplimiento de sus compromisos”.
Esta masiva solicitud partió como una petición especial de los constituyentes indígenas, ante el portazo de las autoridades a las peticiones específicas que hicieron algunos representantes, como la de la machi Francisca Linconao, quien en su calidad de autoridad ancestral requeriría ser acompañada en la jornada inicial por su Zugumachife (o Dungunmachife), que es el intérprete de una machi en ceremonias espirituales, y por su Yancan (o Ñanngkan), colaboradores directos de esta autoridad ancestral en cualquier ceremonia. Mientras que Isabella Mamani, representante aymara, pidió, como Warmi (mujer) Aymara, la presencia de “chacha warmi”, o pareja, fundamental para la dualidad requerida para la realización de una Phawa, que es una ceremonia ancestral.
Con esta negativa pública, que antes se manifestó en privado a los pueblos originarios (PP.OO.), la tensión entre los constituyentes que se han organizado y el Gobierno, incluyendo al secretario de la Convención, aumentó y reinstaló la posibilidad de que no asistan todos los constituyentes a la ceremonia de instalación, tal como lo advirtieron los representantes indígenas en declaraciones públicas, donde expresaron que se “pone en riesgo la asistencia y participación de las primeras naciones en la ceremonia de instalación”. A esto se suma la propia declaración de la machi Francisca Linconao, que advirtió que no participaría de la ceremonia inaugural si no se atienden sus solicitudes. «Esa posibilidad está absolutamente vigente», señaló uno de los representantes indígenas.
El tema es tan fundamental, que este viernes y sábado serán centrales, en la primera reunión cara a cara que harán los constituyentes indígenas en la sede del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en Santiago, que tiene una «agenda abierta», según sus integrantes.
El constituyente mapuche Adolfo Millabur acusó que la lógica de La Moneda es monocultural. “Impedir que la gente se pueda pronunciar en su idioma es vulnerar un DD.HH. básicos y además está garantizado en los tratados internacionales. Naturalmente que demuestra una tozudez y una torpeza en su actuar”, sostuvo.
En esa línea, subrayó que espera que el Gobierno recapacite y se ponga a tono con los tiempos. “Ha sido muy obtuso el Gobierno y sobre todo a través de la secretaría técnica, y por eso es que nosotros pedimos que renuncie el secretario Francisco Encina, porque ha demostrado una falta de apertura, de empatía y un monoculturalismo digno de poner en un cuadro, porque no entiende nada de las diferencias de los pueblos indígenas”, agregó.
Esta petición de representantes indígenas fue respaldada este martes por los Constituyentes Autoconvocados. “La responsabilidad es mayúscula, de generar las condiciones para que todas y todos podamos asistir, los constituyentes, el día domingo. Y cuando los pueblos originarios ponen sobre la mesa algunas necesidades especiales, estas no son privilegios ni excentricidades, forman parte de las características especiales que se deben atender con los pueblos originarios, por ejemplo, a través de los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito”, manifestó el constituyente Ignacio Achurra, que integra este espacio.
Y esa es solo una arista, pues el conteo es largo: se sienten abandonados por el Estado en cuanto al traslado, porque algunos constituyentes ya vienen viajando por mar, para luego seguir por tierra y por aire, para arribar el domingo a Santiago. A esto se suma el acuerdo de los Constituyentes Autoconvocados de pausar la ceremonia de este 4 de julio en caso de existir represión en las calles, la negativa a que se instalen cordones de seguridad, los reclamos por decisiones en las que –a juicio de varios– el gobierno «se extralimitó en sus atribuciones», y la petición de garantías como una salida política a los presos de la revuelta.
En este escenario, los Constituyentes Autoconvocados esperan entregar esta semana una propuesta a la Segpres para la instalación de la Convención con todos los consensos que han logrado para la instalación, y que incluye aspectos como la forma de votación de la directiva –que algunos proponen sea al estilo papal, es decir, que todos sean candidatos–, el periodo de sesiones durante la primera semana, también aspectos comunicacionales, con lo que se pretende, por ejemplo, contrarrestar decisiones del Ejecutivo como la transmisión de la ceremonia, con una oficina de prensa que resuelva mecanismos para aquello, otorgando garantías a medios independientes, la organización de los puntos de prensa, entre otras materias. De hecho, durante esta mañana se espera la publicación de dos escritos con sus principales acuerdos, que serán parte de esa propuesta.
¿Pero quiénes son los Constituyentes Autoconvocados? Este espacio de organización nació como una idea transversal para consensuar ciertos temas e incluye a representantes de la Vocería de los Pueblos –que encabezó la convocatoria–, la Lista del Pueblo, constituyentes de Pueblos Originarios, Apruebo Dignidad, integrantes de Unidad Constituyente, Independientes No Neutrales, y otros independientes, que hasta ahora suman cerca de 90 personas, es decir, más de la mitad de la Convención Constitucional. Han realizado formalmente tres reuniones, que transmitieron de manera íntegra en YouTube. Hasta ahora han levantado algunos espacios de autoorganización, como la comisión de presas y presos políticos y desmilitarización de La Araucanía, comisión de Protocolo Covid, comisión de Comunicaciones y Comisión de Igualdad Material y Equidad Territorial, entre otras.
Si bien en La Moneda ganó la tesis de apostar por el “minimalismo”, es decir, hacer el menor ruido posible con sus intervenciones, adhirieron a que “todo tiene su límite” y que, más allá del fondo de la controversia, respaldar a Francisco Encina, entre otras consideraciones, conlleva entregar una señal de respeto a las reglas y, al mismo tiempo, que –guste o no– es el Gobierno el mandatado para hacer que la Convención Constitucional funcione de la mejor manera.
Pero mantener a Encina, además de estas razones, también existen otras consideraciones, y esto tiene que ver con lo complejo de encontrar a una persona que cumpla con el perfil, es decir, con cierto bagaje político, y de bajo perfil. Cualquier personero con experiencia sería fácilmente ligado a un partido oficialista o a algún personero de Gobierno al que se podrían achacar ciertos intereses, por lo que tornaba la decisión en una incluso más compleja.
De todas formas, esto no quiere decir que su salida no se haya puesto sobre la mesa, considerando las complejidades de la presión pública impuesta, y que trae aparejada la amenaza de la no presentación el domingo 4 de julio, día de la inauguración, de parte de los firmantes.
Y es que la Unidad de la Secretaría Administrativa (USA) de la Convención Constitucional no ha estado exenta de reclamos, principalmente provenientes desde otros convencionales, quienes han apuntado a una “lenta o nula” respuesta a nivel comunicacional. Desde Palacio, hay quienes apuntaron a una falta de coordinación interna y bajo nivel de experticia para lo que su rol exige.
La propia Segpres, a cargo de la USA, recibió el martes un golpe desde la interna, cuando la Asociación de Funcionarios de la cartera pidió revisar la licitación de la transmisión por TV, respecto de la cual –a través de un reportaje de Ciper– se denunció que era potestad del Gobierno definir qué salía al aire y qué no. Además, acusaron problemas de presupuesto y transparencia respecto de los “plazos acotados a los proveedores para la revisión de las bases de licitación, preguntas y aclaraciones».
Y si bien hoy el Gobierno se encuentra flanqueado por diversos cuestionamientos a su actuar previo a la inauguración, razón que llevó a instalar la tesis del “minimalismo” –y que se refiere a la mínima intervención de La Moneda en las discusiones, y siempre en un tono moderado para intentar evitar “levantar polvo”–, el triunfo de esta opción se dio luego que el propio Mandatario dispuso de la suya propia, con resultados adversos.
En septiembre del 2020, y a semanas del plebiscito, el Jefe de Estado entregó sus diez disposiciones, según las cuales entendía se debía construir una Nueva Constitución, entre ellas, habló de cuál debería ser el rol del Estado, las consideraciones que debía tener el concepto de familia, derechos civiles y políticos, entre otros.
Y hace menos de diez días, el Presidente, aprovechando la convocatoria para la primera sesión, se metió de lleno en un asunto que no está del todo resuelto para algunos sectores de los electos convencionales constituyentes, como lo es si la instancia es delegada de la reforma constitucional, tras el acuerdo del 15 de noviembre, o se trata de un poder constituyente originario. En la ocasión, indicó que la Convención «no puede atribuirse el ejercicio de la soberanía, ni asumir otras atribuciones que no le hayan sido expresamente conferidas».
