Opinión
El sector de Desbordes es hoy algo así como la mitad en el principal partido de la centroderecha chilena. Es claramente influyente en el Partido Regionalista Independiente Demócrata; además tiene adherentes en sectores independientes y de la UDI, conscientes de la obsolescencia de la síntesis neoliberal. Lo que dos lustros atrás fuesen meros diagnósticos o meras columnas, tienen hoy encarnación firme. Sin el sector reformista y de talante más político, no es posible que la derecha logre conquistar el centro, conjure el fantasma del 22 por ciento y escape al riesgo de la irrelevancia.
Durante las décadas de la dictadura y la transición ha prevalecido en Chile una derecha que une enseñanzas de varias cabezas, de entre las que destacan las de Milton Friedman y Jaime Guzmán. Si a Friedman se le debe el economicismo, en virtud del cual el orden económico neoliberal es tenido como la “condición necesaria” de un orden político adecuado (Capitalism and Freedom. Chicago 2002), de Guzmán es el pensamiento que aboga por la despolitización de las organizaciones intermedias y una idea eminentemente negativa de la subsidiariedad, que entiende a ese principio como el de la abstención del Estado, salvo que concurran circunstancias extraordinarias que hagan necesaria su intervención (El gremialismo en 27 preguntas y respuestas. Santiago 1980).
Esa articulación conceptual, en su simpleza, abstracción y radicalidad, ha terminado volviéndose una cortapisa mental severa para la derecha chilena. Pese a contar con mentes destacadas, los dos gobiernos de Sebastián Piñera han tenido serias dificultades y en términos políticos sucumbieron bajo las movilizaciones estudiantiles de 2011 y el estallido de octubre de 2019. Ambos gobiernos fueron incapaces de entender la situación política y social, así como de ofrecerle caminos de salida institucional y discursiva. Asimismo, su atadura a los criterios definidos para la derecha de Guerra Fría les impidió entrar en una discusión con la izquierda con argumentos pertinentes, que hiciesen efectivamente sentido en la nueva situación.
La síntesis de economicismo, despolitización y subsidiariedad negativa no sólo dificulta, por su carácter abstracto, las posibilidades de comprender la situación de manera pertinente. Ella introdujo, además, una fisura con las tradiciones de pensamiento que vino asumiendo la centroderecha a lo largo de su historia política. Esa síntesis es más bien una anomalía que una manera usual de pensar de aquel sector.
Puede mencionarse a la generación fundacional, de Diego Portales, Andrés Bello, Manuel Montt, los militares penquistas. Su característica fundamental es que todos sus miembros asumen una tesis diametralmente opuesta a la economicista. Si para Friedman es el orden económico neoliberal la condición necesaria de un orden político adecuado, la generación fundadora de la república entendía, al revés, que la base de todo posible despliegue nacional, cultural, social, también económico, es un orden político reconocido o aceptado. El orden forjado entonces aguantó seis décadas e incluso más en sus estructuras institucionales. Tal orden aceptado fue condición no sólo de la maduración político-institucional del país, sino también de su florecimiento cultural y, si se hace caso a los estudios de Rolf Lüders, del desarrollo económico chileno (cf. Estudios de Economía 25, 1998).
Con posterioridad al período fundacional destacan las contribuciones del liberalismo político chileno. Ellas se notan tanto en la moderación del énfasis autoritario del régimen político inicial, sustentada en una reflexión intelectual robusta, cuanto en el desarrollo institucional que experimentó el país durante la segunda mitad del siglo XIX. Ahí vale mencionar a Aníbal Pinto, Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda.
Consta, asimismo, un extenso momento socialcristiano, que tiene sus inicios en la segunda mitad del siglo XIX, con las labores efectuadas por Abdón Cifuentes en las organizaciones de trabajadores; que continúa en la obra intelectual de Enrique Concha, en la fundación, por parte de Emilio Cambié y Pablo Marín, de la Federación Obrera de Chile, en la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, la Falange, la candidatura de Eduardo Cruz-Coke, todas emergentes desde el Partido Conservador.
También cabe destacar el pensamiento nacional-popular, que incluye la tradición probablemente más robusta de pensamiento político chileno: los ensayistas del Centenario, como Tancredo Pinochet, Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina, Luis Galdames, Darío Salas. Ellos no sólo diagnosticaron la crisis de la oligarquía parlamentaria y le propusieron una salida política y cultural, sino que realizaron el primer ejercicio reflexivo colectivo en Chile sobre lo que significa la comprensión política y una crítica de la asunción eminentemente dogmática de fórmulas abstractas. En esa misma tradición de pensamiento debe mencionarse a Mario Góngora. En el ámbito político, suman aquí también el Partido Agrario-Laborista, eje del gobierno democrático de Carlos Ibáñez, y que fluye, por la vertiente que se suma al nuevo Partido Nacional, hasta el actual Renovación Nacional.
Un papel fundamental en la comprensión política deben jugarlo la economía, las ciencias sociales, de la tierra, las humanidades. No es posible llevar adelante esa tarea de manera pertinente sin esos conocimientos. En este sentido, debe distinguirse fundamentalmente la crítica al economicismo de una crítica a la economía. Atender a la economía como disciplina es condición de una política responsable. El economicismo, en cambio, daña la política. Las ideas, defendidas por el economicismo de un Friedman, de la sociedad como conjunto de individuos independientes que están simplemente agregados por los mecanismos del mercado, y de un Estado que se limita a velar porque el mercado funcione, dificultan o impiden la comprensión política. Bajo ese cedazo hermenéutico, la política ya no puede dirigirse adecuadamente a la consideración de todos los aspectos de los miembros del pueblo, tanto su faceta individual como comunitaria, y se pierden de vista asuntos fundamentales para el despliegue humano, como la solidaridad nacional, el bien común, un ethos de respeto mutuo y colaborativo; asimismo, los contextos institucionales y discursivos en los que esos asuntos se favorecen. Se acaba soslayando la tarea básica que se requiere de la política, de producir legitimidad mediante la elaboración de articulaciones institucionales y discursivas en las que el pueblo pueda sentirse reconocido.
La identidad del individuo lleva en sí la marca de la sociedad, de su herencia, sus tradiciones y los efectos de sus acciones pasadas. Una consideración no reduccionista de la propia situación económica exige atender a esos contextos y antecedentes. La desatención o atención a la variable mentalidad de las épocas y los grupos humanos es lo que discierne, respectivamente, a una ciencia social reduccionista de una ciencia social concreta, consciente del carácter hermenéutico o interpretativo de su tarea.
Si la economía debe abrirse a la consideración de los contextos y modos de relación entre los agentes económicos para lograr su despliegue, también ha de hacerlo la política. La acción política no puede circunscribirse a la administración ordenada de la hacienda, velar por el funcionamiento fluido del mercado, asegurar el orden público y asistir a los menesterosos. Se trata, mucho más, de producir legitimidad. Con base firme en la situación, se ha de ir brindándole renovada e imaginativamente a ella expresión institucional y discursiva.
Tal modo de actuar políticamente, es el que explica los momentos de despliegue nacional: el desarrollo institucional a lo largo del siglo XIX; la instauración y expansión del sistema educativo; el tendido y avance de la red ferroviaria, en los siglos XIX y XX; la irrigación del Valle Central, Atacama y el Norte Chico; la instalación y ampliación de la asistencia médica y social; la erradicación de la desnutrición infantil. En ninguno de estos asuntos se esperó simplemente “dejar hacer” a agentes económicos independientes, sino que la política intervino con intuición, ciencia e imaginación, en la vida del país. Entra en crisis ese modo de actuar, porque las élites políticas pierden lucidez hermenéutica, y o bien abandonan la relación con la situación popular, o bien operan desprovistas de los conocimientos expertos, o bien ya no tienen la fuerza imaginativa suficiente como para proyectar reformas o nuevas instituciones, y, entonces, se deteriora la capacidad de impulsión política del gobierno. Si esas deficiencias se extienden por mucho tiempo, se acumulan las frustraciones y el país se sume en un derrotero de decadencia y descomposición. Así ocurrió en el centenario de la República, cuando la oligarquía parlamentaria tendió a separarse de la situación, a solazarse en la bonanza, dejando de diseñar instituciones y producir reformas pertinentes. Se fue agregando la incapacidad de impulsión. El resultado fue una profunda crisis política y social, cuya etapa más intensa y dramática duró una década. Lamentablemente, algo similar parece estar ocurriendo ahora: el gobierno carece, inveteradamente, de lucidez sobre la tarea hermenéutico-política bajo la que se halla, de compenetración suficiente con la situación concreta del pueblo en su territorio, se ciñe a un tipo estrecho de saber experto y deviene incapaz de proyectar las reformas de entidad y las instituciones que la época presente requiere, pierde persistentemente el impulso político y amenaza volverse comparsa de un proceso que lo desborda y respecto al cual, en verdad, no sabe bien qué hacer.
No de la economía, no de una reflexión ideológica plural: es del economicismo de lo que debe apartarse la derecha chilena. Él dificulta un debate fructífero, una reflexión a partir de fuentes diferenciadas y un tratamiento mínimamente exigente de ellas, así como una comprensión y una acción política a la altura de la época presente. Esta no es una crítica moral, como se ha sugerido, sino por incompetencia. No se trata de advertir respecto de “malos”. Se trata de política: de la mentada aptitud o falta de aptitud para producir legitimidad.
Ese economicismo incapacita al bando extremo para percatarse del significado de la situación y la necesidad de darle salida política. El lote economicista ha puesto, una y otra vez, cortapisas a quienes buscan el diálogo y los entendimientos. Tuvo que aceptar -a regañadientes- el acuerdo constituyente del 15 de noviembre y a poco andar le dio la espalda. Declaró, en su minuto (¡de nuevo!), “populismo” la creación de un fondo para enfrentar la pandemia. Ha retardado la impulsión política del gobierno, que se encontró a la zaga aquel 15 de noviembre y, luego, en la presentación de un proyecto pertinente de reforma a las pensiones (y esta omisión fue el factor descollante en la crisis del retiro de los ahorros previsionales). Cuando el sistema político entero se halla en cuestión y son menester reformas estructurales; entonces se vuelve asunto urgente una derecha dotada de un pensamiento político y económico más denso y diferenciado.
Si –como se ha visto a lo largo de la crisis y con momentos llamativos el 15 de noviembre y recientemente con la reforma del sistema de pensiones– el pensamiento economicista contribuye a paralizar al gobierno y limita drásticamente sus capacidades de impulsión política, un pensamiento políticamente dotado, a partir de la revitalización de las tradiciones ideológicas de la derecha y la recomposición de sus aptitudes hermenéuticas, podría contribuir decisivamente a que el sector recuperase, precisamente, aquellas capacidades. Probablemente el derrotero de la crisis de octubre hubiese sido muy distinto si el gobierno, desde el primer momento, y junto con una preocupación responsable por el orden público, hubiese asumido el hecho contundente de las demandas populares convocando a un diálogo permanente con las principales fuerzas políticas del país para producir dos acuerdos: el constituyente y un pacto económico-social robusto, de reformas estructurales. El malentendido de una reforma al sistema de pensiones como paliativo de urgencia al intenso apremio de la clase media, podría haber sido, asimismo, conjurado, si en ese diálogo conjunto se hubiera avanzado con nitidez (además de en medidas oportunas en favor de los sectores más pobres) en una propuesta de modificación al sistema previsional que, junto con aprovechar sus virtudes (las capacidades de las Administradoras de obtener buenas rentabilidades para los cotizantes), hubiese apuntado a superar sus aspectos claramente deficitarios (las bajas pensiones que acaba recibiendo la mayoría de esos cotizantes). En cambio, la insistencia en aferrarse al statu quo, bajo la premisa de que él resguarda ciertos principios (en el mejor de los casos) o ciertos intereses (en el peor), amenaza sumir al gobierno y al proceso político en la inviabilidad.
Para lo que viene, la derecha se halla puesta ante la misma disyuntiva: ora persistir en el economicismo, desentendiéndose de la cuestión más básica de la legitimidad del sistema político, llevando, por esa vía, al país a una intensificación del trance en el que se encuentra; ora asumir un modo político de entender la situación.
Para pueblos educados en contextos libres y democráticos, los principios de la realización institucional del pueblo en su territorio son las bases de una postura a la que he llamado republicanismo popular (cf. para esto: H.E. Herrera, Octubre en Chile. Santiago, 2019). Los contenidos elementales de esta propuesta política son dos: el principio republicano y el principio popular-terrestre. El principio republicano apunta a la instauración de una institucionalidad en la cual el poder se halle efectivamente encarnado y establemente dividido. El principio popular-terrestre se dirige a la integración institucional del pueblo concreto, tanto consigo mismo, cuanto con su territorio.
Ambos principios se hallan en una tensión, pues operan en direcciones diversas. Esa tensión no se deja resolver simplemente en favor de uno de los principios, sino que debe atenderse a ambos a la vez. El republicano es un principio de dispersión: propende a la encarnación institucionalmente dividida del poder que sustenta a la república y es capaz de garantizar la libertad. Se necesita un asentamiento estable del poder en un territorio y respecto de un grupo humano; sobre esa base, que el poder asentado logre dividirse. En la medida que el poder se encuentra dividido, quienes se hallan afectados por ese poder gozan de mayores grados de libertad.
La división de poderes fue clásicamente pensada como interna al Estado. Posteriormente, se ha reparado en un motivo implícito en las observaciones de los autores clásicos del republicanismo: con el desarrollo tecnológico, el poder social se ha intensificado en los diversos ámbitos de la vida. Se hace necesario, entonces, considerar ese poder social al momento de dividir el poder. La división del poder debe incluir la que ha de existir entre el Estado y un campo civil sostenido en el resorte de recursos económicos fuera del control estatal. Además, es menester dividir el poder, como indicaban aquellos autores, al interior del Estado. Esta división debe considerar tanto el factor funcional (las funciones legislativa, ejecutiva y judicial; también la función contralora), cuanto el territorial (la capital nacional, las regiones y las comunas). Según el mismo principio, es requerido establecer la división al interior del ámbito civil, evitándose y controlándose los monopolios y los oligopolios, apoyándose las distintas formas de organización de los consumidores, trabajadores, pequeños y medianos productores, cooperativas, comunidades locales, etc., capaces de compensar el poder de los más fuertes económicamente.
El principio popular-terrestre opera hacia la integración: hacia la inclusión de los diversos grupos humanos que habitan un mismo territorio, de tal suerte que, atendiéndose a sus diferencias, puedan entrar, sin embargo, conjuntamente a formar parte en una totalidad en la que se experimenten reconocidos según ciertas condiciones comunes. Esa inclusión compartida es la base propicia para el surgimiento de lazos colectivos, de la cohesión social, para que se constituya una esfera comunitaria que, además de erigirse en un campo de interacción colaborativo dotado de sentido, sea capaz de incrementar los niveles de confianza social y sostener a la unidad política.
Este principio abarca el aspecto terrestre del pueblo, que es parte constitutiva suya y un asunto del que ha de hacerse cargo la política. El territorio no es sólo materia prima u objeto de manipulación. Es parte constitutiva de lo humano: el lugar sobre el que se instala y habita el pueblo; es fuente de nutrición y recursos; es una totalidad vital y estética en la que cabe experimentar significado. Dado que la relación del elemento humano con su paisaje admite diversas maneras de configurarse, unas desplegantes, otras frustrantes, la política está bajo la exigencia de considerar tales modos de configuración; desatender a ellos es desasimiento irresponsable.
Ambos principios deben operar conjuntamente. Solo institucionalismo republicano sin integración popular-territorial, es vacío: maquinaria sin espíritu ni cohesión suficiente, trastabillando entre la opresión que somete al individuo bajo la funcionalidad y sujetos que, al no hallar reconocimiento adecuado en un contexto comunitario, tienden a actuar sin lealtad con las instituciones. Un pensamiento popular-territorial descuidado con las divisiones del poder y las garantías republicanas, es ciego. Se inclina a una integración cerrada, hostil al distanciamiento, la diversidad y la libertad. La unión del principio republicano y el popular alude a una concepción de la existencia política que ni quiere renunciar al ideal ilustrado de un gobierno institucional respetuoso de la libertad, ni al pensamiento del pueblo como unidad concreta, integrada humana y territorialmente en su diversidad.
Las ideas del republicanismo popular importan el paso desde la crítica por la falta de discurso de la derecha –o, más precisamente, por un discurso pobre y estrecho– hacia una propuesta de carácter propiamente político. Ese planteamiento no es hoy la expresión de meras plumas sueltas; él se encuentra asentado, ahora, en posiciones políticas y en una precandidatura presidencial. Esas realizaciones tienen una historia previa, en sede política, que se remonta, como hito inicial, al Congreso Ideológico celebrado por Renovación Nacional en octubre de 2014, en Pucón. Ese congreso, en el cual se reformó severamente la Declaración de Principios de ese partido, marca un inicio para un proceso de largo aliento, de giro al centro, encabezado por tres directivas continuas, de Cristián Monckeberg, Mario Desbordes y Rafael Phroens. El giro incluye, como momentos relevantes: la incorporación de RN a la Internacional Demócrata de Centro, con el apoyo de la DC alemana; el impulso de RN al documento “Convocatoria Política” de Chile Vamos y con el cual se buscaba superar, al menos en las palabras, el economicismo dominante en la derecha hasta la transición; en fin, la mentada precandidatura presidencial de Mario Desbordes, cimentada en una conducción nítidamente centrista y en un pensamiento y propuestas, expresadas en el “Programa de Gobierno” de esa precandidatura. De todos estos modos se ha dejado a la centroderecha chilena más a la altura de su historia intelectual, así como de las centroderechas vigentes en democracias maduras.
El programa de Desbordes (descargable en: https://desbordes.cl/programa-de-gobierno/), junto a un diagnóstico político de la situación nacional y a una exposición sucinta del republicanismo popular, se extiende hacia propuestas ordenadas en base a tres tensiones fundamentales, que se recogen como definitorias de la situación política actual y a las que se propone articular de maneras adecuadas: la tensión entre el Estado central y el territorio, entre el Estado y la sociedad civil, y entre el Estado y el mercado. Ninguna de estas tensiones ha de ser resuelta definitivamente en favor de uno de sus polos, desconociéndose al otro. En esto radica el carácter hermenéutico o comprensivo del republicanismo popular: se dirige antes a manejar tensiones de manera desplegante que a soluciones radicales que terminen soslayando o suprimiendo un aspecto de la situación política por aprecio al otro.
Las propuestas incluidas en cada uno de los ejes tensionales considerados son, en aspectos importantes, novedosas y expresan de manera nítida el talante republicano y popular de la precandidatura y la posición encarnada por Desbordes. En el eje Estado central-territorio se propone avanzar hacia el fortalecimiento de la institucionalidad territorial y el regionalismo político; una política nacional del espacio, que repare en el urbanismo y en las maneras en las que se puede desplegar adecuadamente el estar junto a otros en plazas, parques, costaneras, medios de transporte, teatros, bibliotecas, etc.; así también, se contempla una política nacional del agua; el reagrupamiento de las comunas, de modo de facilitar la eficacia y acumulación de recursos. En el eje Estado-sociedad civil se plantea fomentar de manera decisiva a las agrupaciones comunitarias y locales –familias, sindicatos, juntas de vecinos, iglesias– como manera de compensar su debilitamiento y la disgregación a la que conducen nuevas formas de interacción, así como las redes sociales y la realidad virtual. En el eje Estado-mercado, junto con un combate severo a los abusos en esos dos ámbitos, se aboga por la modernización de ambos y la cooperación entre ellos como condiciones de su contribución eficaz a la vida nacional; también se postula el fortalecimiento de colaboraciones público-privadas a gran escala, la conexión del territorio y el fomento a la agricultura, como maneras de contribuir a la recuperación de la productividad del país, estancada desde finales de los noventa. Se trata, en definitiva, de medidas que se dirigen a lograr una convivencia más humana, donde el poder esté adecuadamente distribuido y el pueblo mejor integrado, consigo mismo y con su tierra.
La situación de la propuesta encabezada por Mario Desbordes se ve parcialmente afectada por las elecciones internas en RN. Es menester, sin embargo, poner los hechos en perspectiva. La posición de su planteamiento político permanece, en lo fundamental, aplomada. El asunto puede constatarse desglosando cuatro aspectos significativos. Primero, la propuesta política de marras se sostiene en una reflexión política e ideológica llevada adelante, a lo largo de varios años, conjuntamente por políticos y académicos, que decanta en el mentado republicanismo popular, un pensamiento político complejo en grado suficiente como para ampliar de manera importante las capacidades comprensivas de la centroderecha. Segundo, el sector de Desbordes es hoy algo así como la mitad en el principal partido de la centroderecha chilena; es claramente influyente en el Partido Regionalista Independiente Demócrata; además tiene adherentes en sectores independientes y de la UDI, conscientes de la obsolescencia de la síntesis neoliberal. Lo que dos lustros atrás fuesen meros diagnósticos o meras columnas tienen hoy encarnación firme. Tercero, sin el sector reformista y de talante más político, no es posible que la derecha logre conquistar el centro, conjure el fantasma del 22 por ciento y escape al riesgo de la irrelevancia. Cuatro, la gobernabilidad de parte de un gobierno de centroderecha, depende del triunfo en las primarias de la candidatura de Desbordes o, a todo evento, de su incorporación en futuro gobierno. Estamos ante, probablemente, el único liderazgo que es reconocido y produce confianza en ambos lados del espectro político.
