Opinión
A días de conmemorarse 50 años de la nacionalización el cobre, desde regiones que resurge el grito por mayor participación del Estado en las ganancias de ese recurso, esté en la agenda pública la tramitación de un nuevo royalty ya aprobado en la cámara, y una más equitativa distribución de los beneficios del cobre en especial en las regiones que lo producen.
Quienes escriben este texto están ligados desde siempre a Rancagua y al “metal rojo”. Por historia y geografía – rancagüinos con trayectorias públicas -, por familia – uno hijo de un pañolero que trabajó toda su vida en la empresa; el otro, con familiares vinculados a El Teniente- o por interés, dado que desde distintas ópticas y espacios han hecho propuestas e investigaciones, en torno a la importancia del cobre, su impacto en la ciudad, región y país.
Decía Jorge Arrate, ex vicepresidente de Codelco durante el gobierno de Allende, que “la nacionalización del cobre fue una de las grandes realizaciones del gobierno de la Unidad Popular. La tarea era gigantesca: sentar bases sólidas para un desarrollo racional de la industria cuprífera en beneficio del país y, de ese modo, hacer a Chile más autónomo y menos dependiente”.
Promesa sustancial comprometida en su programa de gobierno en el capítulo “La construcción de una nueva economía” en que se explicitó que “como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, [hoy] en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos”, siendo una de las más anheladas demandas del movimiento sindical minero y de la izquierda chilena y luego del país, al punto que cuando se aprobó, logró unanimidad del Congreso pleno.
Cabe recordar que dicha demanda se había originado ya tempranamente allá por 1951 cuando se presentó el primer proyecto de nacionalización del cobre por parte de los senadores comunistas – partido progresista nacional, en la clandestinidad del PC – Salvador Ocampo y Elías Lafferte, que recogida por el candidato presidencial Salvador Allende en 1952, de ahí en adelante pasó a ser parte de todos sus programas de gobierno. Cabe recordar que fue el poderoso movimiento sindical minero el que ya, desde la fundación de la Confederación de Trabajadores del Cobre en 1951 en la comuna de Machalí, dio el aire necesario para que la demanda quedase incorporada como idea fuerza desde su primer congreso. En ese sentido fueron claves los presidentes de la organización que mantuvieron en alto la demanda y entre los cuales cabe destacar a Héctor Olivares Solís, luego diputado por Rancagua, Orlando Moraga y Héctor Lagos entre otros.
Fue en la década siguiente, con el ascenso del líder reformista Eduardo Frei Montalva y su programa revolución en libertad, uno de cuyos ejes programáticos era aumentar el control nacional sobre la principal riqueza del país mediante la “chilenización del cobre” y la “nacionalización pactada”, iniciativas que fracasaron, mientras las transnacionales que controlaban los principales yacimientos mineros – Kennecott El Teniente y Anaconda Chuquicamata, El Salvador y Exótica – vieron aumentar sustantivamente sus utilidades.
Lo anterior llevó incluso a Radomiro Tomic, a reconocer ese fracaso y postular su nacionalización. Apenas Allende asumió, el 4 de noviembre de 1970, designó representantes del Ejecutivo en los directorios de las sociedades mixtas con el fin de “Controlar la marcha de las empresas de la Gran Minería del cobre, evitar sabotajes, garantizar la estabilidad a los técnicos extranjeros y, sobre todo, conocer la real situación de los minerales”.
Luego, en diciembre de 1970, el gobierno envió al parlamento el proyecto de nacionalización, siendo ministro de Minería Orlando Cantuarias y Vicepresidente de Codelco Max Nolff, quien fue sustituido luego por Jorge Arrate. Por su parte el abogado Eduardo Novoa, desempeñaría un rol notable en la preparación y tramitación del proyecto.
Finalmente, el proceso culminó, el 11 de julio de 1971, cuando, luego de una tramitación no muy compleja ni adversa “el Congreso Nacional aprobó, por votación unánime de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, la enmienda constitucional que hizo posible la nacionalización total del mineral. Ello se plasmó en la ley N° 17.450, cuya disposición decimoséptima transitoria estableció que, por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se nacionalizaban y declaraban incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación las empresas de la Gran Minería del Cobre.”
A mediodía en Rancagua se realizó una gigantesca celebración que encabezó nada menos que el propio Presidente de la República, oportunidad en que emuló aquel proceso con el esfuerzo independentista que hizo O’Higgins 160 años antes en aquel mismo sitio.
Cuatro días más tarde, como se puede observar en el video conmemorativo, un orgulloso y satisfecho mandatario, en un acto celebrado en La Moneda y acompañado por los presidentes de ambas testeras, sus ministros y los representantes de los demás poderes del Estado, firmaba el decreto respectivo que promulgaba la reforma constitucional que daba inicio a uno de los hechos más relevantes de la historia política y contemporánea de Chile.
Por el momento solo se celebraba y los rancagüinos asistentes al acto, en grueso número partían luego al estadio El Teniente para ver el encuentro que enfrentaba al cuadro local, O’Higgins, con Green Cross que se desarrollaría a partir de las 15 horas.
Aún no eran los tiempos en que tal decisión gubernamental y sus efectos – no indemnizar a las empresas americanas del rubro por el exceso de ganancias aplicables de acuerdo al criterio establecido por el Ejecutivo -, exasperaría a tal punto a Nixon, que desde la Casa Blanca se inició una conspiración a gran escala para “hacer chillar la economía chilena”.
Dos años después, a inicios de 1973, Carlos Altamirano, senador y secretario general del principal partido de la UP, se quejaba latamente de la situación de embargo que afectaba al mineral, el acorralamiento estructural de ese gobierno e insinuaba el manejo de su precio en los mercados internacionales, pese a que había aumentado su producción.
Lejos estaba la alegría de Allende y su memorable discurso en plaza de los Héroes de Rancagua el 11 de julio de 1971, o su imagen y palabras de solemnidad en el acto desarrollado en La Moneda el 15 de julio cuando promulgó la reforma constitucional.
En 1973, de nuevo era Rancagua y una parte significativa del movimiento minero tenientino, que a raíz de una interpretación de un reajuste salarial en marzo de ese año enfrentó al gobierno popular con uno de los actores que había sido uno de sus principales bastiones para acceder al poder. La ciudad, durante tres meses será el escenario de una batalla permanente entre adherentes y opositores a la Unidad Popular, lucha que luego se extiende hasta la capital y que concluye socavando las bases mismas de aquel gobierno.
Cuando a comienzos de julio de 1973 se puso fin a la huelga del 41, la economía nacional está devastada, lo mismo que la producción de cobre. Los militares, en forma previa al fin de las protestas que incendiaron Rancagua, entre fines de marzo e inicios de julio de 1973, ensayan el 29 de junio el Golpe de Estado que haría caer dos meses después a Allende. Los mismos mineros que habían llevado a Allende, a la cúspide, ahora, provocaban su caída.
Sabemos también, por boca de Max Marambio, que en Rancagua el día 11 de septiembre a las 02:00 am se perpetraría un atentado al último convoy de trenes que bajaba de Sewell y trasladaba cobre a San Antonio pero que, cuando el ex Mir, comisionado por Allende llega a la ciudad acompañado por Alfredo Joignant, jefe de investigaciones y Máximo del PS, su enlace le avisa que el atentado se suspendió. Regresa a Santiago y antes de irse a dormir ya de amanecida le llaman desde la embajada cubana y le enuncian la sigla “ciclón”, contraseña con la que se tipificaba que había empezado el golpe. Allí entendió recién lo de Rancagua.
Sin embargo, es curioso que diez años después, mayo de 1983, sean precisamente dirigentes tenientinos encabezados por Rodolfo Seguel, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) los que junto a “sus viejos” inicien el ciclo de protestas que sorprenderá a moros y cristianos que tendrá nuevamente como protagonista al histórico sindicato Sewell y Mina ciclo que finaliza cinco años después con la derrota de Pinochet.
Así como hoy, cuando se conmemoran 50 años de su nacionalización, desde regiones es que resurge el grito por mayor participación del Estado en las ganancias de ese recurso, porque esté en la agenda pública la tramitación de un nuevo royalty, ya aprobado en la cámara, y una más equitativa distribución de los beneficios del cobre en especial en las regiones que lo producen.
El cobre, su dirigencia sindical, Rancagua y Machalí, -dos comunas que han marcado a fuego el último medio siglo de nuestra historia naciona- están relatados en el libro que presentaremos este viernes 9 de julio en “la histórica ciudad”.
