Opinión
Los diputados que anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra del Ministro de Educación Raúl Figueroa. Crédito: Aton
¿Cómo pretendemos solucionar los problemas de desigualdad y mejorar nuestra matriz productiva, si nuestros jóvenes chilenos no tienen ni los conocimientos básicos para entender lo que leen? Solo en un país profundamente envenenado pueden existir discursos y posiciones tan hipócritas como argumentar la defensa de las comunidades educacionales y su futuro, mientras en realidad se les causa un daño irreparable. Pareciera ser que en Chile ya nos encontramos con el veneno hasta el cuello.
Hace pocos días, un grupo de diputados del Frente Amplio (FA), Partido Socialista (PS) y Partido Comunista (PC) anunció que presentará una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. En concreto, el grupo de parlamentarios –liderado por los diputados Juan Santana, Marcos Ilabaca, Leonardo Soto, Manuel Monsalve, Jaime Naranjo y Gastón Saavedra– anunció que buscarán promover una acusación constitucional contra Figueroa, por impulsar la vuelta a clases presenciales durante la pandemia. Según el grupo que presenta esta acusación, esta sería pertinente, ya que, de volver a clases presenciales, se estaría “poniendo en riesgo la salud de las comunidades escolares”.
La diputada de Comunes, Camila Rojas, incluso llegó a decir que “si este ministro continúa en 2022, la situación será incluso más crítica, porque no da garantías para el ejercicio del derecho a la educación”.
El actuar de los diputados es cuestionable por varios motivos y pareciera estar guiado por fines partidistas y políticos, más que por una real preocupación por los estudiantes chilenos y el bienestar de la comunidad escolar.
Es ya sabido que los efectos de la pandemia y de los cierres de los colegios, que impiden las clases presenciales, tendrán efectos profundos en la educación de los niños. El impacto de los cierres de los colegios y la falta de clases presenciales es enorme en el desarrollo educacional y cognitivo de los estudiantes. Por ejemplo, han salido a la luz los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes, que aplicó la Agencia de Calidad de la Educación, para medir los conocimientos alcanzados por los estudiantes durante el año 2020. Estas cifras han llevado a definir la situación del país como un verdadero “terremoto educacional”.
Pues bien, el diagnóstico del estudio, que se aplicó entre marzo y abril de este año a 1,8 millones de escolares, arrojó que los alumnos desde 6° básico hasta 3° medio no alcanzaron ni siquiera el 60% del logro mínimo esperado en lectura y matemática, aun cuando solo se midió el currículum priorizado y no el completo. En 2° medio, por ejemplo, en el área de matemática, solo se aprendió el 27% de los contenidos que se debían recibir el año pasado, y en 3° medio, el 33%. Es decir, los alumnos de 2° y 3° medios de muchos colegios en Chile no alcanzaron ni siquiera a revisar un tercio de los contenidos mínimos de todo un año, lo que es casi equivalente a haber perdido casi todo el año escolar del 2020.
El hecho de que estemos ya a julio del 2021, sin reabrir los colegios de forma amplia, inteligente y estratégica –sumándole a esto el poco interés de los políticos y del Colegio de Profesores de colaborar para volver a clases presenciales–, sugiere que la situación será igual o aún peor que el 2020. Así las cosas, es muy probable que, producto de la pandemia, del actuar de los políticos y de la postura del Colegio de Profesores de no volver a las aulas de manera presencial hasta que superemos la pandemia, muchos estudiantes del país habrán perdido casi dos años completos de escolaridad. Esto –resultado de una política cuestionable y de las posturas de grupos de interés intransigentes–, equivale casi a hacer desaparecer un 15,4% de la escolaridad obligatoria en Chile de un plumazo (los años de escolaridad obligatorios son 13).
[cita tipo=»destaque»]El hecho de que estemos ya a julio del 2021, sin reabrir los colegios de forma amplia, inteligente y estratégica –sumándole a esto el poco interés de los políticos y del Colegio de Profesores de colaborar para volver a clases presenciales–, sugiere que la situación será igual o aún peor que el 2020. Así las cosas, es muy probable que, producto de la pandemia, del actuar de los políticos y de la postura del Colegio de Profesores de no volver a las aulas de manera presencial hasta que superemos la pandemia, muchos estudiantes del país habrán perdido casi dos años completos de escolaridad.[/cita]
Ante esta situación catastrófica, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Daniel Rodríguez, reconoció que “los resultados son preocupantemente bajos, especialmente desde 6° básico (…). Son peores de lo esperado; ya lo habían adelantado varias instituciones internacionales, pero es muy chocante verlo constatado en los datos”. Según Rodríguez, estos resultados demuestran que la mayoría de los alumnos desde 6° básico hasta 3° medio “no tienen el nivel de aprendizaje que se esperaba para haber pasado de curso”. Es decir, muchos de nuestros estudiantes no alcanzaron ni siquiera los niveles mínimos exigibles para poder concluir que han aprendido lo suficiente durante el 2020 y, por ende, estos deberían repetir los cursos debido a su falta de preparación.
Como bien lo había ya señalado el secretario general de la ONU, António Guterres, en agosto del 2020, no reabrir las escuelas de manera oportuna, está generando una verdadera “catástrofe generacional”. En palabras del propio Guterres, “nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas”. La evidencia científica que se ha recopilado hasta ahora pareciera validar y sustentar las preocupaciones de la ONU respecto a la verdadera tragedia educacional, producto de mantener cerrados los colegios (ver mi columna al respecto en El Mostrador aquí).
La evidencia además sugiere un impacto asimétrico y desigual de estos cierres de recintos educacionales, afectando sobremanera a los hijos de familias con menores recursos y con menores niveles de capital cultural. El daño de los cierres educacionales es profundamente desigual, debido a que las familias con mayores recursos pueden proporcionar, en sus propias casas, mayor capital cultural a transferirles a sus hijos y, además, poseen más tiempo y recursos para hacerlo.
Dichas familias tienen –por lo general– mayor acceso a material educacional de calidad, como libros en sus casas, padres que poseen elevados niveles de capital humano y lingüístico para transferirles a sus hijos y, finalmente, mejores elementos de infraestructura y tecnológicos para proporcionar un ambiente propicio para la educación –como mayor espacio por alumno, mejores conexiones a internet, computadores personales para cada hijo, etcétera–. Además, en el sistema de educación privado, los colegios particulares han perdido menos clases que los colegios públicos que se ven piloteados por las decisiones del Colegio de Profesores, que busca dilatar la reapertura de los colegios.
Todo esto sugiere que mantener cerrados los colegios genera un daño profundo y quizás irreparable a las futuras generaciones de chilenos, que van a llegar a la adultez con un patrimonio cultural y con un capital humano atrofiados e, incluso, aún más pobres de los que ya tenemos hoy (según la OCDE, “sólo el 1,6% de los adultos en Chile alcanza los niveles más elevados de competencia en comprensión lectora, en comparación con el 10,6% de media en los países participantes de la OCDE”).
Peor aún, este perjuicio educacional recaerá por sobre todo en aquellos jóvenes de familias vulnerables y de escasos recursos, acrecentando nuestras desigualdades económicas y las brechas cognitivas, profundizando aún más nuestros problemas graves de desigualdad arraigada. Ante esto, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, señaló que “tenemos un terremoto educativo y las réplicas de ese terremoto pueden repetirse por mucho tiempo, si no asumimos de una vez por todas que debemos enfrentar en conjunto, con una visión única de país, esta realidad”.
Resulta inverosímil entonces que, en un país supuestamente tan preocupado por la desigualdad y en donde un gran sector del progresismo busca a fe ciega “modernizar y complejizar nuestra matriz productiva”, sigamos entrampados –desde hace más de un año– en una situación en donde tanto políticos como el Colegio de Profesores sigan buscando poner trabas de todo tipo para impedir volver a clases presenciales.
¿Cómo pretendemos solucionar los problemas de desigualdad y mejorar nuestra matriz productiva, si nuestros jóvenes chilenos no tienen ni los conocimientos básicos para entender lo que leen? Solo en un país profundamente envenenado pueden existir discursos y posiciones tan hipócritas como argumentar la defensa de las comunidades educacionales y su futuro, mientras en realidad se les causa un daño irreparable. Pareciera ser que en Chile ya nos encontramos con el veneno hasta el cuello.
