NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: Segpres
En segunda votación, los apoyos de los constituyentes del sector de centroizquierda e izquierda confluyeron en la propuesta 1, presentada por el Colectivo Socialista, el PC y el FA, y con 105 votos a favor dieron pie al texto. La declaración, que en las bambalinas de la Convención se había redactado como fórmula de consenso, argumenta la necesidad de abordar el tema, señalando que “la Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país”. En concreto, piden la tramitación con la máxima celeridad del proyecto de ley de Indulto General que está en el Senado, y que el Poder Ejecutivo les dé suma urgencia tanto a esta iniciativa como al proyecto de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos. Asimismo, exigen el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado y la “inmediata desmilitarización del Wallmapu”, entre otros. Chile Vamos, en tanto, optó por emitir una declaración como grupo y no como propuesta de resolución para ser sometida a votación.
El tema de los presos del estallido era una de las grandes primeras definiciones de la Convención Constitucional y el debate en el ex Congreso -acalorado a veces- así lo comprobó. En la segunda votación, salió humo blanco y, por amplia mayoría, se aprobó emitir una declaración sobre el tema, en una jornada en que se hicieron notar los primeros acuerdos de un amplio espectro de izquierda al interior del órgano. Tuvo 105 votos a favor, 34 votos en contra y 10 abstenciones. Si bien esta votación fue por mayoría absoluta (necesitaba 78), superó también la mayoría de dos tercios (104 votos), que será clave en futuras decisiones fundamentales de la Convención.
Tras un intenso debate en la mañana, finalmente hasta la mesa llegaron dos propuestas, una presentada por el Colectivo Socialista, más los constituyentes del Frente Amplio y el PC, y una segunda emitida por la Vocería de los Pueblos, que agrupaba a la Lista del Pueblo, escaños reservados e independientes. En rigor, ambas solo tenían matices.
Chile Vamos, en tanto, optó por emitir una declaración como grupo y no como propuesta de resolución para ser sometida a votación, donde básicamente insiste en concentrarse en el mandato de redactar una nueva Carta Fundamental y no abordar este tipo de temas.
En relación con lo sucedido el miércoles, donde se registró una serie de controversias con el sistema de votación, esta vez en la Convención hubo claros avances: se optimizó el mecanismo, y se habilitó una plataforma similar a la de la Cámara de Diputadas y Diputados para disponer de la tabla del día y los documentos.
En la primera votación, la declaración 1 (PS-PC-FA) tuvo 52 votos; la declaración 2 (Vocería de los Pueblos) sumó 49; hubo 34 en contra y 16 abstenciones, por lo que se procedió a entrar a una nueva votación.
En esta primera ronda hubo abstenciones de la ex Concertación, como Felipe Harboe (PPD) y Fuad Chahin (DC), al igual que otros como Roberto Celedón (Apruebo Dignidad) o Patricio Fernández (Lista del Apruebo), y el independiente Mauricio Daza. En segunda vuelta, Rodrigo Logan tampoco se inclinó por ninguna de las dos.
Al no alcanzarse la mayoría absoluta de 78 votos, y a riesgo de que la votación terminara en fracaso, en la segunda votación todos los apoyos de la centroizquierda e izquierda confluyeron hacia la propuesta uno, que en las bambalinas de la Convención se había redactado como fórmula de consenso.
La declaración presentada por el Colectivo Socialista, el PC y el FA, se denomina “La Convención Constitucional a los órganos del poder constituido sobre la prisión política en Chile y la militarización del Wallmapu” (REVISE LA DECLARACIÓN ACÁ).
Argumenta la necesidad de abordar el tema, señalando que “la Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”.
En concreto, piden la tramitación con la máxima celeridad del proyecto de Ley de Indulto General que está en la Comisión de Constitución del Senado, y que el Poder Ejecutivo les dé suma urgencia tanto a éste como al proyecto de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos.
Asimismo, exigen el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado, la “inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche”.
“Que el indulto, en el caso de las Regiones del Bío Bío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche”, añaden.
También sobre los presos mapuche, demandan que “el Ministro de Justicia y DDHH concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”.
Finalmente, exigen “la implementación de una política robusta de justicia, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos” y expresan su compromiso a “crear en la Nueva Constitución los mecanismos pertinentes y necesarios para que no se vulneren nuevamente los Derechos Humanos de todas y todos los pueblos y una garantía de no repetición de los hechos”.
En tanto, la declaración de la Vocería de los Pueblos, denominada “La Convención Constitucional a los órganos del poder constituido: sobre la prisión política”, habla del “terrorismo de Estado de hoy” y subraya que “en Chile no estamos todes: faltan las y los presos. Faltan quienes les cuidan desde afuera de los muros de las cárceles, porque la prisión política nunca es una experiencia individual sino que es un castigo a nuestras familias y a nuestras comunidades enteras”.
Los constituyentes de Chile Vamos votaron en contra o se abstuvieron y emitieron una declaración, donde plantean que “reiteramos el llamado a cumplir con el deber de trabajar en lo que nos fue encomendado: redactar una propuesta de nueva Constitución para Chile”, señala parte del texto.
“Cada constituyente puede solicitar, individual o colectivamente, el respeto de un derecho humano como es el justo y debido proceso. Sin embargo, a la Convención Constitucional no le corresponde invadir facultades de otros poderes del Estado ni adjudicarse atribuciones que no le ha entregado la ciudadanía”, añade.
Igualmente, niega la existencia de presos políticos en Chile y cuestiona los argumentos, señalando que “nos parece injusto decir que estamos aquí por ‘la revuelta’. Hacer de la violencia la única verdad o forma de ver la realidad no solo es excluyente, agresivo y sectario; sino además profundamente injusto. Millones de chilenos marcharon pacíficamente con sus hijos y familia sin levantar la mano a nadie. Chile es diverso y es bueno que continúe así. Mucha gente pacífica no grita, pero no por eso deja de ser parte de los cambios sociales”.
Declaración sobre presos del estallido by El Mostrador on Scribd
