Opinión
Estamos frente a la mercantilización de un conflicto que, en los medios y a los ojos de los gobiernos de turno, es simple “terrorismo” y “delincuencia”, pero lo que está realmente en juego es la distribución del poder, el territorio y el derecho a la autonomía y la autodeterminación. Se trata de un conflicto político con demandas concretas, las mismas que organizaciones como la CAM canalizan con sabotajes a la propiedad forestal y maquinarias , y que también hoy los constituyentes indígenas despliegan institucionalmente.
“Me interesa que aseguremos el área, el sitio de los sucesos”, le ordenó el general Carlos González a los carabineros que llegaron a proteger la faena forestal del grupo Matte (Mininco/CMPC) en Carahue, el pasado viernes 9 de julio, mientras eran saboteadas las maquinarias por militantes de la CAM (video).
Conozco la zona y la presencia policial que resguarda las faenas de esta empresa, y me resulta inevitable preguntarme, por un lado, ¿por qué nuestros funcionarios policiales tienen que arriesgar sus vidas e invertir cuantiosos recursos públicos para proteger los intereses de este grupo económico? Y, por otro, ¿es el “sitio de los sucesos”, el predio, la propiedad, el capital, las máquinas, lo que les toca cuidar a Carabineros o más bien deberían salvaguardar a las personas? ¿Será que la orden del general González apuntó a resguardar básicamente “la propiedad”? De cualquier modo, ¿este territorio no siempre fue así de contencioso?
El conflicto es dinámico y, en la zona, ha experimentado una sostenida escalada la violencia y la radicalización de la represión y la protesta. Lo único permanente es la idea de que endureciendo la mano, militarizando, se resuelve el problema. La derecha les aplaude a los gobiernos cada inversión policial y arremetida represiva en el territorio para luego reclamarle que “no hacen nada”, como si no fuera justamente esa majadera fórmula la que hizo transitar en dos décadas la resistencia mapuche de las piedras y boleadoras a las armas de fuego. Revisemos el contexto.
El territorio mapuche, y principalmente el sur de la Provincia de Arauco, es una zona de sacrificio, donde las empresas madereras no son cuestionadas ni identificadas, por los medios de comunicación ni la opinión pública santiaguina, como actores claves del conflicto.
En sucesos dramáticos como los de Carahue la prensa va directamente a entrevistar a familiares del trabajador herido, pero no van a Sanhattan a entrevistar a los empresarios madereros, dueños de la producción –los noticiarios de TV y la clase política suelen estar públicamente financiados por estas empresas–. El gran capital maderero, pero en particular el grupo Matte, arriesga cotidianamente a sus trabajadores, a carabineros, a la comunidad en general y la convivencia social, insistiendo en explotar un territorio que para parte importante de la población es sagrado y donde, principalmente, los más jóvenes son capaces de dar la vida por resguardarlo, incluso con violencia de ser necesario.
El daño medioambiental y la conflictividad social son tan graves que el grupo Angelini (Forestal Arauco) y madereras extranjeras como Volterra, han cortado por lo sano y, mediante diálogos y compromisos establecidos con las comunidades y el Estado, se han trasladado progresivamente a explotar otros territorios sin conflicto histórico, recibiendo jugosas indemnizaciones. Por el contrario, la poderosa “Papelera” del grupo Matte no da su brazo a torcer y no negocia la venta de sus predios en territorio tradicional y sagrado para el Pueblo Mapuche. No obstante, esta empresa no opera sola, sino de la mano de los gobiernos de turno, y los dos últimos han sido claves.
El último Gobierno de Bachelet, de la mano del entonces subsecretario Aleuy, encabezó sin complejos una abierta cruzada por la protección de las faenas forestales, principalmente Mininco/CMPC –las otras empresas ya se retiraban a extraer recursos naturales a otros contextos–. En su más reciente Gobierno, la actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aumentó en 1000% el gasto policial en la provincia de Arauco (donde se concentran las madereras), en relación con el primer Gobierno de Piñera, e instalaron verdaderos cuarteles de Carabineros dentro de los predios de Mininco.
El mantra del combate al “robo de madera” y la práctica de reprimir y disparar “al montón” y sin miramientos a quienes cortasen las rutas principales del negocio forestal, se instaló desde 2014, el primer año del segundo Gobierno de Bachelet. El énfasis represivo en la zona maderera, en un contexto de vulnerabilidad social y exclusión política, no hizo más que endurecer la resistencia mapuche, que desde entonces parecía entender que tenía dos opciones reivindicativas: ejercer la autonomía territorial, recuperando el bosque nativo y la tradición mapuche, apertrechados de armas para resistir la arremetida policial en los predios forestales, o bien, reivindicar ambulatoriamente los recursos del territorio sin asumir los costos de la represión –“robo de madera”, sin recuperación territorial–. Muchos optaron por la segunda alternativa, la menos riesgosa, pero no fueron pocos los que optaron por la primera, comenzando a armarse progresivamente para ejercer la autonomía que el sistema político no les permitía y que la policía reprimía.
En ese contexto ya crítico, llega el Gobierno actual con dos ideas incendiarias: el Comando Jungla y un nuevo “arreglo” (entre ellos, el Plan Araucanía y Encuentros 3xi, encabezados por el exministro de Desarrollo Social y actual titular de la cartera de Obras Públicas, Alfredo Moreno). El Comando Jungla desató protestas desde junio de 2018 y en noviembre tuvo el récord de detonar violentas protestas a los largo del país –incluso en Iquique– por el asesinato de Camilo Catrillanca en Ercilla. Masivas protestas y micros quemadas en las grandes urbes, fueron la sinopsis del estallido social del año siguiente.
Por su parte, las iniciativas de diálogo del ministro Moreno apuntaron a la cooptación y la generación de nuevas redes clientelares en el territorio, ofreciendo recursos a los dirigentes mapuche que colaboraran con la faenas forestales, desatando, a la postre, pugnas y un conflicto inédito entre comunidades mapuche, dada la gravedad de explotar un territorio sagrado: por un lado, las organizaciones autonomistas y decolonizadoras que en las últimas décadas ganaron capacidad disruptiva y experiencia movimentista y, por otro, quienes comenzaban a explotar el territorio financiados por Mininco. El caso del ataque al equipo de TVN parece estar cruzado por este conflicto, además de diversos desenlaces fatales en la zona, principalmente en la Provincia de Arauco.
Un territorio azotado por la violencia estructural, la pobreza y la exclusión es tensionado cuando los recursos ingresan verticalmente, clientelar y paternalistamente, tal como lo hace el narcotráfico en las poblaciones de Santiago y las grandes urbes, sin empoderar a las comunidades.
El dinero externo, que subordina a determinadas dirigencias en un territorio que lucha por la descolonización territorial, cultural y productiva, se convierte en dinamita. Hoy el conflicto se complejiza y diversifica territorialmente cuando: a) en la Provincia de Arauco el capital forestal ingresa directamente a bolsillos de dirigencias para cooptarlas (no como empleo y riqueza para el territorio, sino para dirigentes concretos, y algunas comunidades sumamente apremiadas y vulnerables); b) también mientras en la Provincia de Malleco se reproduce esta lógica colonial y se suma supuestamente la injerencia de dinero externo desde la economía informal ilegal (producción de cannabis); y c) mientras en la Provincia de Cautín (Temuco y sus alrededores), se institucionaliza el flujo de dinero electoral que sostiene el clientelismo histórico entre las organizaciones gremiales y la clase política.
Estamos frente a la mercantilización de un conflicto que, en los medios y a los ojos de los gobiernos de turno, es simple “terrorismo” y “delincuencia”, pero lo que está realmente en juego es la distribución del poder, el territorio y el derecho a la autonomía y la autodeterminación. Se trata de un conflicto político con demandas concretas, las mismas que organizaciones como la CAM canalizan con sabotajes a la propiedad forestal y maquinarias (evitando con relativa efectividad los daños humanos), y que también hoy los constituyentes indígenas despliegan institucionalmente.
La paz en el territorio no se construirá sino desde la justicia y desde la consagración institucional del Pueblo Mapuche como sujeto político con derechos territoriales y colectivos. Pero para eso necesitamos que en el Nuevo Chile se reconozca la deuda histórica y la raíz política del conflicto, que la prensa comience a distinguir entre sabotaje a un camión forestal o grúa y una bomba terrorista en el metro, que las nuevas empresas se abran a relacionarse y a negociar horizontalmente con las comunidades y el Estado en pos del bien común y el cuidado del medioambiente, que la nueva clase política no siga cayendo en la trampa del populismo punitivo, y que las comunidades ya no tengan que recurrir a la violencia, y que reconozcan en una nueva institucionalidad la posibilidad real de ejercer legítimamente su autonomía y sus derechos medioambientales y culturales.
No esperemos que tener representantes en la Convención Constitucional y una presidenta mapuche en el Poder Constituyente apague mecánicamente una hoguera que el Estado, las empresas y las organizaciones insurreccionales han atizado por más de dos décadas.
El protagonismo en la Convención es una gran oportunidad y un éxito indiscutible de los amplios sectores mapuche que creen en la vía institucional. Sin embargo, no bastará con la participación, pues se requiere de una nueva Carta Magna que consagre reconocimiento y poder político indígena, para que se haga justicia y se canalice realmente el conflicto histórico.
El conflicto hoy se mercantiliza y la hoguera se alimenta de los recursos externos que potencian verticalmente relaciones de subordinación colonial y clientelismo, que le resta posibilidades de desarrollo integral al territorio, ya sea con el aumento del presupuesto policial o con los “maletines negros” de las campañas político-electorales, de las empresas madereras y, posiblemente también, del negocio de la cannabis, que podría estar ingresando eventualmente a algunas zonas específicas de Malleco.
En el Nuevo Chile, los recursos que se destinen al territorio y los derechos que se garanticen deberán orientarse a empoderar y no a subordinar a las comunidades, pues solo así la autonomía podrá habilitarse y ejercerse pacíficamente. De lo contrario, seguirá ejerciéndose “de hecho” y con daños humanos y sociales.
