PAÍS
Crédito: ATON
Entrevistado en El Mostrador en La Clave, el abogado querellante sostuvo que “el caso SQM debe ser una de las tramas de corrupción e impunidad más grotescas que hemos observado en la historia judicial chilena”. Por eso, condenó la postulación del exministro de Michelle Bachelet a la Cámara Alta –en cuyo caso y de otras 33 personas la Fiscalía no perseverará por no haber querella del SII- señalando que “es propio de la lógica de la política de los últimos 30 años, de un grupo de personas que piensa que son intocables y que han vivido en un ambiente de impunidad”. Según el convencional, una de las grandes lecciones que deja el caso es que “necesitamos cambios estructurales, como que el SII sea autónomo (…) lo que será uno de los temas que vamos a impulsar en el contexto de la Convención Constitucional”. También reprochó el actuar del Ministerio Público, que ha deslindado responsabilidad en el SII. A su juicio, la investigación “se debió haber centrado en delitos de soborno o cohecho y para eso no era necesaria la querella del SII”, como argumenta la Fiscalía.
La decisión de la Fiscalía de no perseverar en la indagatoria contra 34 acusados en el marco del caso SQM, incluido Rodrigo Peñailillo, por no haber querella del Servicio de Impuestos Internos despejó en los hechos el camino del exministro del Interior de Michelle Bachelet para una carrera senatorial, lo que abrió una honda polémica.
En el PPD varios han salido a defender su derecho a postular, amparados en el argumento de que no ha sido condenado por ningún delito, pero para otros, como el abogado querellante en los casos SQM, Corpesca y Penta, Mauricio Daza, lo de Peñailillo es simplemente un «descaro».
“El tema de Rodrigo Peñailillo, su candidatura al Senado, es simplemente un descaro, propio de la lógica de la política de los últimos 30 años, un grupo de personas que piensa que son intocables, un grupo de personas que han vivido en un ambiente de impunidad”, dijo el convencional constituyente por Magallanes en El Mostrador en La Clave.
Según Daza, “cuesta creer que Rodrigo Peñailillo llegue de la nada, después de todas estas imputaciones, a decir que quiere ser ni más ni menos que el senador por la región del Biobío y que haya un partido político como el PPD de que esté dispuesto a apoyarlo. El PPD apareció también en la imputación como una entidad que habría sido financiada regularmente para pagar su gasto corriente de luz, agua, etc, por parte de SQM. Se llegó a tal descaro, que estamos frente a un hecho tragicómico, porque el PDD por error mandó la nómina de militantes al Servel donde incluía la empresa SQM, y después lo tuvieron que corregir. Entonces estamos hablando de una desconexión absoluta con lo que es la realidad política de nuestro país el día de hoy, que se basa en una cultura de impunidad que se ha establecido en forma institucional en nuestro país respecto de los delitos graves de corrupción cometidos por grandes empresarios y altas autoridades”.
Los dardos de Daza apuntan al PPD, partido que ha impulsado una campaña de “ficha limpia”, que considera excluir a candidatos que hayan sido condenados por algún delito, o tengan denuncias por violencia intrafamiliar o pensiones alimenticias impagas. Como Peñailillo no recibió condena en este caso de financiamiento ilegal de la política, tiene el terreno libre para poder competir.
Así lo evidenciaron las declaraciones de importantes personeros del partido, como el senador Guido Girardi (PPD), quien dijo que no ve «incompatibilidad legal» respecto a la eventual candidatura senatorial de Peñailillo. «No fue formalizado y menos tuvo una condena, pero es la mesa la que deberá evaluar, como a cualquier otra candidatura, de acuerdos a ciertos criterios políticos», sostuvo el parlamentario PPD. La misma argumentación entrego el vicepresidente PPD y exministro Francisco Vidal: “Lo apoyo, porque de acuerdo al criterio de mi partido, y además personal, la regla es la siguiente; militante formalizado, suspende su militancia; militante condenado, se le expulsa del partido. Rodrigo Peñailillo no ha sido ni formalizado, ni condenado”, dijo ayer en CNN Chile.
La nueva presidenta Natalia Piergentili ha ratificado el criterio de la “ficha limpia” del PPD, aunque señaló que a título personal está por “elevar el estándar”. Pero hoy elevó el tono ante la polémica y señaló que “no tendremos candidatos que estén involucrados en delitos de financiamiento ilegal de la política ni con ningún tipo de conflicto ético”. Y añadió “estos casos particulares los iremos conversando”, aludiendo a Peñailillo.
Con todo, según Daza, esto es preocupante porque “el caso SQM debe ser una de las tramas de corrupción e impunidad más grotescas que hemos observado en la historia judicial chilena”, dado el financiamiento transversal de la política por parte de la empresa del exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
En el caso de Rodrigo Peñailillo, el abogado señala que hay elementos graves más allá de entregar informes falsos a Asesorías y Negocios, cobrar a SQM y derivar las platas a la precampaña de Michelle Bachelet.
“Además hay algo más grave, acá Michel Jorrat y además Cristian Vargas (ex director y subdirector jurídico del SII respectivamente), sostuvieron una denuncia pública y reiterada. Acá se dijo de que Rodrigo Peñailillo los habría citado a una reunión con un representante del ex ministro en las dependencias del Ministerio de Hacienda y cuando ellos llegaron a este lugar se encontraron que con el representante que habría sido Samuel Donoso, quien es el abogado del ex gerente general de SQM, imputado en esta causa Patricio Contesse, y que en esa reunión este representante de Peñailillo, le habría dicho que realizarán determinadas gestiones para entorpecer la investigación del Ministerio Público. Acá no se investigó a fondo, un eventual delito de tráfico de influencias, por ejemplo, simplemente se dejó aparte. Entonces no hay un ánimo de esclarecer toda la verdad de lo sucedido, y simplemente se echan la culpa recíprocas estos dos órganos (la Fiscalía y el SII). Pero lo importante para la ciudadanía es que finalmente el Estado no ha querido investigar estos hechos”.
Según el abogado, una de las grandes lecciones que deja el caso es que “necesitamos cambios estructurales, ya podemos observar primero un Servicio de Impuestos Internos que es instrumentalizado por el poder político de turno en su favor”, como ocurrió bajo la gestión de Fernando Barraza, “y esto es peligroso, porque puede ser instrumentalizado en esa dirección y puede ser utilizado como un arma de persecución política”.
“Acá lo que necesitamos es un Servicio de Impuestos Internos que sea autónomo. Yo creo que esa es una de las cosas que vamos a impulsar en el contexto de la Convención Constitucional”, dijo el constituyente por la Lista de Regionalismo ciudadano independiente.
Pero el querellante en este caso también apunta al Ministerio Público, que apeló a la versión de la falta de querella del SII para cerrar el caso para los 34 acusados. “Acá la Fiscalía le echa la culpa al Servicio de Impuestos Internos, pero también hay una responsabilidad de la Fiscalía porque acá no estamos simplemente frente a delitos tributarios. Sostener esto sería llegar al absurdo de afirmar que un día mágicamente, un conjunto de personas vinculadas a dirigentes políticos se les ocurrió empezar a emitir boletas y facturas falsas a SQM para que esa empresa descontara impuestos. Pero, la verdad es que todos sabemos que no es así, esas platas fueron para el financiamiento ilegal de dirigentes políticos”, indicó.
“La investigación debió haber ido a determinar si es que se pretendió o se obtuvo algo a cambio de financiamiento. Ahí entonces la investigación se debió haber centrado en delitos de soborno o cohecho, respecto de los cuales, no se requiere de denuncia o querella del SII para avanzar”, sostuvo.
