PAÍS
De lo más transversal es la trenza de actores e intereses en torno a un contrato que supera los US$200 millones. Desde la alerta repentina del diputado PS Jaime Naranjo por la posible adjudicación de la empresa china Aisino Corporation que corre como la mejor aspectada, hasta el trabajo de hormiga al interior del servicio que realizan personas de vínculos históricos con Sonda como el exdiputado Joaquín Godoy y Juan Bennett, pasando por la ofensiva legal de Idemia para, primero, anular la licitación y, ahora, sacar del camino a los asiáticos, representada por Jorge Burgos. Dentro de los lobbistas del gigante tecnológico asiático figuran varios ex Concertación, como Eugenio Ravinet y Freddy Ponce –gerentes de la agencia de lobby KOM–, quienes se hacen acompañar reiteradamente por Bernardo Caro, un operador político que hizo noticia, en el marco de la discusión de la Ley Longueira, por recibir más de $270 millones de parte de la pesquera Lota Protein –de capitales daneses y noruegos–, en uno de los tantos episodios teñidos de platas políticas. En el Congreso se le describe como una especie de «Juan Díaz», en alusión al exoperador político de la UDI que resultó condenado por soborno reiterado y delitos tributarios en el marco del caso Caval. (*VER AL FINAL NOTA DEL EDITOR)
“Pareciera ser que todas estas modificaciones y cambios están como teledirigidos para que la empresa Aisino Corporation sea la que se adjudique la licitación”, dijo el lunes 9 de agosto, en la Comisión de Economía de la Cámara, el diputado Jaime Naranjo (PS), en medio de la sesión que él mismo había convocado para pedir explicaciones al director del Servicio de Registro Civil e Identificación por la millonaria licitación en curso al interior del organismo.
En la cita, el director del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, se mostró inseguro, titubeante. Frente a las preguntas sobre por qué se modificaron las bases de la licitación para excluir a los oferentes de presentar documentos físicos, que pudiesen ser revisados para comprobar su calidad, el director se excusó señalando que fue por motivos de pandemia, provocando incertidumbre entre los miembros de la comisión, ya que la emergencia sanitaria no paralizó el envío de documentos y, también, porque ese requisito fue reemplazado por el de la experiencia previa. Algo que Naranjo calificó como sospechoso.
Situación similar se observó al ser consultado Mierzejewski respecto a las razones, particularmente en esta licitación, por las que el precio era más importante que la calidad, asignando un 65% a la evaluación económica y solo un 30% a la evaluación técnica, en circunstancias que lo que se busca son documentos de un alto estándar de seguridad. La respuesta del director fue que se ponderó así porque «la calidad ya estaba asegurada».
Tras dos horas de una incómoda sesión, el diputado Naranjo logró que se aprobara oficiar a la Contraloría para que estudie “con carácter de urgente” las bases de la licitación, al concordar que las respuestas del director del Registro Civil no fueron satisfactorias.
Dicha sesión no hizo más que aumentar las dudas sobre un proceso en el que el gigante tecnológico chino Aisino se ha ido llenando de sombras, varias de las cuales han buscado disiparse tras las gestiones oficiosas de lobbistas y gestores de interés que, desde el 2019, han mantenido reuniones con autoridades chilenas a nombre de la empresa china, y no solo referidas al Registro Civil. Sus intereses están también en los temas de seguridad, de aduanas, de agricultura y asuntos penitenciarios, entre otros.
La presentación del gigante tecnológico en Chile se produjo días después del estallido social de octubre de 2019, cuando Ma Zhenzhou, vicepresidente de Aisino Corporation, comenzó a ser presentado ante autoridades chilenas por la agencia de lobby KOM, Soluciones estratégicas, encabezada por Eugenio Ravinet –exsecretario ejecutivo del comité político de la campaña presidencial de Ricardo Lagos– y Freddy Ponce –exadministrador electoral del otrora senador Fulvio Rossi, durante la campaña de 2009–.
En un rango de 6 meses, el alto ejecutivo chino registró 17 reuniones, que quedaron registradas en el portal de Info Lobby. Algunas de estas fueron con el entonces ministro de Agricultura, José Antonio Walker; con el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal; con el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza; y el subdirector de Informática de Aduanas, Jorge Mellado.
Pero incluso antes de estas reuniones con Ma Zhenzhou, la agencia de Ravinet ya venía acompañando a delegaciones chinas para reunirse con autoridades chilenas. Entre estas estuvo un recorrido que hizo con Xin Jao, representante General para Latinoamérica del Instituto de Investigación de Seguridad Pública (IPSR) de la Universidad de Tsinghua. El propósito político era avanzar en el establecimiento de un Convenio de Cooperación con la Onemi, sobre una Plataforma Integrada de Alerta Temprana y Gestión de Emergencia.
Junto a las delegaciones chinas y a los socios de KOM, estos gestores de intereses se hicieron acompañar en la mayoría de estas reuniones por un personaje ajeno a los negocios de la informática y el mundo digital. Se trata de Bernardo Caro Muñoz, un técnico pesquero que, durante varios años, fue asesor de la empresa Lota Protein, para «acarrear» pescadores artesanales al Congreso cuando la empresa de capitales noruegos estaba en pugna con la pesca industrial chilena, en el marco de la discusión de la Ley Longueira.
A Caro se le describe como una especie de «Juan Díaz», el exoperador político de la UDI que resultó condenado por soborno reiterado y delitos tributarios en el marco del caso Caval.
De personalidad entradora y sociable, Caro amplió sus relaciones desde los sindicatos de pescadores al Congreso, donde posteriormente se vio envuelto en un episodio con claros tintes de platas políticas.
En el contexto de los pagos, a través de facturas y boletas ideológicamente falsas, que hicieron algunas empresas pesqueras a políticos, una de las polémicas más ruidosas fue la que afectó a Caro. Entre julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, Bernardo Caro Muñoz, asesor «ad honorem» del entonces senador Antonio Horvath, recibió un total de $274 millones, que luego la empresa justificó como «asesorías» efectivamente realizadas.
Por entonces ganaba de $6.000.000 mensuales y, a la luz de una investigación de Ciper, se pudo constatar que “operaba dentro del mismo Congreso, tenía una oficina de ‘Asuntos Corporativos’ dentro del mismo Congreso de Chile, atendida por Bernardo Caro. Su misión, facilitar el trabajo de organizaciones de fachada ‘artesanales’”.
Hoy, cambió la pesca por la tecnología, y a los noruegos, por los chinos.
Aisino, además, es objeto de las demandas presentadas el 4 de agosto contra el Registro Civil ante el Tribunal de Contratación Pública.
Una de ellas es la presentada en representación de Idemia, el consorcio francés que hoy administra el contrato y quiere volver a adjudicárselo. La acción legal, en pocas palabras, impugna la admisibilidad de la oferta de Aisino. Según el escrito, la firma china no cumpliría satisfactoriamente con los requerimientos de las tecnologías biométricas exigidas en las bases.
Una situación que, a nivel internacional, tenía precedentes cuando, en julio de 2020, la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) emitió un alerta de ciberseguridad, indicando que el software para pago de impuestos que el gobierno del gigante asiático obliga a usar a las empresas extranjeras en China, tenía un malware (software malicioso) que volvía vulnerable la obtención de información privada o reservada.
La demanda fue presentada por el abogado Jorge Burgos Varela, exministro del Interior de Bachelet 2 en la época del “realismo sin renuncia” y uno de los DC identificado con la corriente más concertacionista de ese partido, conocida como “los príncipes”. En abril, Burgos acompañó la presentación de una demanda para impugnar la licitación, basándose en que las bases fueron modificadas de tal forma, que no es obligación presentar muestras de las cédulas o de los pasaportes por parte de las firmas oferentes.
La acción legal fue rechazada. El tribunal acogió los argumentos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para mantener la licitación.
En este capítulo de la estrategia legal, Burgos –en representación de Idemia– estuvo acompañado del abogado Francisco Zúñiga, experto en derecho administrativo, cercano al Partido Socialista y jefe del equipo de constitucionalistas que colaboró en el programa para el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, desde donde salieron los naufragados cabildos ciudadanos.
La dupla se repite en esta ocasión, donde los argumentos se centran en la inadmisibilidad técnica de Aisino. La demanda recoge un argumento que también fue mencionado por el diputado Giorgio Jackson. El parlamentario RD afirma que, en cuanto a las “pruebas de algoritmo biométrico”, exigen un cumplimiento de 99,5% y Aisino –según Jackson– solo cumpliría con un 94%.
La DC no es ajena al Registro Civil. Varios militantes cercanos al “alvearismo” –por Soledad Alvear, quien dejó el partido– ocuparon puestos en la repartición y algunos de ellos, como el exvicepresidente de la DC Enzo Pistacchio, fallecido el año pasado, estuvieron *involucrados en las investigaciones por irregularidades en la licitación similar a la actual, durante el primer Gobierno de Bachelet, y que terminó con la salida del entonces director del Registro Civil, Guillermo Arenas, militante PPD.
En agosto de 2015, cuando el costo del pasaporte subió de $48 mil a $89 mil, la ministra de Justicia, de quien depende el servicio, era Javiera Blanco, militante DC y excabeza de la Fundación Paz Ciudadana cuando esta era el brazo punitivo de El Mercurio. Ese año ya estaba Idemia a cargo del contrato, por eso, al interior de la repartición, a primera vista resultaba inexplicable cómo esta empresa, que mantiene la tarifa actual en $89.660 para el documento de viaje, puede ofrecer el pasaporte a $19.527 para la licitación en curso. Incluso a un costo más barato que el de Aisino, los que lo ofertan a $27.740.
Sonda, que presentó la tercera mejor oferta, por un total de US$261 millones –detrás de Idemia, con US$254 millones, y Aisino, por US$222 millones–, también cuenta con un “brazo político”. Juan Bennett fue socio de Sonda, exdirector del Sence en el Gobierno de Piñera 1 y, durante los últimos meses, visita frecuente en la oficina del director Sergio Mierzejewski. Al interior de la institución lo identifican como quien, a fines del año pasado, recomendó la contratación de la consultora IT-Trebol, que hizo una auditoría a Idemia. La indagatoria terminó con una multa de $164 millones para la firma francesa, que tiene actualmente el contrato y que está llevando adelante recursos legales para evitar pagar la sanción, la que consideran injusta, por un supuesto incumplimiento de contrato.
Otro de los gestores de interés que ha hecho gestiones en favor de Sonda –según quienes conocen el proceso–, es el exdiputado Joaquín Godoy, piñerista históricamente ligado a RN.
Desde el Registro Civil aseguran que “las piezas se acomodaron para enfrentar la licitación, el director que era subrogante, fue elegido por Alta Dirección Pública, pero ya tenía claro que iba a ganar”, dice un funcionario al interior de la institución.
Dentro de estos ajustes está la presencia de Gonzalo Torres Ferrari, jefe de gabinete del director del servicio, quien ha sido el verdadero pirquinero para recoger las inquietudes de las empresas y sacar adelante la compleja licitación. Torres, que está contratado a honorarios por $5.029.000 mensuales brutos, es un militante RN cercano a Mario Desbordes. Torres es hermano de Marcelo Torres Ferrari, exconcejal de Maipú, vinculado al caso Basura, como funcionario de la Municipalidad de Cerro Navia.
“La pelea estaba muy circunscrita a Idemia y Sonda hasta que, sorpresivamente, irrumpieron los chinos y, dada la relación comercial con China, al Gobierno no le molesta que ganen”, afirma una versión de un cercano a la dirección general del Registro Civil, aunque otra versión recuerda los vínculos de Andrés Navarro –controlador de Sonda– con el Presidente Piñera, así como la presencia estratégica de Juan Bennett, exsocio de la misma empresa, entre quienes siguen de cerca el proceso de licitación.
*Nota del Editor: El Mostrador aclara que la mención del exvicepresidente de la DC, Enzo Pistacchio, como «involucrado» en las investigaciones por irregularidades en el Registro Civil que terminó con la salida del exdirector del Registro Civil, Guillermo Arenas, no implica de modo alguno una imputación de culpabilidad, sino la simple constatación de que fue investigado en dicha causa. Para mayor claridad, este medio precisa que tras su formalización en el proceso, la Corte Suprema absolvió a Enzo Pistacchio, en la causa RIT 0-4223-2008 del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
