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Senadores, científicos, académicos, medioambientalistas y dirigentes locales presentarán un recurso de protección. Asimismo, piden declarar la zona como Área Marina Protegida y convocan a la ciudadanía a estar atenta a apoyar las acciones necesarias para impedir el proyecto portuario, «en uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad del planeta», dijo el senador Girardi.
Los senadores Guido Girardi, Ximena Órdenes y Rabindranath Quinteros, presidentes de las comisiones de Salud, Medio Ambiente y de Pesca del Senado, junto a Adriana Muñoz, senadora de la Región de Coquimbo; Rubén Araya científico y decano de la U. de Antofagasta; Liesbeth van der Meer, presidenta de Oceana Chile; Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable; Nancy Duman y Óscar Avilez, representante de la Alianza de Humboldt, anunciaron –este sábado– que presentarán un recurso de protección contra el proyecto portuario de Dominga; pedirán que se declare esa zona como Área Marina Protegida; y llaman a la comunidad a estar atenta para impedir que se produzca este ecocidio.
El senador Girardi afirmó que «se está aprobando solo por amiguismo y en ninguna parte del mundo se permitiría que avanzara. Menos en el contexto que vive la humanidad hoy (IPCC-2021). Personalmente no cuestiono el proyecto minero, pero teniendo alternativas de usar puertos que existen (Huasco y Coquimbo), quieren construir otro junto a la Reserva de Pingüinos de Humboldt, solo para maximizar las ganancias del grupo Penta (principal accionista de la empresa), de la familia Délano, con del corredor bioceánico con Argentina a través del túnel Aguas Negras».
El parlamentario del PPD agregó que «el proyecto es ilegal porque nunca hicieron el Estudio de Impacto Ambiental sobre el ecosistema marino y se aprobó de manera fraudulenta, a pesar de la oposición de Conaf, cuyos argumentos no fueron considerados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que son los mismos por los que fue rechazado en 2017».
Y dijo que «la lamentable decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta –revivir el proyecto– pone en tela de juicio el rol que va a tener esa institución en el país. Pero mucho más grave es el tongo cometido por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo, donde hasta el seremi de Agricultura vota a favor, pese a que el informe de su ente técnico (Conaf) es contrario al proyecto, lo que da cuenta del lobby del Gobierno».
Girardi agregó que «entender la situación dramática de la comuna de La Higuera donde la empresa, aprovechando la cesantía existente, ofrece prebendas para ganar el apoyo de la comunidad».
Añadió que como senadores «nos vamos a aliar con las organizaciones ecologistas, sociales, de pescadores y la comunidad para impedir en forma conjunta este desastre ecológico. La próxima semana presentaremos un Recurso de Protección en Coquimbo y esperamos que la Corte Suprema restablezca el derecho a la justicia ambiental en este país».
Y concluyó apuntando a que «también vamos a solicitar que se establezca un Área Marina Protegida en toda la zona, donde hay dos de las reservas naturales más importantes del mundo».
Por su parte, la senadora por la Región de Coquimbo, Adriana Muñoz, valoró «el respaldo a la lucha que estamos dando hace mucho tiempo en la región. Yo me opongo a la instalación de una minera de esta envergadura en la región y el tema de los puertos es un debate aparte. No puede haber cuatro puertos en un sector tan pequeño de territorio».
«Ya hay un puerto concesionado (Coquimbo) que puede transformarse en el puerto central de la zona y no proliferar con proyectos para determinados intereses económicos. Hay que proteger esta zona maravillosa, la pesca artesanal y crear un área Marina Protegida –que ha sido planteado, pero no ha prosperado– debe ser asumido como prioridad por el nuevo gobierno», comentó.
Para la senadora Ximena Órdenes, «la resolución del COEVA de Coquimbo es una decisión arbitraria, tras una acción forzada para coordinar a las autoridades de esa institucionalidad y respaldar un proyecto que todas las evidencias científicas y técnicas dicen que no se puede aprobar».
En tanto, el senador Rabindranath Quinteros sostuvo que «es impresentable que quienes más ganancias obtienen sean los que menos importancia le dan al medioambiente. Como legisladores tenemos que utilizar nuestras atribuciones para evitar este abuso de un Presidente que vela por los intereses de sus amigos».
El decano de la Facultad de Ciencias del Mar de la U. de Antofagasta, Rubén Araya, llamó a asumir los argumentos técnicos, la evidencia científica y proteger la biodiversidad. «El emplazamiento de este proyecto generará impactos negativos. Esperamos que esta decisión se pueda revertir».
Liesbeth van der Meer, presidenta de Oceana Chile, en esa misma línea recordó que «este proyecto tuvo cinco oportunidades durante la evaluación ambiental para mejorarlo y ahora se le vuelve a dar más chances. Estamos hablando de un lugar que es un hotspot de biodiversidad reconocido por la ciencia y que, como tal, es incompatible con actividades de alto impacto, como son las dos minas a rajo abierto y el megapuerto. No se entiende que, tras más de ocho años desde que se inició la tramitación de este proyecto, aún se evalúe destruir el Archipiélago de Humboldt en vez de protegerlo».
Mientras que para Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, «estamos ante una insistencia –sin ningún cambio sustancial del proyecto– de parte de un grupo económico que encabeza (Carlos Alberto) Délano, cercano al Presidente, y que está acusado de presionar e influir en la política por medio de financiamiento ilegal. La empresa ha intervenido el territorio mediante prebendas, cooptando y manipulando la institucionalidad ambiental».
La titular de Chile Sustentable agregó que la prisa se debería «a que estamos al término de este Gobierno donde Délano tiene incidencia (…) y porque está pronta la aprobación de la Ley de Bases de Servicio de Evaluación Ambiental y Áreas Protegidas, donde este tipo de proyectos estarán absolutamente prohibidos en ese tipo de sectores».
Óscar Avilez, presidente de la Asociación Gremial de los Pescadores de Caleta de Punta Choros, se refirió a las históricas amenazas que han recaído sobre la zona, desde la instalación de centrales termoeléctricas en 2010 hasta la minera Dominga. «Desde entonces hemos luchado de manera incansable para proteger nuestro territorio, y nuestras áreas de manejo de recursos bentónicos son las más productivas del norte de Chile. Nosotros nos vamos a oponer hasta las últimas consecuencias», sentenció
Para Nancy Duman, representante de la Alianza Humboldt, «los impactos del proyecto serán irreversibles en la bahía y en el acuífero milenario de la Quebrada de los Choros, sobre el sería construido uno de los rajos de la mina, afectando el abastecimiento de agua para los pueblos de Los Choros y Punta de Choros».
Agregó que también afectaría la economía local que ha logrado ser sustentable, reemplazando unos dos mil puestos de trabajo de las áreas de manejo, a los operadores turísticos y los pequeños productores de aceitunas.
La dirigenta social finalmente afirmó que «hay que hacer todo lo posible para impedir su instalación, valoro reimpulsar el Área Marina Protegida de múltiples usos, aunque debe considerar toda la extensión de la propuesta original, pero llamo a evaluar otras acciones a realizar para detener estas fuerzas que están por aprobar el proyecto».
