Opinión
El aumento del uso de la capacidad productiva instalada y de la producción en el corto plazo va a inducir a los empresarios a aumentar la inversión, lo que a su vez expande la capacidad instalada, la producción y el empleo y, consecuentemente, de nuevo la demanda. Así se inicia un nuevo ciclo de crecimiento, es decir, se genera un círculo virtuoso de aumentos de demanda seguido de aumentos de producción e inversión y crecimiento económico. Es importante señalar que los efectos de mediano plazo continúan ocurriendo sin que se necesiten nuevos estímulos de demanda impuestos por el Estado. Vale decir, se trata de cambios autónomos inducidos por el estímulo inicial de demanda.
Por primera vez en la historia moderna de Chile se ha implementado una política auténticamente de demanda, que contrasta con las políticas de oferta (orientadas a apoyar fundamentalmente al capital) y que han dominado el panorama de políticas públicas en Chile. En un contexto en el cual ha existido un déficit de demanda crónico a causa de la extraordinaria concentración del ingreso, altos niveles de endeudamiento de las familias y salarios muy reducidos, los gobiernos han insistido en ignorar la demanda como un factor limitante a la inversión y crecimiento económico. En lugar de eso, han insistido en apoyar las utilidades del capital, a pesar de que la alta rentabilidad del capital sugiere que esta no es una limitante fundamental a la inversión y crecimiento económico. Sin duda, este énfasis en apoyar la demanda ha sido meramente forzado por la pandemia, no un proceso deliberado.
La pandemia ha traído enormes consecuencias, no solo por las trágicas secuelas para la salud, sino también por los serios efectos económicos asociados con desempleo, pérdidas de ingreso de los sectores medios y bajos, principalmente afectando a los trabajadores informales. Tardíamente, el Gobierno ha desarrollado vastos programas de apoyo a una parte significativa de la población afectada, y a eso se ha unido el retiro de los fondos de jubilación y de seguro de desempleo. Todo esto se ha transformado en un estímulo de demanda sin precedentes en la historia de Chile. En esta nota discutimos las posibles consecuencias de este extraordinario fenómeno.
Es necesario, primero, entender el contexto en el cual estos estímulos de demanda tuvieron lugar. Se trataba de un periodo de crisis, que causó una caída significativa de la producción, afectando particularmente al sector servicios, que cubre el 70% del PIB, de manera dramática (Comisión Nacional de Productividad, 2020).
A partir de la sustancial caída de las ventas, es esperable que esto haya causado una importante reducción del nivel de uso de la capacidad de producción instalada, es decir, se generó un alto grado de capacidad de producción instalada no utilizada. Además, la tasa de desempleo de la fuerza de trabajo subió, inicialmente, a niveles no vistos por varias décadas. Capacidad productiva no utilizada y alto desempleo de la fuerza de trabajo son las condiciones ideales para que una política de estímulo a la demanda sea eficaz no solo en promover el crecimiento, la inversión y el empleo en el corto plazo, sino también en el mediano plazo.
Por otra parte, las políticas públicas hasta ahora, en su afán de promover el crecimiento económico, se habían focalizado en aumentar las utilidades del capital, con el aparente propósito de promover la inversión y el crecimiento. Los hacedores de políticas han considerado que la única manera de promover la inversión es asegurar crecientes tasas de ganancias, a través de una enorme gama de beneficios tributarios, especialmente dirigidos a sectores empresariales, los cuales han demandado gastos tributarios alcanzando a US$8.000 millones anuales (3% del PIB). Además, tal vez con el objeto de no espantar a inversionistas, han adoptado una actitud pasiva hacia el control de la evasión tributaria de los sectores empresariales, que se estima ha causado una evasión de más de US$13.000 millones o 4,5% del PIB (Jorrat, 2020).
Por otra parte, el volumen de rentas económicas asociadas a la explotación de recursos naturales y a oligopolios es muy alto, rentas que van a engrosar las utilidades del capital, especialmente de las grandes empresas. Todo esto ha redundado en altísimas tasas de retorno al capital, en promedio en los últimos años estimada en casi 22% (Titelman, 2018). Como consecuencia de la elusión y la evasión tributarias, así como de una política de bajas tasas de tributación, la recaudación tributaria en Chile ha sido una de las más bajas entre los países OCDE, llegando a menos del 21% del PIB.
Al mismo tiempo, las políticas de demanda hasta el año pasado habían sido mucho más débiles, incluyendo la provisión pública de servicios sociales, notablemente reducida por la incapacidad del Estado de lograr mayores recursos tributarios, en parte debido a la debilidad del sistema tributario diseñado para favorecer a los grupos empresariales, tales como las descritas en el párrafo anterior. Una recaudación tributaria de 21% del PIB, difícilmente alcanza para generar una provisión de bienes públicos y bienes sociales adecuada a las grandes necesidades de la población.
He aquí el error fundamental de las políticas del pasado: en lugar de atacar las mayores debilidades del sistema para promover el desarrollo económico, reduciendo el déficit crónico de demanda, se han dirigido insistentemente a aumentar aún más las ya enormes tasas de retorno al capital de las grandes empresas. El efecto de esto es una inefectividad de las políticas públicas en generar más inversión y más crecimiento, porque la limitante a la inversión, por lo menos en los sectores no transables (70% del PIB), estaba dada por la insuficiencia de demanda y no por una baja tasa de ganancia.
Bajo estas condiciones, se espera que los estímulos de demanda que el Gobierno se ha visto recientemente forzado a implementar permitan un aumento del uso de la capacidad instalada y una disminución del desempleo, con el consiguiente aumento de la producción, hechos que, de acuerdo con las estadísticas disponibles, ya han empezado a ocurrir, mostrando una tremenda recuperación de la economía. Es decir, el primer round del efecto de la política de demanda ya está ocurriendo y, con excepción del mes de julio, la inflación se ha mantenido bajo control.
El segundo round de los efectos de la expansión de demanda se espera ocurra en los años siguientes de esta manera: el aumento del uso de la capacidad productiva instalada y de la producción en el corto plazo va a inducir a los empresarios a aumentar la inversión, lo que a su vez expande la capacidad instalada, la producción y el empleo, y, consecuentemente, de nuevo la demanda. Así se inicia un nuevo ciclo de crecimiento, es decir, se genera un círculo virtuoso de aumentos de demanda, seguido de aumentos de producción e inversión y crecimiento económico. Es importante señalar que los efectos de mediano plazo continúan ocurriendo sin que se necesiten nuevos estímulos de demanda impuestos por el Estado. Vale decir, se trata de cambios autónomos inducidos por el estímulo inicial de demanda.
Lo que estamos planteando es que, si se dan las condiciones históricas iniciales como las que Chile ha tenido, una ley de Say invertida tiene lugar: la demanda crea su propia oferta.
Esto puede parecer un cuento de hadas, pero para consolidar este círculo virtuoso se va a necesitar de un futuro Gobierno que no insista en políticas nefastas de excesiva protección al capital, que se atreva a reducir la ineficiencia del sector público, que se preocupe de llevar la recaudación a niveles consistentes con los que tienen los países de la OCDE y que invierta mucho más en bienes públicos, sociales e investigación y desarrollo.
Referencias:
Jorratt, M. (2020). Aproximaciones al monto de evasión (y elusión) en IVA y Renta. Estudio en proceso.
Titelman, D. 2018: https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/view/3640/26002988
