Opinión
Crédito: Aton
El Ministerio del Medio Ambiente ha triunfado en el concurso de mentiras y ha jugado un rol decisivo en favorecer la creciente inhabitabilidad por ruidos de amplias áreas urbanas de Chile. Su actitud permanente es no fiscalizar lo que la ley le obliga. El lenguaje popular llama a eso vender jurel por salmón. Otros, prefieren llamarle fraude.
El Ministerio del Medio Ambiente y sus unidades subordinadas: la Subsecretaría, la Superintendencia del Medio Ambiente, la División de Fiscalización y el Departamento de Ruidos, Lumínica y Olores, son las unidades estatales que más obstruyen el cumplimiento de sus funciones. Eso se hizo público cuando se negó a fiscalizar el Terminal Marítimo de Enap, en Quintero, por el derrame de petróleo en septiembre de 2014, lo que solo fue revertido por un fallo de la Corte Suprema. Es una actitud permanente: no fiscalizar lo que la ley le obliga.
Centrémonos en un caso urbano: los ruidos. El ministerio ha jugado un rol decisivo en favorecer la creciente inhabitabilidad por ruidos de amplias áreas urbanas de Chile. El tema está regulado por el Decreto 38/2011. Ese texto legal excluye de la fiscalización, entre otros, “el tránsito aéreo”, “la actividad propia del uso de viviendas y edificaciones habitacionales” y “el uso del espacio público, como (…) eventos”. Muy deficitario, el decreto, pero protege mínimamente contra ruidos de empresas cons(des)tructoras, ventiladores y otras máquinas. Ese mínimo, sin embargo, es demasiada protección para el ministerio.
Para no cumplir sus funciones, inventó que en el decreto se podía cambiar una palabra por otra. Con beneplácito de sucesivos ministros y colaboración técnica de la Dirección Jurídica, instruyó a sus jefes de área para destruir incluso esa mínima protección ambiental otorgada por el Decreto 38 de 2011. Así, anuló la esencia de la norma.
Un ejemplo: en septiembre de 2019, una avioneta voló, durante días, a menos de 300 metros de altura por Estación Central (150 mil habitantes), sobre Santiago (220 mil habitantes) y sobre Pedro Aguirre Cerda (120 mil habitantes). Medio millón de habitantes tuvieron que sufrir la propaganda sonora de un circo, desde el cielo, con volumen suficientemente alto para que se escuchara sobre el ruido de los bocinazos, micros y talleres locales. O sea: los establecimientos educaciones de enseñanza básica, media y universitaria, tuvieron que parar las clases en numerosas oportunidades. Recibida la denuncia, el ministerio se declaró incompetente, pues asimiló el parlante con el “tránsito aéreo”, que sí está excluido por el Decreto 38. ¿Qué tiene que ver un parlante que, desde el cielo, arroja basura sonora a medio millón de habitantes con lo específico del “tránsito aéreo”? Nada. Nunca un parlante ha sido propio del tránsito aéreo. Mentira, arbitrariedad e ilegalidad completa de la División de Fiscalización del Ministerio.
[cita tipo=»destaque»]¡Cambiar en el decreto música por ruido y ser envenenado por polvo y gases a la cara! Un ilusionista, sentado en la butaca de la ministra, no lograría tales abracadabras.[/cita]
Segundo ejemplo: consultado por un funcionario del área ambiental de un municipio sobre otros ruidos urbanos, el ministerio, a través de un jefe del Departamento de Ruidos, Lumínica y Olores, para obstaculizar la fiscalización de ese municipio, informó que se podían cambiar las palabras en el decreto. Para ello envió un correo diciendo que “propio de una vivienda” era lo mismo que “para el jardín”. La subsecretaria subrogante lo secundó. Segunda mentira: el decreto permite los ruidos propios de una vivienda (juguera, etc.), pero no máquinas estruendosas para mantención industrial de un jardín.
Tercer ejemplo: el municipio de Providencia contrató una empresa de limpieza urbana con máquinas sopladoras de hojas que emiten ruidos sobre 100 dB (nivel peligroso, para el mismo ministerio). Esas máquinas, portátiles, empujan el aire a doscientos kilómetros por hora para desplazar las hojas, levantando, junto con ellas, un polvo que vuelve al aire irrespirable y un ruido que hace imposible conversar o incluso oír el bocinazo de advertencia ante un peligro. Al recibir la denuncia, en mayo 2021, la Superintendencia del Medio Ambiente se declaró incompetente. ¿El motivo? Citemos de nuevo el Decreto 38, que excluye de la fiscalización el “uso del espacio público (…) como eventos”.
El Ministerio, entonces, pretendió que la mantención de la acera con ese ruido infernal era asimilable al uso de la acera, para lo que afirmó que el ruido de 100 dB era música. Tercera mentira. Del polvo arrojado al rostro de los transeúntes, compuesto por aluminato tricálcico, sulfatos, dióxido y monóxido de carbono más polen, cadáveres de insectos, excremento de insectos y de pájaros, y otros restos orgánicos que envenenan los pulmones, dañan los ojos y hacen inutilizable la acera, no dijo nada.
¡Cambiar en el decreto música por ruido y ser envenenado por polvo y gases a la cara! Un ilusionista, sentado en la butaca de la ministra, no lograría tales abracadabras.
El Ministerio del Medio Ambiente ha triunfado en el concurso de mentiras. El lenguaje popular llama a eso vender jurel por salmón. Otros, prefieren llamarle fraude. Tal es el Ministerio del Medio Ambiente, con su entusiasmo por “asimilar” una palabra por su contraria en el Decreto 38/2011.
