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Crédito: ATON
Durante esta jornada, más de 100 familias de migrantes fueron desalojados de la Plaza Brasil, en Iquique, en su mayoría de nacionalidad venezolana, lo que fue ampliamente comentado por autoridades de Gobierno y criticado por organismos como la Defensoría de la Niñez, debido a que en el lugar se encontraban familias enteras, con niños, y habitan en condiciones precarias e insalubres en carpas. La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, afirmó que lo que se vivió esta jornada en la Plaza Brasil de Iquique «deja de manifiesto un problema humanitario, que no ha sido resuelto por el Poder Ejecutivo». Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) rechazaron este desalojo, y además condenaron «la violencia como respuesta a un problema humanitario y sanitario». El ministro del Interior Rodrigo Delgado justificó el actuar de las fuerzas policiales y defendió al Gobierno de la acción judicial presentada por el Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, por «notable abandono de deberes» del Presidente Sebastián Piñera. El abogado del INDH, Carlos Bellei criticó desalojo de migrantes en la Plaza Brasil de Iquique: «Creemos que la respuesta del Estado frente a este tipo de situaciones debe ser de carácter humanitaria, protegiendo a los integrantes de estos grupos que están en especial vulnerabilidad». [ACTUALIZADA]
El desalojo de migrantes en la Plaza Brasil de Iquique, que generó tensión y enfrentamientos con personal de Carabineros, ha marcado la agenda este viernes. En el lugar, más de 100 familias fueron expulsadas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, lo que fue ampliamente comentado por autoridades de Gobierno y criticado por organismos como la Defensoría de la Niñez, debido a que en el lugar se encontraban familias enteras, con niños, y habitan en condiciones precarias e insalubres en carpas.
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, afirmó que lo que se vivió esta jornada en la Plaza Brasil de Iquique «deja de manifiesto un problema humanitario, que no ha sido resuelto por el Poder Ejecutivo».
«Desde hace meses, como Defensoría de la Niñez estamos pidiendo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, específicamente a la Gobernación, a la Intendencia, a la Subsecretaría de la Niñez en la zona, que se adopten medidas para poder asegurar el bienestar de aquellos niños, niñas y adolescentes que están en las plazas públicas de Iquique, deambulando por esas calles sin tener una respuesta de un Estado que ha comprometido humanidad en virtud de los tratados internacionales que ha ratificado. ¿Cuál es la única vía y la única solución? Una respuesta del Estado a través del ejercicio policial, que además, de acuerdo a los antecedentes que estamos recabando, ha sido violento respecto de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad», cuestionó.
«Ejerceremos las acciones legales necesarias para que esta situación de una vez por todas sea abordada como corresponde por el Gobierno de Chile, que no puede desatender aquellas obligaciones jurídicas que ha adquirido, conforme la ratificación de instrumentos internacionales tan relevantes como la Convención sobre los Derechos del Niño», cerró.
Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) rechazaron este desalojo, y además condenaron «la violencia como respuesta a un problema humanitario y sanitario. Estamos siendo testigos de que han golpeado a menores de edad y mujeres embarazadas. Llamamos a respetar la integridad y dignidad de personas que se encuentran en ese lugar y, sobre todo, llamamos a respetar y velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en cualquier circunstancia».
«Una solución real y seria para lo que está ocurriendo hoy en la ex Plaza Brasil, que se le ha planteado múltiples veces al Delegado Presidencial, debe incluir el acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas, salud, alimentos y el inicio de procesos de regularización. De lo contrario solo se perpetuará un círculo de irregularidad, exclusión e incluso rechazo», añadió su directora Waleska Ureta.
El abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carlos Bellei criticó desalojo de migrantes en la Plaza Brasil de Iquique: «Creemos que la respuesta del Estado frente a este tipo de situaciones debe ser de carácter humanitaria, protegiendo a los integrantes de estos grupos que están en especial vulnerabilidad».
El que también presentó acciones contra el Presidente Sebastián Piñera fue el Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, quien llegó hasta la Sede de Gobierno para notificar al Mandatario, y otros ministros de la presentación de un recurso de protección en su contra por “notable abandono de deberes en su calidad de Jefe de Estado” frente a la crisis migratoria que se vive en la zona norte del país.
El documento, presentado ante la Oficina de Partes del Palacio de La Moneda, dice que “el alto y creciente número de ingresos de personas en forma no oficial o irregular, ha sido tolerado, permitido y soportado indebida e irresponsablemente por usted y las autoridades llamadas a controlar este tipo de hechos”, y añade que esto “transforma en ilegal y arbitrario su obrar o conducta, en este caso, por omisión, al no asumir como es debido y propio y en un Estado de Derecho las funciones y atribuciones que posee”.
Según el líbelo, el Presidente Piñera con “su actuar ha vulnerado acuerdos internacionales que no sólo protegen los derechos de los habitantes del territorio nacional, sino que también de las personas migrantes, tal como son la Declaración de Cartagena de 1984 o la Declaración de San José de 1994, ambas declaraciones firmadas por el Estado de Chile”.
Además del Mandatario, la acción apunta al ministro de Interior, Rodrigo Delgado, el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, el ministro de Defensa, Baldo Prokurica y el jefe de Extranjería, Álvaro Bellolio.
Sobre esta situación, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado comentó que «el desalojo de estos lugares tiene que ver con que no está permitido utilizar los espacios públicos que tienen fines de esparcimiento, de recreación, para poder poner viviendas transitorias».
«Esto fue un trabajo que hizo la delegación presidencial con ellos durante mucho tiempo. Por lo tanto, el desalojo es algo que se había advertido y hoy se está cumpliendo», añadió.
Sobre las medidas tras desalojar a los migrantes, Delgado detalló que serán trasladados a albergues de la zona.
En cuanto a la acción judicial presentada por el Gobernador José Miguel Carvajal, Delgado dijo desconocer el fondo de la presentación, «pero lo que conozco y he conversado con él es una colaboración mutua para sacar adelante un problema país».
«Lo que ocurre con las personas que están usando los espacios públicos, como las plazas, no solamente en Iquique basta con recorrer distintas ciudades de Chile, la Región Metropolitana por cierto, las playas u otros lugares tiene que ver con la informalidad administrativa con la que se encuentran», añadió.
«Cuando ingresan a Chile y alguien les promete tener trabajo, una vivienda al otro día, los están engañando, porque esas bandas criminales le están cobrando US$100 o US$200 y no les dicen que no van a tener muchas veces la posibilidad de un arriendo y terminan viviendo en esos espacios públicos o pagando un subarriendo abusivo», cerró.
