MERCADOS
Crédito: ATON
El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó esta tarde que “está recabando todos los nuevos antecedentes disponibles para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria vigente en las operaciones divulgadas por los denominados Pandora Papers, y adoptar las acciones que correspondan de acuerdo a la Ley”. Pero antes, las asociaciones de funcionarios del SII –la Aneiich y la Afiich– ya habían emitido una declaración exigiendo “inmediatamente una investigación a las familias y empresas involucradas” en el escándalo. En dicho comunicado, los funcionarios exigieron que estas vez exista máxima transparencia, recordando el antecedente de la rebaja tributaria por $1.400 millones por gastos en asesoría legal a Penta, el holding que tiene como uno de sus controladores a Carlos Alberto Délano, el mismo de la millonaria operación con la familia Piñera por Dominga en un paraíso fiscal.
Los «Pandora Papers», escándalo mundial que salpicó al Presidente Sebastián Piñera, a su familia y a su amigo personal, el empresario Carlos Alberto Délano, por la revelación de una millonaria operación de compraventa en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, escaló al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Tras un comunicado de dos de las asociaciones de funcionarios del SII –la Aneiich y la Afiich– exigiendo “inmediatamente una investigación a las familias y empresas involucradas” en el escándalo (vale decir, las familias Délano y Piñera), el Servicio anunció la tarde de este martes que investigarán los nuevos antecedentes.
De acuerdo a la versión del Presidente Piñera, quien ayer entregó sus descargos sobre el tema, la operación –de la cual asegura no haber tenido conocimiento– se realizó cumpliendo “estrictamente con las reglas tributarias en Chile” y “se pagaron todos y cada uno de los impuestos”.
Sin embargo, el SII informó que “está recabando todos los nuevos antecedentes disponibles para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria vigente en las operaciones divulgadas por los denominados ‘Pandora Papers’, y adoptar las acciones que correspondan de acuerdo a la Ley”, señaló una declaración del organismo.
Sin embargo, hay un dato que los funcionarios del SII sacaron a colación, y pone presión a la investigación instruida por el director Fernando Barraza: el “perdonazo” tributario que benefició a Penta en 2020, cuando el SII rebajó $ 1.400 millones de impuestos al holding por gastos en asesoría legal, del monto total de sus impuestos del año tributario 2018.
El quid del asunto es que tanto en el caso de Penta como en el de Dominga se repite el nombre de Carlos Alberto Délano, el amigo personal del Presidente condenado junto a su socio Carlos Eugenio Lavín con clases de ética, una multa de 857 millones de pesos cada uno y una pena de presido menor por el escándalo de platas políticas. Pero la familia de Délano es la misma que controla Andes Iron, la empresa que busca sacar adelante el proyecto minero que está en el ojo del huracán por las revelaciones de los “Pandora Papers”.
“Cabe recordar que el director aún está en deuda respecto al compromiso adquirido en el Congreso en relación al reconocimiento como gasto aceptado por los pagos de honorarios a los abogados que defendieron a los dueños de Penta, los mismos que hoy están en tela de juicio por el proyecto Dominga”, recuerdan los funcionarios.,
Es más, la Aneiich y la Afiich enfatizan que “no seremos cómplices de situaciones que jueguen a favor de contribuyentes que buscan evadir sus obligaciones ni de actores políticos que buscan debilitar la institucionalidad tributaria, sea quien sea, por lo que llevaremos a cabo todas las acciones que resulten necesarias para resguardar los intereses del Fisco y de la ciudadanía, en particular de los que más necesitan”.
Las asociaciones además reiteraron la necesidad de una reforma al actual sistema tributario, además de exigirle al director Fernando Barraza una investigación, pero recordando una antigua decisión que tomó el SII sobre el caso Penta.
«Los mal llamados paraísos fiscales, que internacionalmente son denominados ‘guaridas fiscales’ por ser utilizados para esconder delitos económicos de alcance internacional, ponen nuevamente la alerta mundial sobre la operación de algunas corporaciones que actúan como verdaderas industrias de la evasión y elusión tributaria en los países donde operan», comienzan indicando en un comunicado.
Debido a esto, indican que como asociaciones han advertido «una y otra vez, tanto a las autoridades gubernamentales como parlamentarias, sobre las vulnerabilidades de la legislación vigente frente a este tipo de operaciones, así como la necesidad de modificarla y dotar de mejores herramientas a la administración tributaria para combatir frontalmente este flagelo».
Sin embargo, «la última reforma del Presidente Piñera aprobada tras el estallido social (mal llamada modernización tributaria), constituyó un gran retroceso en recaudación y en capacidad de fiscalización, situándonos al límite de convertirnos en una nueva guarida fiscal, en momentos que Chile requiere más que nunca, avanzar en mayor justicia fiscal y tributaria».
Entre los cambios que proponen, a raíz de esta publicación, está terminar «de una vez por todas con el secreto bancario para efectos tributarios, la urgente integración de los sistemas de información de la administración del Estado, la aplicación directa de normas antielusión bajo estándares OCDE (sin la autorización previa de tribunales), la asignación de nuevos marcos de autonomía para las instituciones tributarias, el desarrollo de estrategias de fiscalización colaborativa entre Aduanas, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Banco Central y SII, entre otros, fortalecer la persecución penal de delitos económicos y tributarios, así como la entrega de recursos necesarios para combatir de manera frontal la evasión y elusión de impuestos».
El SII recordó en su comunicado que «ya está trabajando con el Grupo JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration), red de administraciones tributarias de la OCDE, para analizar las acciones locales y/o globales que pudieran derivarse de los antecedentes vinculados de los denominados Pandora Papers, como ya se hizo con anterioridad en las divulgaciones conocidas como Panama Papers, Paradise Papers y Bahama Dataleaks».
En ese sentido, recuerdan que «Chile ha impulsado con fuerza en los últimos años el trabajo colaborativo internacional para mejorar la fiscalización de la evasión y elusión tributaria, participando en instancias para promover acciones destinadas a combatir la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios de las empresas a jurisdicciones de baja o nula tributación».
Junto con recordar los diferentes instrumentos y convenios firmados por el SII, el organismo dijo que en otro caso de este tipo, el Pandora Papers del 2016, revisaron «las operaciones de 109 contribuyentes, generando auditorías con resultados en 12 casos. En los Paradise Papers (2017), en tanto, se analizaron 92 casos, de los cuales 24 fueron fiscalizados. Por último, en Bahama Dataleaks (2020), se están realizando análisis de 199 contribuyentes».
