Opinión
Bajo la excusa de la coordinación institucional, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad –y ahora también del Cambio Climático– ha jugado un rol obstaculizador de la labor del Ministerio del Medio Ambiente. En el mismo orden de ideas, el propio contralor ha sugerido que la figura del Consejo de Ministros podría ser inconstitucional, por cuanto los ministros de Estado son colaboradores directos del Presidente de la República. Además, los ciudadanos ni siquiera pueden presenciar las discusiones de esta máxima instancia de decisión de política pública ambiental, pues sus discusiones no se televisan, lo cual es más preocupante considerando que los asuntos ambientales requieren de participación ciudadana más que cualquier otro. Por eso, en el proyecto de ley de Cambio Climático, desde el Senado y teniendo en cuenta las trabas que nuestra Constitución actual impone a la labor parlamentaria, hemos decidido televisar las sesiones del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
El cambio climático está devorando la agenda política, y al planeta. En tan solo cerca de 25 años, el modelo de desarrollo imperante en el mundo ha llevado a este a su límite. La ciencia nos indica que la actividad humana, específicamente del 10% más rico de la población mundial, ha generado casi la mitad de las emisiones de los gases que han causado una crisis ambiental irreversible. Por otro lado, los más pobres a nivel mundial han generado tan solo el 7% de dichos gases. Por lo tanto, el cambio climático es un problema político, sistémico, y discutirlo es disputar alternativas al modelo económico global y local.
El planeta entero ha luchado contra el COVID-19, cuyo origen dice estrecha relación con la pérdida de biodiversidad, otra de las aristas de la crisis ambiental. Sin embargo, en materia de cambio climático, las ambiciones políticas actualmente propuestas por los gobiernos mundiales harán que el mundo se caliente en al menos unos 3°C hacia finales de siglo. Los últimos cinco años han sido históricos por ser los más calurosos registrados desde 1850. No estamos cumpliendo la meta del Acuerdo de París.
Mientras que las potencias mundiales continúan negociando, el cambio climático se está acelerando, ya que fenómenos como incendios forestales –que se producen por el aumento de temperaturas– son más intensos y frecuentes, lo que a su vez libera aún más emisiones. Por eso, los diversos Estados han ido abordando su vulnerabilidad al cambio climático y Chile, país que basa su economía en la explotación de recursos naturales, no ha sido la excepción.
Los efectos del cambio climático afectarán cadenas de suministro a nivel mundial y nacional. Las marejadas, que irán en aumento, implican el cierre de puertos por varios días al año. Nuestra producción de alimentos se ve amenazada por la sequía, las heladas y las granizadas. A su vez, el sector de servicios básicos, como el de electricidad, debe adoptar planes de contingencia frente a eventos extremos. Recordemos que, en febrero de este año, el Estado de Texas sufrió una crisis energética por fallas masivas de servicios públicos, como cortes de energía, escasez de agua y alimentos, producto de tormentas que serán cada vez más intensas y frecuentes. En Chile, la Región Metropolitana casi se queda sin suministro de aguas producto de extrañas e intensas lluvias en pleno verano, en el mes de enero, fenómeno llamado “río atmosférico”, asociado a olas de calor.
Por lo tanto, debe ser nuestra institucionalidad completa la que debe adaptarse a esta nueva realidad. El proyecto de ley de Cambio Climático avanza en esta línea, toda vez que incluye medidas de mitigación y adaptación a través de planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo con fuerte participación territorial. Entre estos planes se encuentran, por ejemplo, la Estrategia Climática de Largo Plazo, además de planes de mitigación y adaptación al cambio climático, por sector. Deberán dictarse estos planes para diferentes sectores de nuestra economía: Obras Públicas, Agricultura, Energía, Vivienda, Minería, Salud, Transportes, Pesca y Acuicultura, Turismo, entre otras. Incluso el sector financiero será regulado, debiendo las empresas que transan en bolsa transparentar información referida a sus impactos ambientales y al cambio climático, en su estrategia, en el gobierno corporativo, la gestión de riesgos, como las decisiones de inversión y diversificación.
Como Santiago no es Chile, en el Senado también hemos fortalecido los planes climáticos a nivel local, tales como los planes regionales y comunales de cambio climático. Por eso ahora los ambientalistas dicen que “el cambio climático es todo”.
Por supuesto, los recursos económicos que se requieren para movilizar los diversos sectores del país hacia la resiliencia climática son cuantiosos y el presupuesto asignado para estos planes será siempre insuficiente.
Por eso, en el proyecto de ley se ha considerado una estrategia financiera para que el Ministerio de Hacienda pueda planificar los instrumentos financieros que utilizará para apalancar presupuesto a mediano plazo en materia de cambio climático, generando una especie de “presupuesto climático” plurianual, más allá de la Ley de Presupuestos con carácter anual.
Entre estos instrumentos encontramos los Bonos Verdes Soberanos, que, desde el año 2019, comenzaron a emitirse, obteniendo las tasas más bajas que en toda la historia reciente y una demanda incluso hasta 12 veces más alta de lo esperado. Este año, se ha emitido un bono adicional de 400 millones de dólares. Esto demuestra el alto interés por la inversión climática.
Pero nos queda más labor por delante. Esta ley es solo el puntapié inicial de los temas climáticos en Chile, ya que el modelo que ha adoptado nuestro país a la fecha, especialmente en materia ambiental, ha sido insuficiente. En los hechos, el Ministerio del Medio Ambiente ha tenido un rol meramente coordinador, por cuanto ni tiene un Servicio que pueda proteger la flora y fauna y solo le toca supervisar la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, diseñado más para aprobar proyectos que para proteger el medio ambiente y garantizar una participación ciudadana profunda.
A mayor abundamiento, la falta de presupuesto y potestades de la Superintendencia del Medio Ambiente es notoria, causando gran descontento y desesperanza en la ciudadanía.
Pero el problema es más profundo: bajo la excusa de la coordinación institucional, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad –y ahora también del Cambio Climático–, ha jugado un rol obstaculizador de la labor del Ministerio del Medio Ambiente. Recientemente incluso el Ministerio de Transportes doblegó la voluntad del Ministerio del Medio Ambiente de proteger a los humedales urbanos, presionándolo para que rechace la solicitud de declaración de los humedales “Ojos de Mar” en San Antonio.
En el mismo orden de ideas, el propio contralor ha sugerido que la figura del Consejo de Ministros podría ser inconstitucional, por cuanto los ministros de Estado son colaboradores directos del Presidente de la República.
Además, los ciudadanos ni siquiera pueden presenciar las discusiones de esta máxima instancia de decisión de política pública ambiental, pues sus discusiones no se televisan, lo cual es más preocupante considerando que los asuntos ambientales requieren de participación ciudadana más que cualquier otro. Por eso, en el proyecto de ley de Cambio Climático, desde el Senado y teniendo en cuenta las trabas que nuestra Constitución actual impone a la labor parlamentaria, hemos decidido empoderar el rol del Ministerio del Medio Ambiente, al televisar las sesiones del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Esperamos que la Convención Constitucional pueda consagrar un mejor modelo económico, social y de la institucionalidad ambiental para el futuro de Chile y el planeta.
