Opinión
Luego de décadas en que derechos como la educación, la salud, la vivienda adecuada y especialmente el agua han sido entregados al mercado, el desafío es reivindicar estos derechos para todas las personas sin discriminación, así como establecer los mecanismos que permitan hacerlos realidad. Asimismo, necesitamos avanzar en el respeto a la naturaleza de la cual dependemos, sin cuya protección somos más vulnerables a los efectos del cambio climático.
A pocos días de que comience la discusión de fondo sobre los contenidos de la nueva Constitución, Chile vive un momento de esperanza y de potencial transformación que lo pone en el foco de atención mundial. El país tiene la oportunidad histórica de tomarse los derechos socioeconómicos y medioambientales en serio, en un proceso político participativo que no deje a nadie atrás.
A pesar de que la Constitución de 1980 le dio una mínima importancia a los derechos socioeconómicos y medioambientales, a través de los años, las obligaciones asumidas por el país, tanto en su texto constitucional como en tratados de derechos humanos vigentes, han sido precisadas, fijándose el contenido normativo de estas obligaciones. Asimismo, el derecho comparado proporciona valiosos ejemplos sobre las formas en que estos derechos podrían articularse en la práctica política y jurídica de Chile.
A nivel global, existe una correlación entre los niveles de desigualdad y los de protección de derechos socioeconómicos y medioambientales: a menor protección de estos derechos, mayor tiende a ser la desigualdad, y viceversa. A pesar del crecimiento económico, no es casualidad que Chile cuente con una de las tasas más altas de desigualdad de la OCDE, tanto en cuanto a la distribución de ingresos como de la riqueza.
Desde hace décadas, las demandadas ciudadanas en el país se han centrado en el acceso a los derechos socioeconómicos y medioambientales, incluyendo educación, salud, agua, protección social y vivienda. El imperativo de garantizar estos derechos se hizo evidente en el estallido social de octubre 2019 y se vio agudizado por el impacto desastroso de la pandemia en las clases medias y los sectores más desventajados y en situaciones de vulnerabilidad.
Ya en 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendaba a las autoridades chilenas que garantizaran “el reconocimiento integral y la protección jurídica necesaria de los derechos económicos, sociales y culturales en (un) nuevo texto constitucional, asegurando que el proceso de reforma constitucional (…) se realice de una forma transparente y participativa”.
Ese es precisamente el reto al que se enfrenta Chile en este proceso constitucional iniciado a finales de 2019. Luego de décadas en que derechos como la educación, la salud, la vivienda adecuada y especialmente el agua han sido entregados al mercado, el desafío es reivindicar estos derechos para todas las personas sin discriminación, así como establecer los mecanismos que permitan hacerlos realidad. Asimismo, necesitamos avanzar en el respeto a la naturaleza de la cual dependemos, sin cuya protección somos más vulnerables a los efectos del cambio climático.
Para aportar en este debate, a mediados de 2020, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por sus siglas en inglés), la Universidad de Concepción, en Chile, y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, en el Reino Unido, convocamos a más de 50 expertas y expertos de alto nivel a participar en el libro Derechos Sociales y el Momento Constituyente en Chile. Este libro busca aportar información y rigor en un debate país que no solo involucra a los convencionales constituyentes, sino también a la sociedad civil y a la ciudadanía en general.
Chile está llamado a desarrollar un nuevo marco constitucional que contribuya a hacer realidad todos los derechos para todas las personas. Este es un reto colectivo y una oportunidad para repensar el tipo de país y el futuro que se merece la ciudadanía.
