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Crédito: ATON
La Contraloría General de la República iniciará un sumario administrativo al interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), y remitió los antecedentes al Ministerio Público tras detectar una serie de anomalías en la adjudicación de una licitación a la empresa Motorola, por la compra de 300 cámaras corporales para Carabineros, justo en la época en que Martorell era la subsecretaria. La historia data del 2020, cuando en medio de las protestas del estallido social, el Gobierno decidió comprar cámaras corporales que cumplieran con un requisito: que cuando el uniformado la apagara, siguiera por al menos 120 segundos registrando lo que estaba ocurriendo. El problema es que los productos de la empresa que ganó el concurso (Motorola) no cumplían con dicho requisito. «La señora Martorell definitivamente se saltó todos los principios rectores de cualquier licitación. Pareciera ser que mucho más interesados en asegurar equipamiento para Carabineros, aquí estaban asegurando el negocio de algunos amigos”, dijo el diputado DC Gabriel Ascencio. A través de un video, Martorell salió a responder y enfatizó que “es muy importante dejar en claro que el informe no establece que existan elementos que revisten características de delito”.
Un duro golpe recibió nuevamente el comando presidencial del candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel. Pero esta vez, el abanderado no es el apuntado, sino que su vocera, Katherine Martorell, ya que un lapidario informe de la Contraloría General de la República derivó en que el ente regulador iniciará un sumario administrativo al interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), tras detectar una serie de anomalías en la adjudicación de una licitación a la empresa Motorola, por la compra de 300 cámaras corporales para Carabineros. Justo en la época en que Martorell era la subsecretaria. Y no solo eso: los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
Contraloría detectó que no existió “constancia de la revisión efectuada por la comisión evaluadora que sustente el Acta de Evaluación” de la licitación. ¿Cuáles eran las cámaras? La historia data del 2020, cuando en medio de las protestas del estallido social, el Gobierno decidió comprar cámaras corporales que cumplieran con un requisito: que cuando el uniformado la apagara, siguiera por al menos 120 segundos registrando lo que estaba ocurriendo. El problema es que los productos de la empresa que ganó el concurso (Motorola) no cumplían con dicho requisito.
En el informe se detalla que la SPD aceptó 5 ofertas presentadas en la licitación pública sobre “Adquisición de Sistema de Cámaras Corporales” y que la adjudicó a Motorola por una suma de $378.896.000. Ya habían empezado las suspicacias debido a que se aceptó su oferta pese a que la firma “ingresó en el portal de Mercado Público fuera del horario de recepción establecido (…), esto es con posterioridad a las 16:00 horas del día 28 de febrero de 2020″.
El ente regulador añadió que no existe respaldo de los antecedentes que tuvo a la vista la comisión evaluadora respecto a las 8 ofertas recibidas y los motivos por lo que solo dos de ellas pasaron a la etapa de evaluación. Por ejemplo, sobre Motorola se estableció lo siguiente: «… Que las cámaras ofertadas por Motorola -Edesix VB-400- no disponían del mecanismo requerido de ‘post grabado’ a la data de adjudicación, esto es el 11 de marzo de 2020″. Junto con esto, se concluye, que la comisión evaluadora le dio 100 puntos a Motorola por “presentar la totalidad de los antecedentes requeridos al momento de la apertura de la oferta”.
Finalmente, «se verificó que no existe evidencia que al momento de la entrega de las cámaras por parte de la empresa Motorola a la Subsecretaría, estos equipos hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en las bases de estudio, en particular, respecto del citado mecanismo de ‘post recording de 120 segundos’. En virtud de lo cual la entidad fiscalizadora deberá recabar los antecedentes necesarios que le permitan certificar que las cámaras de video recibidas el 27 de abril de 2020 contaban con esa funcionalidad y en caso contrario determinar la eventual aplicación de multa”.
El jefe de bancada de diputados DC, Gabriel Ascencio, se refirió a este lapidario informe de Contraloría: «Es muy importante que la vocera del comando de Sichel, la señora Martorell, informe, dé cuenta, conteste este informe de la Contraloría porque la acusa directamente a ella saltarse las normas y de favorecer a una empresa multinacional».
Recordando los dichos de Sichel, quien acusó una operación política de la DC tras revelarse el financiamiento irregular y de pesqueras en su campaña del 2009, Ascencio agregó que el «informe es brutal. Yo me imagino la cantidad de negocios irregulares que se pueden estar cometiendo ahora que quedan pocos meses para que los funcionarios de confianza del Gobierno dejen de estar en el aparato estatal. Eso es lo que más me preocupa. Ahora tengan la seguridad de que esto no obedece a ninguna maquinación urdida en las oficinas de la Democracia Cristiana. Esto es algo que comenzó hace mucho tiempo y que, bueno, en uso de la facultad de fiscalizadores que tengo, le pedí a la Contraloría que haga la investigación, pero tenemos que estar atentos porque en muchos otros lugares pueden estar realizándose prácticas de este tipo, ya sea con plata del Estado, ayudando a los amigos».
«La señora Martorell definitivamente se saltó todos los principios rectores de cualquier licitación. Pareciera ser que mucho más interesados en asegurar equipamiento para Carabineros, aquí estaban asegurando el negocio de algunos amigos, lamentablemente tengo que decirlo porque, porque de repente pareciera ser que allí son todos cortados por la misma tijera. O sea, siempre tiene que haber un escándalo, cómo va a ser que siempre haya que estar por encima de ellos, fiscalizándolos, colocándole una lupa para intentar evitar en parte que sigan haciendo negocios con las platas del Estado. Esto es mucha plata», cerró.
A través de un video, la vocera de Sichel, Katherine Martorell, salió a responder al informe de Contraloría. «Como es sabido, la Contraloría emitió un informe respecto a una licitación de bodycam cuyo objetivo era transparentar la labor policial y entregar información al Ministerio Público de la labor que realizan las policías. En este contexto, la Contraloría ha establecido que existen errores administrativos, algunos que están subsanados, otros que están en proceso de subsanación, mientras yo aún era subsecretaria y otros que deben ser subsanados».
«¿Por qué fueron enviados a la Fiscalía Regional Centro Norte? Porque existe una querella criminal presentada por una empresa que perdió la licitación, pero es muy importante dejar en claro que el informe no establece que existan elementos que revisten características de delito. Por último, y tal como señalé en su minuto, no puede ser que en Chile sea gratis querellarse, y una vez terminado este proceso, ejerceré las acciones legales que correspondan en contra de la empresa que ha buscado enlodar mi imagen», cerró.
