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Un reportaje de Ciper reveló que, en el mismo periodo en que se selló la polémica compraventa de Dominga —cuyos nuevos antecedentes fueron conocidos hace poco en los «Piñera Papers»—, a mediados de 2010, un grupo de inversionistas, entre los que estaba la familia del Mandatario, inició las negociaciones para adquirir un proyecto minero de hierro y escandio al sur de Vallenar, por el que finalmente se pagaron US$ 13 millones. El tema es que, de acuerdo a la investigación, en esas mismas fechas el dueño de las pertenencias había sido nombrado por el mismo Presidente como su representante en el directorio de Enami. Frente a esta situación el máximo ejecutivo de los negocios de los Piñera Morel, y quien participó en la negociación de esta última iniciativa, dijo al medio que «no se consideró que esta relación implicara un conflicto de interés».
Tras la publicación de los «Pandora Papers», que involucró también al Presidente Piñera por la compraventa de la Minera Dominga junto a su amigo Carlos Alberto «Choclo» Délano en Islas Vírgenes, el Mandatario está contra las cuerdas, en los últimos meses de su segundo gobierno, enfrentando una acusación constitucional precisamente por sus negocios mientras estaba al mando de La Moneda.
Ahora, un nuevo caso remece a la familia presidencial. Según publicó Ciper, a fines de 2010, durante el primer periodo de Sebastián Piñera como Presidente de la República, un grupo de inversionistas, entre los que estaban los Piñera Morel a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) Mediterráneo, inició las negociaciones para adquirir el proyecto minero «Imán», ubicado al sur de Vallenar.
«Si Dominga fue el primer paso, Imán fue el segundo», planteó el medio, detallando que se pagaron US$ 13 millones poco después de que el vendedor, Arnaldo del Campo, fuera nombrado por el propio Presidente Piñera como su representante en el directorio de Enami, empresa estatal dedicada al fomento de la pequeña y mediana minería.
«Los Piñera Morel participaron en la compra de un proyecto minero cuyas negociaciones iniciales coinciden con el nombramiento del vendedor como representante del Presidente Piñera en el directorio de la empresa pública del mismo rubro», puntualizó el Centro de Investigación Periodística.
Desde La Moneda, en línea con lo señalado anteriormente respecto a Dominga, respondieron al medió que «el Presidente no participa desde 2009, hace 12 años, en la gestión o administración de ninguna empresa o negocio, lo que incluye a Mediterráneo FIP. Respecto de este último, no participa en su propiedad y nunca ha participado en su administración».
La declaración de Palacio agrega que «en forma previa a su primer Gobierno, el Presidente Piñera se desligó absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que participaba».
Desde la oficina del Mandatario recalcaron que «adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en ese entonces no existía ley que lo exigiera, constituyó fideicomisos ciegos. En forma igualmente voluntaria lo hizo su señora e hijos. El objetivo de los fideicomisos ciegos fue evitar conflictos de interés más allá de lo exigido por la legislación de la época».
Sobre el nombramiento de Arnaldo del Campo, el Gobierno apuntó que «la designación de directores de empresas públicas se efectúan sobre la base de propuestas de las entidades estatales encargadas de su administración».
Arnaldo del Campo Arias es un ingeniero civil en minas que en junio de 2010 fue designado como director de Enami. Lo nombró el Ministerio de Hacienda, encabezado en aquel entonces por Felipe Larraín.
Cabe mencionar que los Piñera Morel participaban a través del FIP Mediterráneo, donde tenían como socios a la familia de Carlos Délano, ambos involucrados en Pandora Papers.
Los proyectos Dominga e Imán se realizaron bajo los fondos de inversiones de los Piñera y Délano, la sociedad Minería Activa, levantada por Larraín Vial.
De acuerdo a Ciper, el 31 de enero de 2011 se firmó el contrato de opción de compraventa de las concesiones mineras del proyecto Imán. En este primer documento legal aparecen dos sociedades compradoras que luego saldrían del negocio: Minería Activa Uno y el Fondo de Inversión Privado Rucapangui, ambas ligadas al grupo de inversionistas liderados por los Délano y los Piñera, y que eran las mismas que utilizaron para concretar el negocio de Minera Dominga. La sociedad vendedora de las concesiones mineras era Huentelauquén S.A., de los abogados de Arnaldo Del Campo.
En esa promesa de compraventa figuran Juan Cristóbal Jaramillo, como representante de Huentelauquén; Pedro Ducci (ejecutivo de confianza de los Délano) y Pablo Délano Méndez (hijo de Carlos Délano), como representantes del Fondo de Inversión Privado Rucapangui; y Nicolás Noguera Correa (ejecutivo de confianza de los Piñera) y Juan Paulo Bambach, en representación de Minería Activa Uno Spa.
A propósito de Dominga, tras ser notificado oficialmente de la acusación constitucional en su contra, desde la comisión revisora del libelo aseguraron que, a pesar de que el Mandatario tiene 10 días para presentar su defensa, se pondrán a trabajar esta semana en el Congreso.
Recordemos que hasta el 28 de octubre tiene plazo el Presidente para presentar su defensa. Luego de esto la comisión tendrá seis días hábiles para estudiarla, definir posturas y presentar conclusiones, las cuales no son vinculantes a la Sala. Además, parlamentarios y abogados podrán presentar sus argumentos y antecedentes antes de la votación.
La semana pasada fueron sorteados los nombres que integrarán la comisión que revisará la acusación constitucional contra el Mandatario por su eventual vinculación en el caso Dominga, entre ellos, Raúl Florcita Alarcón (ex PH), Maya Fernandez (PS), Paulina Núñez (RN), Virginia Troncoso (ex UDI) y Pepe Auth (independiente).
