PAÍS
Crédito: ATON (Contexto)
A un poco más de dos años del estallido social y a dos años de la marcha más grande en la historia de Chile, la ONU destacó los avances en materia de derechos humanos en el país, pero llamó a «profundizar sus esfuerzos» para abordar las violaciones a los DD.HH. cometidas en ese período de tiempo. «Valoramos los esfuerzos del Estado (…) Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales», subrayó el representante de ONU DDHH en América del Sur, Jan Jarab. En un informe, el organismo internacional denunció «uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas» y subraya casos en que funcionarios del cuestionado cuerpo policial de Carabineros «no prestaron asistencia a personas heridas».
A dos años del estallido social, la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó este lunes que Chile ha hecho avances en los últimos meses, pero aún debe «profundizar sus esfuerzos» para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social del 18 de octubre del 2019.
«Valoramos los esfuerzos del Estado (…) Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales», subrayó el representante de ONU DDHH en América del Sur, Jan Jarab.
En un informe, el organismo internacional denunció «uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas» y subraya casos en que funcionarios del cuestionado cuerpo policial de Carabineros «no prestaron asistencia a personas heridas».
También constató «hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas» durante las marchas, que se han reactivado a propósito del segundo aniversario del llamado «estallido social» y que estuvieron suspendidas durante los meses más duros de la pandemia.
«Aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de las personas defensoras de derechos humanos es imprescindible y debe de ser protegida», aseguró Jarab.
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grande de su historia, que empezó como una protesta contra el alza en el precio en el pasaje del Metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo y derechos sociales.
Las revueltas dejaron episodios de violencia como incendios, saqueos y destrucción de mobiliario público que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas, además de señalamientos por parte de la ONU y Amnistía Internacional (AI) contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
Sobre acceso a la Justicia, la ONU saludó en su nuevo informe los esfuerzos del Ministerio Público para fortalecer su capacidad para abordar los casos, pero apuntó que «los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones», pues apenas hay condenas contra agentes por violaciones a los derechos humanos.
También señaló que los programas de apoyo a las víctimas de la violencia policial presentan «limitaciones que no garantizan una reparación integral» y constató «una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público» sobre los abusos de las fuerzas de seguridad.
«Observamos en las víctimas una sensación generalizada de desamparo», concluyó el funcionario internacional.
Ya en noviembre de 2019 la ONU emitió un informe denunciando «un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos» durante la ola de protestas, constatando casos de tortura y uso excesivo de la fuerza.
