MERCADOS
Crédito: Facebook Pablo Terrazas
Tras ocho sesiones de audiencias y análisis, el informe aprobado por el grupo parlamentario remarca que el ITL es el más grande proyecto en investigación y desarrollo (I+D) que se ha licitado por Corfo, y por lo tanto “debió ser sometido a los más altos estándares”. Pero no ocurrió así: las conclusiones ponen en tela de juicio todo el proceso en manos de la Corporación, y sobre todo la actuación del vicepresidente ejecutivo, Pablo Terrazas. Asegura que las explicaciones al conflicto de interés que pesan sobre él no fueron despejadas, y añade que se podrían configurar faltas al principio de probidad y un aprovechamiento de información privilegiada, por lo que se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y la Contraloría para revisar su caso y el de otros funcionarios involucrados. Para el diputado de Acción Humanista y presidente de la comisión investigadora, Tomás Hirsch, “creemos que cuando pase a sala el informe va a ser votado por unanimidad, tal como sucedió en la comisión. Esperamos que Corfo y el Gobierno tomen las recomendaciones”.
Demoledor para la Corfo y sobre todo para su vicepresidente ejecutivo Pablo Terrazas fue el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la licitación para la creación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), adjudicado al consorcio AUI (Associated Universities Inc), conformado por instituciones de educación superior ligadas a la UDI, como la Universidad del Desarrollo y la Universidad San Sebastián, y filiales de planteles estadounidenses.
La instancia parlamentaria aprobó por unanimidad un informe que pide dejar sin efecto la adjudicación y detener los actos y tratativas iniciadas con AUI, y realizar nuevamente el proceso licitatorio de la creación del Instituto de Tecnologías Limpias, considerado el más grande en materia de I+D en la historia del país.
Pero no solo eso: el informe aprobado por la comisión investigadora presidida por el humanista Tomás Hirsch también plantea remitir un “informe al Ministerio Público para efectos de determinar si existe o no la comisión de delitos de uso de información privilegiada”, una arista donde se apunta a altos cargos de la Corfo y funcionarios del Gobierno, entre ellos, el vicepresidente de la Corporación.
Asimismo, los diputados sugieren “oficiar al contralor general de la República a efectos que evalúe la pertinencia de iniciar una investigación que determine responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos involucrados en el proceso revisado por esta comisión”.
Otro punto clave en las conclusiones aprobadas por la comisión considera que el nuevo concurso contemple “estándares y bases de la licitación claros, a fin de que el consorcio ganador sea el que más aporte pueda traer a la innovación y desarrollo de tecnologías verdes”.
La conclusión de la comisión investigadora complica el futuro de un proyecto que también se ha visto enredado en tribunales, con la presentación del grupo que perdió la licitación ASDIT (Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias), con un recurso que se tramita en la Corte de Apelaciones de Santiago.
A juicio de los parlamentarios, la propuesta de la Corporación Alta Ley fue superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de Associated Universities Inc (AUI). Y señala que durante el proceso se cometieron una serie de irregularidades como rebajar las calificaciones obtenidas por el grupo de universidades nacionales, permitiendo así que aumentaran las obtenidas por AUI, establece el documento al que accedió El Mostrador.
Para el diputado de Acción Humanista y presidente de la comisión investigadora, Tomás Hirsch, “esta licitación adolece de fallas, errores, y aspectos opacos que nos han llevado a recomendar que se anule la licitación, garantizando que el panel de expertos cuente con las competencias para una evaluación de este tipo de concursos públicos, que en este caso no fue así. Creemos que cuando pase a sala va a ser votado por unanimidad, tal como sucedió en la comisión. Esperamos que Corfo y el Gobierno tomen las recomendaciones”.
Tras ocho sesiones de audiencias y análisis, el informe aprobado por el grupo parlamentario señala que el ITL es el más grande proyecto en investigación y desarrollo (I+D) que se ha licitado por Corfo, y por lo tanto “debió ser sometido a los más altos estándares de evaluación y asignación, por tratarse de una revolución frente al cambio climático y la explotación de nuestros recursos naturales”.
Pero no ocurrió así: las conclusiones ponen en tela de juicio todo el proceso en manos de Corfo. Cuestiona, por ejemplo, que la Corporación introdujera “una instancia nueva denominada Comisión Evaluadora”, la cual “no estuvo integrada por técnicos o especialistas con competencias en las áreas de las propuestas en evaluación, sino por directivos públicos”.
Y una de las irregularidades de su funcionamiento fue que “no realizó interacciones con los evaluadores internacionales seleccionados y contratados por la Gerencia Gerencia de Capacidades Tecnológicas – unidad técnica encargada del tema- para la evaluación de los proyectos. En cambio, generó nuevos informes de evaluación en base a los entregados por los expertos internacionales, alterando los resultados principales del proceso”.
De acuerdo al informe, “este punto es de vital importancia ya que supone una modificación antojadiza y que no respeta criterio técnico alguno, denostando la experticia del proceso evaluativo de los competentes internacionales y aplicando criterios que se acercan más al plano político que técnico, dado que no se dieron razones suficientes por parte de la CORFO sobre el cambio de la evaluación”.
Otro aspecto que llama la atención del proceso de evaluación es la “duplicación de roles de los directivos públicos participantes en la Comisión Evaluadora”, apuntando al caso del gerente general Felipe Commentz, quien encabezó la comisión evaluadora interna de la Corfo de las tres propuestas que postularon y, además, representó a Terrazas, en el comité de ministros que entregó su veredicto final, el pasado 4 de enero.
“Esta falta de rigurosidad y la improvisación evidente en el proceso de licitación por parte de CORFO refleja las faltas administrativas, criterios cambiantes y cuestionamientos que tanto las partes licitantes como esta comisión especial investigadora concluyen”, señala el informe.
También hubo palabras para el rol desplegado por Commentz, y sus conflictos de intereses, como hombre cercano al exministro de Economía José Ramón Valente –actual presidente del directorio de la Fundación Chile, una las partes en carrera–, a Hernán Cheyre, de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD -otra participante del proceso- y a Cristián Larroulet, jefe del Segundo Piso de La Moneda.
“Es menester agregar que las explicaciones al conflicto de interés que pesa sobre el señor Pablo Terrazas y del señor Commentz no fueron despejadas durante el transcurso de la investigación de la comisión, ya que, a pesar de las solicitudes de aclaración, no se contestó directamente respecto del fondo del asunto”, señala el texto.
Sobre Terrazas, el informe es especialmente duro: “A esta comisión especial investigadora le parece sumamente grave las acusaciones de intervención que pesan sobre el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, don Pablo Terrazas, en razón de las intervenciones que ha realizado en las sesiones del Consejo de Ministros de CORFO teniendo una inhabilidad clara, que el mismo expresa, por ser parte del directorio de Alta Ley. Además, es director de Fundación Chile, entidad que fue la tercera participante, información que omitió a la comisión”.
“Esto podría suponer que, en su actuar estando inhabilitado al pertenecer al directorio de una de las partes del consorcio ASDIT, habría favorecido a la propuesta de las Universidades Chilenas, pero como se mencionó en las sesiones de la Comisión Especial Investigadora y se plasma en los documentos que se han hecho llegar, las actuaciones del señor Vicepresidente Ejecutivo fueron tendientes a limitar los recursos de la propuesta y entregar información falsa a los ministros y subsecretarios que conforman el Consejo de Ministros”, señala.
“La comisión no puede sino concluir que ha existido una acción concertada por parte de la institucionalidad y en particular, relativo a la participación y actuación del Sr. Terrazas, que se han cometido, al menos, faltas al principio de probidad (…) Es más, bien podría calificarse este actuar como un aprovechamiento de información privilegiada que han resultado ser claves para la adjudicación del proyecto, lo que a nuestro juicio merece ser investigado en profundidad, tanto por el Ministerio Público como también por parte de la Administración”, finaliza.
