Opinión
Resulta nítido constatar cómo el ejecutivo utilizó el recurso constitucional del Estado de catástrofe para, entre otros objetivos, desplegar una avanzada táctica de apoyo militar a las policías en contra de los grupos radicalizados mapuche desde fines de febrero, la que incorporó capacitación técnica, drones, tecnología y blindados. De este modo, no transcurrieron dos semanas desde el fin del Estado de excepción de catástrofe tras 18 meses ininterrumpidos (1 de Octubre pasado) para que el gobierno de Sebastián Piñera aplicara un nuevo Estado de excepción de emergencia, esta vez para 4 provincias del Biobío y La Araucanía (13 de Octubre). La aplicación de esta nueva excepcionalidad tiene como objetivo consolidar el despliegue que las fuerzas armadas vienen ejecutando desde fines de febrero, esta vez, incorporando la posibilidad de que sus contingentes participen en operaciones de apoyo directo a las policías.
Entre el amplio popurrí de “excentricidades” que el segundo mandato de Sebastián Piñera añadirá a las páginas de los libros de historia, convertir el Estado de excepción en forma permanente de gobierno será una de las más reveladoras al momento de caracterizar las regresiones autoritarias que viene desplegando la derecha chilena, sobre todo durante el transcurso de los últimos años.
La declaración de guerra de Sebastián Piñera no fue un exabrupto, sino el delirio confeso de una política de Estado que se ha traducido jurídicamente en la aplicación de un “Estado de excepción permanente”. Lo que no sólo es un oxímoron a nivel conceptual, sino también, la prueba viviente de que la crisis de legitimidad que hoy en día ostenta el gobierno tiende a apoyarse cada vez más en el ejercicio coactivo del Estado de derecho.
Para dar sustento a esta interpretación, detallemos una breve “genealogía” de los Estados de excepción aplicados en el transcurso del segundo gobierno de Sebastián Piñera, para finalizar con un “bonus track” aportado por la principal carta presidencial de dicho sector en la previa de las elecciones, el representante del partido Republicano José Antonio Kast.
Sin considerar el Estado de excepción de catástrofe que el mandatario declaró para enfrentar los incendios que afectaron la región del Biobío en febrero del 2019, Piñera ha utilizado el otrora “excepcional” recurso constitucional en tres ocasiones.
Piñera decretó el Estado de excepción de emergencia por primera vez desde el retorno a la democracia ante el desborde que provocó el Estallido social, evento que develaría y confirmaría la magnitud de una crisis de hegemonía que al día de hoy seguimos transitando.
La medida establecida en los artículos 42 y 43 de la Constitución permite restringir la libertad de movimiento y reunión, además del despliegue de efectivos militares para llevar a cabo funciones de seguridad pública, reservada a las policías en contextos de “normalidad”.
El 18 de octubre, el gobierno decretó la medida en la región Metropolitana (provincias de Santiago y Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo). El 19 de octubre, declaró estado de emergencia y toque de queda en Santiago, Valparaíso y la provincia de Concepción; esto se extendió posteriormente a la mayoría de las regiones del país.
Se calcula que el estado de emergencia duró entre cinco y nueve días, dependiendo del lugar. Los toques de queda se fueron reduciendo progresivamente con el suceder de las semanas. No así las masivas movilizaciones que se prolongaron hasta la llegada de la pandemia en marzo del 2020.
Vale recordar que la última gran movilización que dio cuenta de la intensidad del ciclo de protestas abierto por el 18-O fue el 8 de Marzo, instancia donde el movimiento feminista demostró la contundencia y vitalidad de sus demandas.
La llegada de la pandemia al país a inicios de ese mes sería la más formidable excusa para que el gobierno de Piñera aplicara nuevamente la receta del Estado de excepción de catástrofe. Desde el 18 de marzo del 2020 el ejecutivo renovó el recurso por cuenta propia en tres ocasiones consecutivas (un año en total).
Una tercera prórroga por 90 días debía ser aprobada por el Congreso en marzo del 2021. La pandemia aún seguía siendo una buena excusa para continuar con la medida, tal como lo reflejaba la editorial de La Tercera del 7 de marzo del 2021: “Es importante que las autoridades cuenten con todas las herramientas para seguir manejando la emergencia [sanitaria]. En este sentido, la renovación del estado de excepción por catástrofe aparece como un paso indispensable. Al cumplirse un año desde que fuera aplicado por primera vez, el gobierno debe solicitar la aprobación del Congreso para su renovación. Y a la luz de los hechos, no hay motivos para un eventual rechazo».
La cruda realidad es que la lucha contra la pandemia traía como contrabando la lucha contra un “enemigo” mucho más tangible que el virus: la insurgencia mapuche radicalizada.
Fue febrero de este mismo año cuando parlamentarios de la derecha como Felipe Kast (Evópoli), Diego Schalper (RN) y Diego Paulsen (RN) estuvieron dispuestos a respaldar una tercera versión del Estado de excepción en la región de la Araucanía como respuesta a una escalada del conflicto en Wallmapu. La aplicación del Estado de sitio al que apelaban los congresistas permite restringir la libertad de locomoción, el derecho a reunión y arrestar a personas en su morada o en otros lugares; con una duración de 15 días.
En aquella oportunidad, La Moneda desestimó el recurso del Estado de sitio ya que existían posibilidades de extender el Estado de emergencia de catástrofe con la venia del Congreso, tal como ocurrió pocas semanas después. La definición de Piñera secundada por el ministro del Interior Rodrigo Delgado fue agotar todas las posibilidades que proveía el Estado de catástrofe antes de pasar al Estado de sitio. En ese entonces, los jefes de partido de Chile Vamos estuvieron de acuerdo.
No obstante aquello, resulta del todo relevante recordar que desde ese mismo período el ejecutivo desplegó una ofensiva coordinada con el Ejército a fin de apoyar a las policías apostadas en la “Macrozona Sur”, escudándose en las facultades que otorga el Estado de catástrofe que –se nos dijo en ese momento– tenía como objetivo prioritario aportar en la “lucha” contra la pandemia.
Según un reportaje de Víctor Rivera para La Tercera, el lunes 22 de febrero del 2021 el presidente Sebastián Piñera citó de manera urgente a los jefes policiales y las FF.AA. en La Moneda para analizar de manera conjunta la escalada de violencia en la “Macrozona Sur”. En aquella oportunidad, el grupo de generales encabezados por el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, decidieron que lo importante era entregar insumos y también conocimientos de operaciones militares, planificación e inteligencia a las policías de la zona.
El martes 23 de febrero, el general Martínez se reunió con los jefes de la Defensa Nacional señalando que “hay que colaborar con el conflicto, pero tenemos que conocer a cabalidad las atribuciones legales y constitucionales que tenemos”.
Finalmente –según detalla Rivera– “tras revisar el detalle constitucional y legal, Martínez tomó la determinación y se comunicó con el jefe del Estado Mayor Conjunto (Emco), el general Javier Iturriaga, quien ya se encontraba en Temuco. Y por orden del comandante en jefe, finalmente se determinó enviar un equipo de Operaciones Militares a la zona, para capacitar a Carabineros y la PDI en la planificación de los procedimientos desplegados en La Araucanía, Biobío y Los Ríos”.
Resulta nítido constatar cómo el ejecutivo utilizó el recurso constitucional del Estado de catástrofe para, entre otros objetivos, desplegar una avanzada táctica de apoyo militar a las policías en contra de los grupos radicalizados mapuche desde fines de febrero, la que incorporó capacitación técnica, drones, tecnología y blindados.
Igual de claro es constatar la coordinación que hubo entre el Ejecutivo y el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, además del general que Piñera ha definido como su reemplazo a la cabeza de la institución castrense desde el próximo 9 de marzo, el actual jefe del Estado Mayor Conjunto Javier Iturriaga, a fin de abordar conjuntamente la situación en la “Macrozona Sur”.
De este modo, no transcurrieron dos semanas desde el fin del Estado de excepción de catástrofe tras 18 meses ininterrumpidos (1 de Octubre pasado) para que el gobierno de Sebastián Piñera aplicara un nuevo Estado de excepción de emergencia, esta vez para 4 provincias del Biobío y la Araucanía (13 de Octubre).
La aplicación de esta nueva excepcionalidad tiene como objetivo consolidar el despliegue que las fuerzas armadas vienen ejecutando desde fines de febrero, esta vez, incorporando la posibilidad de que sus contingentes participen en operaciones de apoyo directo a las policías.
Tras la aplicación de la medida por 15 días, Piñera prorrogó la medida una vez más a fines de octubre. La fecha de término de esta extensión finaliza el próximo 11 de noviembre. Una segunda prorroga requiere de la aprobación del Congreso, motivo por el cual, Piñera anunció el martes 2 que solicitaría la extensión de la medida al parlamento en los próximos días.
El miércoles 3, un día después del anuncio de Piñera, se produjo el supuesto enfrentamiento entre grupos mapuche y efectivos policiales y de la Armada, donde es asesinado Jordan Yempi Machacan, comunero mapuche de 23 años, quien recibió impactos de bala presuntamente percutados por infantes de Marina en el marco de una protesta en la ruta que conecta Cañete con Tirúa. Todo parece indicar que sería el primer muerto como resultado directo de operaciones militares en la zona tras la aplicación del Estado de excepción de emergencia.
La conclusión que se desprende de todo esta “genealogía” en torno a los Estado de excepción aplicados por Piñera en su segundo gobierno cae por su propio peso: Piñera quiere incendiar nuevamente el país, comenzando por Wallmapu. El Congreso no debe permitirlo.
Bonus Track: regresiones autoritarias
Tal como indicamos en el inicio de esta columna, dejaremos un “bonus track” para que las historiadoras e historiadores del futuro tengan a disposición algunos insumos que les permita documentar las regresiones autoritarias que viene incubando la derecha y que, por supuesto, se encarnan en su actual primus inter pares y principal candidato presidencial del sector, José Antonio Kast.
En el programa de su primera incursión presidencial el año 2017, el abanderado independiente de la extrema derecha proponía la siguiente medida (punto 3 incorporado en la sección “Estado de derecho”): “Declaración de Estado de Emergencia en la Araucanía y envío de Fuerzas Militares para ejercer labores de vigilancia y control, liberando a las Fuerzas Policiales para la investigación y persecución de los delitos terroristas […] En uso de las facultades que confiere la Constitución al Presidente de la República, el día 11 de marzo de 2018 declararé Estado de Emergencia en la Región de La Araucanía”.
Cuatro años más tarde, Estallido y proceso Constituyente mediante, José Antonio Kast lleva a un extremo sus posiciones autoritarias, al proponer en el punto 46 de su programa “ampliar las atribuciones del Estado de emergencia”. En casos de grave alteración al orden público o daño a la seguridad de la nación –continúa el programa de Kast– “el Presidente de la República debe tener la facultad, junto con restringir libertades de locomoción y reunión, de interceptar, abrir o registrar documentos, y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención”.
