Opinión
Estos más de 30 años desde el inicio de la transición en América Latina, muestran con creces que, cuando todo se supedita a los intereses políticos, la democracia no solo no se consolida sino que también se corrompe, truncando la expectativa de los ciudadanos de llegar al desarrollo, dejando a los países prendados de unas élites (o una persona) que se quedan con todo. Ya van varios países: Nicaragua, Venezuela, la autocracia de El Salvador, el populismo de Brasil, la debilidad de Honduras y Guatemala. Y Chile, ¿entrará Chile en esa categoría? Sin democracia plena, no parece posible llegar al desarrollo.
En un momento de tensión política las encuestas se usan para el molido y el fregado, sin que como país tengamos los estándares internacionales que aseguran un piso mínimo a este instrumento. Ello incluye un nivel de transparencia que desnude las manipulaciones.
Vale recordar las diferencias que nos separan del primer mundo.
Las encuestas deben resguardar los intereses de los votantes en una democracia y los medios tienen enorme responsabilidad en la precisión y calidad de lo que publican para concretar esa misión. Los medios fijan la agenda y hacen conversar a la élite sobre los temas que se publican. Entre ellos, los números de encuestas que instalan como “ciertos”. Las elecciones primarias probaron que pueden crearse realidades artificiales con números de encuestas publicadas.
La pregunta es si acaso no está pasando lo mismo ahora.
En American Association for Public Opinion Research (AAPOR) instalaron, junto con WAPOR, un registro voluntario de transparencia para los encuestadores. Cualquier empresa puede aplicar y, si cumple con las condiciones, ser admitida a la iniciativa, certificando el mayor grado de transparencia de la industria en el mundo. No hay que descubrir América en el mapa de nuevo, cuando se juntan para ver por qué las encuestas fracasan, o fracasarán. Los que dicen que no se puede hacer el trabajo, la recomendación es que se revise la literatura, por una parte, y, por otra, la práctica del primer mundo. Las respuestas están todas ahí, no hay mucho más que agregar. Solo trabajar bien para llegar al puerto es medir correctamente la intención de voto de los chilenos. Es como si de repente en Chile no se pudiera producir queso porque las vacas chilenas son diferentes a las vacas en otras partes donde sí se produce queso. Medir intención de voto es tan fácil o difícil como producir un queso. Se puede hacer muy bien, como lo hacen los franceses, o se puede hacer muy mal, agregándole papa, por ejemplo, para que quede con sabor a nada. Pero decir que no se puede hacer… es un poco mucho.
He aquí lo que se requiere entregar como información para cada estudio si se quiere ser admitido en la iniciativa de transparencia de AAPOR-WAPOR. Cabe señalar que, si eres capaz de ser admitido en esta iniciativa, lo más probable es que sepas de antemano cómo medir intención de voto correctamente.
Aquí el índice de lo que se requiere para ser transparente. De más está decir que, antes de comenzar para cumplir con estas condiciones, hay que haber diseñado todos estos componentes de un estudio.
En esa transparencia caen todos los problemas de aplicación, como falsificación, supervisión, mala aplicación, con lujo de detalles. Pero también cae la declaración de las limitaciones. Es como cuando vas al médico y te dicen los efectos secundarios de un remedio, las ventajas y las desventajas. En las encuestas electorales es lo mismo. Los paneles, por ejemplo, tienen el problema de que no son aleatorios, subestiman la población más pobre, menos educada y los de más de 60 años. Eso se puede corregir en parte con un ponderador, donde uno multiplica por más de uno a los pocos miembros que lograste entre los más pobres, los mayores de edad y los que tienen menos educación. La iniciativa de transparencia te llama a dar a conocer el ponderador de tal manera que se sabe cuando el 25% de la población que tiene educación básica está representado en la muestra por 5 personas o por 200 personas. Porque con el voto pasa que no puedes suponer que las cinco personas piensan igual que las 200, que es lo que sucede cuando ponderas ( multiplicas a cada una de las 5 personas para que se vean como 200).
La iniciativa de transparencia también te obliga a que reveles la dispersión de la muestra. Es decir, si todas las entrevistas vienen de 5 lugares o de 100 lugares a lo largo del país. De la misma manera, suponer que el que está en Arica vota igual que el que está en Pitrufquén, lleva a un error. Finalmente en los estudios panel es difícil saber si la persona que está registrada en el panel es la que contesta o bien es otra persona. La madre le puede pasar la encuesta a un hijo para que conteste, por ejemplo. Ello requiere que se supervise y se llame a un cierto número de entrevistados para asegurarse de quiénes contestaron. Muchas encuestas panel no tienen supervisión telefónica. Eso retrasaría mucho la entrega de resultados. Así podemos seguir muchas líneas más describiendo todas las posibilidades de error que tienen las encuestas y que un encuestador electoral debe controlar para acertar en el resultado.
En Chile prohibieron las encuestas 15 días antes de las elecciones por la sospecha de manipulación que tuvo el Tribunal Constitucional (TC). La ingenuidad es máxima del tribunal, ya que la manipulación del sistema político se da cuando los partidos “hacen” encuestas para elegir candidatos, para no decir que lo hicieron a dedo. Un año antes de las elecciones, cuando las encuestas no tienen siquiera rendición de cuentas por gasto electoral, es que se usan para el molido y el fregado, y cualquier conjunto de preguntas en cualquier conjunto de personas se transforma en un instrumento político que se usa para tomar decisiones. Ahí nadie está resguardando los intereses de los electores en la democracia.
Hoy hay un proyecto dormido en el Parlamento para rebajar esa cantidad de días, pero agregar una serie de condiciones para las empresas encuestadoras.
Desde luego que esa iniciativa dibuja una serie de condiciones que, por una parte, no abordan los temas relevantes para conocer realmente la calidad del dato que se produce, pero sí agrega una serie de temas aparentemente importantes como, por ejemplo, la vinculación de las empresas con otras, sin embargo, irrelevantes para la calidad del dato.
La objetividad de las encuestas no está sujeta a la vinculación de una empresa con otra sino a la correcta aplicación de un método y su rendición de cuentas. La creencia de que una encuestadora no cometería errores o fraude porque no está vinculada al gran capital es de una ingenuidad supina. Supone una hipótesis de vinculación política necesaria para cometer fraude y manipulación de datos.
La industria de las encuestas funciona con el incentivo con que una sociedad, un país, premia a los que aciertan y castiga a los que se equivocan. La única meta entonces es la realidad que manda en una elección, el resultado incontestable.
Las encuestas no necesitan regulación para hacerse bien, necesitan solo un sistema de evaluación racional que premia y castiga por resultados. Solitas se las arreglan para tratar de acertar. De otra manera, pueden poner todas las reglas del mundo y se seguirán equivocando y manipulando si el costo de hacerlo mal es igual a cero.
En la elección de mayo de 2021, los 16.230 candidatos usaron 70 empresas, comisionando no más de 156 encuestas según el Servel, de las cuales solo tres eran organizaciones profesionales de encuestas. ¿Existen las encuestas políticas profesionales en Chile, cuando solo 156 de más de 1.600 candidatos eligen preferentemente organizaciones no profesionales para hacer sus encuestas electorales? ¿Son inútiles las encuestas para esos candidatos, ya que la inmensa mayoría no las usa? ¿Son tan pobres los candidatos que no pueden hacer encuestas? ¿Creen los candidatos que las encuestas no sirven para su elección? A la luz de esa información, nadie diría que existen las encuestas políticas profesionales para las elecciones. ¿O es que engañan al Servel y presentan boletas que dicen haber hecho encuestas y hacen otra cosa? ¿Recibe el Servel la factura sin controlar o saber si se trata efectivamente de lo que dice la factura?
El tema de las encuestas, su producción y publicación no se pueden abordar por medio de una ley, si bien es cierto que hay unos 45 países donde hay prohibición de algún tipo, y lo intentaron incluso en Francia. En la elección de 2017, los suizos y los belgas hicieron y publicaron resultados el día antes de la elección y no pudieron hacer nada contra ello. La ley queda obsoleta cuándo se puede baipasear de esa manera. La ley francesa de prohibición de publicación de encuestas de facto no funciona.
La ley que prohíbe la publicación de encuestas no comienza a abordar el problema de la transparencia, ni de los estándares que serían los temas que el Estado podría abordar, incluso sin necesidad alguna de regular. Esa ley intenta resguardar los intereses de los que tienen el poder político, que se sienten amenazados por los datos de opinión. Es una ley de autoprotección del poder político. No tiene nada que ver con el interés de “resguardar los intereses de los electores”.
Lo más peligroso para la democracia es que los medios de comunicación reportan, mal representando preferencias electorales, sacando conclusiones que no están respaldadas por los datos. Recientemente un titular decía “65% de los chilenos no le convence ningún candidato”, dando a entender que la elección estaba completamente abierta, cuando en Chile desde 2012 no vota la mitad de la población, por lo que solo estaba abierta para el 15% de los chilenos. La misma encuesta no tenía ninguna estimación de la participación electoral ( un tema casi no abordado por los medios, es casi un “tabú”, la caja negra de las elecciones sobre la cual no hay información, hemos tenido 7 elecciones y no hay ni una investigación sobre el tema)
Los medios partisanos, no independientes, tienden a tildar titulares y mensajes de acuerdo con la línea editorial del medio. Esos son intentos reales de conducir, convencer, hacer cambiar de parecer a los electores, que nada tienen que ver con los 15 días de prohibición antes de una elección. Es ingenua y desinformada la actitud del Tribunal Constitucional y de los parlamentarios que quieren controlar, prohibir y regular encuestas de opinión. Ello, porque no hay manera de impedir que el “encuestador” intervenga, como me dijo un senador por escrito en una carta hace años. ¿Quién es usted para intervenir en la política con sus números? Eso es a lo que la prohibición de encuestas apunta, a impedir la “intervención”.
La única manera de impedir la “intervención” es suprimirlas del todo. Son tantas veces los políticos los que creen que tienen el poder de “resguardar” los intereses de los votantes, impidiendo que tengan información del adversario. Las encuestas fuerzan , cuando están bien hechas, al sistema político a enfrentar temas que no necesariamente son de su elección. La función más potente de una encuesta es revelar los aspectos ocultos que no se ven a simple vista. Eso es lejos lo que más molesta como “intervención” a los políticos. El hecho de que les desordena la agenda. Al empresariado tampoco le gusta que le digan en una encuesta que los chilenos están a favor de los sindicatos. La tarea del encuestador es decirle la verdad al poder.
No hay nada más potente que la transparencia, el control del público, una sociedad abierta que exige los más altos estándares.
Siendo el tema tan simple, el método solo tiene que comprobar con lujo de detalles que se considera a todos y no cualquiera. Si lo puede comprobar, puede también medir correctamente la intención de voto.
No solo se disputa sobre si se puede o no medir correctamente la intención de voto, sino también se disputa sobre si sabemos quiénes son los votantes que llegan a votar el día de la elección: el votante probable.
¿Quiénes van a votar en Chile? A juzgar por la molestia de la gente en una feria en esta campaña electoral, la probabilidad de que vote menos gente que lo usual está presente.
Los resultados electorales entregan a grandes rasgos los segmentos de población que más votan y menos votan. Se pueden distinguir los siguientes grupos:
¿Es esta una elección competitiva o una que desincentiva el voto? Hay dos dimensiones sobre ello, una es que la gente ve una amenaza: por una parte, la amenaza de la extrema derecha, y por otra, la amenaza del Partido Comunista. Esto puede gatillar masivos votos estratégicos, donde la gente vota “en contra de…”, pero también en el ambiente de anomia puede gatillar abstencionismo, desidia y frustración. ¿Sabemos cuál de las dos se instalará el 21 de noviembre? Tampoco hay investigación sobre este tema.
Para saber quiénes votan es indispensable conocer también la vida electoral de los chilenos.
Votan siempre: Un tercio de la población ha votado siempre. Estos son mayormente los votantes antiguos que estaban inscritos antes de la inscripción automática.
No ha votado nunca: No ha votado nunca cerca de un 10%/15% de la población electoral.
Votantes ocasionales: la mayor parte de la población. Cerca del 55%/60% de la población vota en algunas elecciones.
Hay una tremenda confusión con el supuesto “cambio” del voto de los chilenos. De facto lo que sucede es que de elección en elección votan DISTINTAS personas, no es que una persona cambie su voto, sino que una deja de votar y otra vota. Se activan los votantes de un tipo, se desactivan los votantes de otro tipo (en la pandemia se vio con claridad que dejaron de votar los más viejos y se activaron votos de los jóvenes). Lo que sucede en esta elección es que hay cerca de un 10%/15% que está decidiendo dos cosas: los que les gusta un candidato pero no están seguros de llegar a votar por él ese día, y los que quieren ir a votar de todas maneras pero no saben por quién votar todavía.
Otra cosa es que un candidato despierte un electorado dormido que hace muchas elecciones que no vota, ese puede ser, por ejemplo, el voto pinochetista que ha estado dormido. O bien el elector joven que ha votado alguna vez, pero hace tiempo que no vota. Dos segmentos distintos del electorado que pueden ser activados para cambiar los resultados de la elección. Esas cosas que están pasando en esta elección y producen tremenda angustia en muchos actores sociales y políticos, más que nada porque no se ha medido el fenómeno y sus dimensiones. El tema de la participación electoral no se toca para nada, es una caja negra donde parece que no se quiere entrar con una ampolleta para ver qué hay.
Lo más predecible es el voto de los más viejos, de los cuales se tiene más información. Me imagino que al menos es de conocimiento público que el voto voluntario mató una parte de esa participación, la de los más viejos, porque los viejos de los sectores populares dejaron de votar ( ahí está el pinochetismo sociológico, la «UDI popular» que puede estar activando Kast).
Los jóvenes se pueden estar activando también con la amenaza de que llegue a la Presidencia la ultraderecha.
Ninguno de esos dos segmentos son los usuales que votan en las elecciones. Claramente no en la de mayo. Es decir, esto puede ser muy distinto que mayo, pero votará la misma cantidad de gente, solo que habrán cambiado los que llegan a la urna.
Algo que defender: La socialización del voto sucede a lo largo de la vida en la medida que las personas tienen algo que defender. Los ciudadanos que no tienen nada, que no se sienten incluidos, parte de una comunidad, no votan, no hay nada que defender. Cuando las elecciones son competitivas, se activan valores que defender. Este puede ser el caso, si la anomia no domina con su lejanía de la política.
Hacer diferencia: El otro motivo para votar es creer que el voto hace diferencia para que las cosas cambien. El llamado al cambio es otro motivo para activar votos. Si se logra transmitir que el voto puede producir cambio. Eso implicaría un aumento de participación electoral.
El voto es como muchas cosas en la vida un acto de costumbre, una persona que vota por primera vez, sin importar a la edad en que comience a votar, tiene alta probabilidad de volver a votar.
El voto también es un valor colectivo: las personas que viven en comunidades donde sus amigos y familiares votan, suelen votar, es decir, el voto es un acto de valor comunitario también. Por eso es tan difícil convocar a los que no han votado nunca, porque normalmente se encuentran en entornos aislados difíciles de penetrar.
La probabilidad de votar declarativa no es suficiente de conocer, tiene que estar filtrada por lo arriba mencionado. Se confirma la probabilidad de voto de una persona en la medida que también confirma los otros elementos que hacen del voto un valor.
En Chile a la probabilidad de votar hay que agregar las dificultades logísticas mencionadas más abajo: lugar, transporte, barreras, domicilio electoral. Una persona puede declarar que va a ir a votar y tener un candidato seguro, pero vive lejos de su inscripción y no podrá votar. Muchas veces la sobredeclaración del votante probable es también por este tipo de razones. La voluntad de ir y la logística que humilla al votante porque lo deja fuera del acto de votar.
Finalmente los derechos políticos de los votantes son cruciales a la hora de evaluar los otros componentes del acto de ir a votar.
Las personas sienten que sus derechos políticos a “elegir” están dados en la medida que sus “opciones” están presentes en la elección que se les presenta. El binominal restringía las opciones y alejaba a las personas de la urna. Los obligaba a votar por opciones que no eran de su elección, sino solo por conveniencia de los pactos de la coalición. La persona solo podía elegir una coalición, el resto estaba bastante determinado de antemano.
En esta elección hay gente que dice “faltan candidatos”, uno que sea como a mí me gustaría.
A partir del 2015, con la nueva Ley Electoral, se abre una gama de posibilidades de “elegir”, porque se abre el sistema político a tener candidatos con mayor diversidad, representando a más grupos distintos. Aparecen las minorías. La elección de mayo de 2021 es en parte resultado del estallido social, pero en gran parte resultado de la reforma legal que permite diversas opciones. Es decir, sin estallido, solo por diseño de la Ley Electoral, se habría abierto el abanico de opciones con las minorías presentes. Esta elección 2021 es la primera sin vestigios de binominal, vale decir, se implementan los nuevos distritos tanto para senadores como para diputados en su totalidad. La elección de senadores en la Región Metropolitana está siendo un tremendo desafío porque es como un pequeño país de 5.9 millones de habitantes. Cada una de las 54 candidaturas a senador en la RM tiene que desarrollar una estrategia “presidencial” de campaña para ese enorme electorado. Son cinco minielecciones de Presidente. Interesante será ver cuál es el corte de la cifra repartidora que dependerá de la participación electoral que ha sido históricamente más alta en la RM que en el resto del país. La participación histórica promedio de la Región Metropolitana ha sido de aproximadamente 2.5 millones de electores.
Es aquí donde empiezan a operar los componentes de la integridad electoral para que los derechos políticos se puedan ejercer plenamente, básicamente en tres dimensiones:
Aquí el sistema político chileno tiene la mayor cantidad de fallas: la desigualdad de acceso es evidente, la desigualdad de la capacidad de competir por desigualdad de acceso a financiamiento. El sistema político chileno hace agua en sus reglas de integridad electoral, que aquí dejamos enumeradas. Los ciudadanos no solo sienten sino que también saben qué hacer para llegar a ser nominado, y para ser elegido, se requiere mucho más que la sola capacidad del candidato. Por eso la elección de la Lista del Pueblo fue tan aplaudida, porque logró romper esas desigualdades, barreras de acceso.
Al mismo tiempo el sistema político no tiene los resguardos mínimos para filtrar, seleccionar a los candidatos por sus condiciones éticas y de integridad. Los sucesos de 2021 con distintos candidatos muestran que las reglas fallan por todos lados. Hay un candidato a la Presidencia que no está en Chile durante la campaña. No ha pisado tierra chilena a 15 días de la elección.
En el tema del financiamiento el sistema está muy mal pensado, porque los candidatos de facto piden a las empresas que contratan si les pueden pagar después de la elección, cuando reciban el dinero del Servel. El nivel de desigualdad que eso crea es infinito. Y para qué decir el nivel de fraude que eso puede estar permitiendo, porque se pueden inventar boletas por cosas que no se hacen. Servel se puede demorar más de 6 meses en “devolver” los fondos a los candidatos.
Al mismo tiempo no está para nada normado todo lo que las personas que quieren ser candidatas gastan para ser nominadas como tales. Los períodos de selección de los candidatos no están normados ni en procedimiento ni en financiamiento. Ahí es donde más se manipula con encuestas, que no tienen financiamiento conocido.
Ello para mencionar algunos de los problemas del sistema electoral chileno que distorsiona el acceso al voto.
Otro de los componentes centrales de la integridad del voto es la igualdad de condiciones de los votantes el día de la elección.
Los chilenos tienen grandes desigualdades el día de la elección para llegar a la urna:
Los locales de votación deberían estar lo más cerca posible de los ciudadanos, para que estos pudieran ir a votar a pie, usando poco tiempo. Eso solucionaría una parte importante de la barrera que tienen muchos votantes. Hay chilenos que declaran que quieren ir a votar pero no lo consiguen por las dificultades de acceso a la urna el día de la elección.
Pero el padrón electoral no tiene bien registradas las direcciones de los chilenos, por lo que le resulta difícil hacer una adecuada distribución de los locales de votación. La información del Estado está lejos de ser la óptima, y el Servel no es una excepción. La famosa auditoría del padrón no contempla la verificación de domicilio, que es lo más relevante para resguardar la integridad del voto.
Chile tiene registros paralelos de ciudadanos: SII, Registro civil, Seguro de Cesantía, AFP, Registro Civil y Servel. Es un caos autoconstruido, ineficiente y anticuado. El Estado debe tener UN registro de ciudadanos, basado normalmente, en la mayor parte de los países, en el Registro Civil, donde están los ciudadanos vivos.
El padrón electoral chileno tiene chilenos muertos, no sabemos cuántos, pero eso sin duda afecta el cálculo de la participación electoral.
El padrón electoral tiene innumerables chilenos que están inscritos en una dirección no identificable. Es decir, el Servel no sabe bien dónde vive cada chileno que vota, me refiero a la manzana, calle, dirección correcta. Los municipios cambian los nombres de las calles, muchas veces los nombres viejos quedan en la señalética, el ciudadano pone el nombre de la calle nueva o viceversa. Esto es indispensable para determinar la dispersión de los locales de votación, por ejemplo, pero también para comunicarse con el votante en el caso de implementar un voto por correo.
Chile tiene que empezar a mejorar su sistema político, invirtiendo en su padrón electoral, entregando facultades al Servicio Electoral para hacer los cambios necesarios para mantener un padrón vivo y limpio.
El número adicional de chilenos que podría llegar a votar si se solucionan estos problemas de logística aquí mencionados es enorme. Puede llegar a ser desde medio millón o un millón de votantes. El Estado tiene que cuidar, acercar y darle señales al elector de que él es importante para el Estado. El sistema político tiene que señalar con medidas al elector que él es importante para la democracia. Pretender que el votante vaya a votar, maltratado como es por la configuración actual de sus derechos políticos, es bastante ilusorio. Humillar al votante tratándolo mal, no haciéndole saber lo importante que es para la democracia, es la mejor manera de mantener y aumentar el abstencionismo.
Aquí dejo algunos de los temas dentro de la gran especialidad del comportamiento electoral, que parecen relevantes para la elección del 21 de noviembre, algunos de los cuales están descritos en la literatura que hemos publicado.
Finalmente un aspecto indispensable en el proceso de medir intención de voto, resguardar los intereses de los votantes y ayudar con eso a la consolidación de la democracia, es seguir las recomendaciones de Merton, Noelle-Neumann, y grandes encuestadores como Yankelovic, Worcester, que lo han repetido una y otra vez. La ciencia empírica solo puede florecer en la interacción entre la academia y los que practican los métodos empíricos. Ningún hallazgo sucede sin la incansable prueba y testeo de nuevas formas y métodos para conocer la realidad. La condición sine qua non para que ello suceda es que exista una comunidad de pares que no esté prendada de la política y tenga su propia independencia. El profesionalismo por encima de los intereses políticos. La tarea primordial del encuestador electoral es resguardar los intereses del que vota. Esa debería ser la tarea primordial de los medios de comunicación, por encima también de los intereses políticos.
No solo a las encuestas de opinión, y a las encuestas electorales les queda un trecho largo por delante, sino también a los medios y al sistema político.
Estos más de 30 años desde el inicio de la transición en América Latina, muestran con creces que, cuando todo se supedita a los intereses políticos, la democracia no solo no se consolida sino que también se corrompe, truncando la expectativa de los ciudadanos de llegar al desarrollo, dejando a los países prendados de unas élites (o una persona) que se quedan con todo. Ya van varios países: Nicaragua, Venezuela, la autocracia de El Salvador, el populismo de Brasil, la debilidad de Honduras y Guatemala. Y Chile, ¿entrará Chile en esa categoría? Sin democracia plena, no parece posible llegar al desarrollo.
