Chile poselecciones: país fracturado y con camisa de fuerza

Las esperadas elecciones –primera vuelta– de este 21 de noviembre, trajeron como consecuencia un Chile empatado y lleno de profundas divisiones ideológicas y electorales, lo que se suma al proceso de fragmentación y deconstrucción de instituciones que ya venía de arrastre.

La interpretación de los guarismos presidenciales y de la nueva composición del Congreso Nacional, divididos prácticamente en dos mitades antagónicas –más allá de la fragmentación y tensiones al interior de cada una de ellas–, hace inevitable concluir que, a partir del 11 de marzo de 2022, nuestro país quedará políticamente “trancado”, paralizado, incluso en la distribución territorial del poder, cualquiera sea el candidato que en definitiva resulte elegido. 

Tal situación de forzado inmovilismo puede volverse catastrófica. Un país estancado, sin poder avanzar ni en las reformas a las que aspiran muchos chilenos, llenos de esperanza e ilusiones de un país menos desigual y con menos abusos, ni tampoco hacia una  especie de contrarreforma (o restauración) a la que aspiran otros tantos chilenos, insuflados de miedo y necesitados de seguridades que el Estado hoy no les está dando. 

Esto es una mala noticia para los acuciantes problemas del país, pues impide proyectar un proceso legislativo que funcione con normalidad y que no se vea paralizado durante largos cuatro años. Podría convertirse en una bomba de tiempo de muy mal pronóstico. 

Será muy difícil gobernar el país y, dado el nivel de polarización o radicalización en curso, es difícil que se logren mayorías parlamentarias relevantes para generar transformaciones importantes, del tipo que sean. Sin descartarse, por supuesto, algunos acuerdos ocasionales sobre puntos específicos, menores, fruto del diálogo entre los sectores más moderados de ambos megabloques. Pero nada indica, dado el contexto, que vaya a ser la regla general, ni mucho menos. 

Para peor, una situación así de estancamiento podría generar, cualquiera sea el Presidente que en definitiva elijan los chilenos, un riesgo de ejercicio gubernamental de talante autoritario, a través de decretos y subterfugios ad hoc, y posible irrespeto de la (cada vez más frágil) institucionalidad democrática del país. 

Así las cosas, la única salida política racional a este entuerto es apostar todo a un trabajo normal y fructífero de la Convención Constitucional, para que esta pueda redactar y presentar al país, con el acuerdo de grandes mayorías en su interior, una nueva Constitución Política, que contenga las reglas básicas para volver a hacer gobernable –y viable– a nuestro país, y sirva de camino de reencuentro cívico entre los chilenos. Con transformaciones importantes, qué duda cabe, pero consensuadas por a lo menos 2/3 de sus integrantes, y aceptada por la gran mayoría del país en el plebiscito de salida en un año más. 

Por supuesto, el nuevo Gobierno, del color que sea, debe respetar con criterio riguroso la ética ciudadana que decidió el camino del cambio constitucional, sin intentar influir en su interior. El trabajo de la Convención Constitucional es un proceso en marcha que debe respetarse y apoyarse. Esta aparece como la solución o salida política para evitar un empate catastrófico que juegue o a la restauración del viejo sistema, o a la refundación incondicional del Estado de Chile.

En caso de triunfo en segunda vuelta del candidato José Antonio Kast, existe el riesgo de que intente usar el Congreso Nacional para entorpecer el trabajo de la Convención Constitucional, para suplir la minoría del Rechazo en su composición, de la cual es portaestandarte, lo que sería un error grave, pues transformaría el aludido empate político en algo ruinoso para la institucionalidad del país y su paz social.