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Desde el Gobierno señalaron que apelarán a la medida acusando desproporción en la sanción. En La Moneda explicaron que durante la pandemia hubo más de tres mil solicitudes, y que la sanción se refiere a menos de doscientos.
Por no haber dado respuesta a 162 solicitudes de entrega de información, el Consejo Para La Transparencia multó al Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. El aludido funcionario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública apelará y afirmó que llegará hasta las últimas consecuencias ante «la desproporción» del asunto.
De acuerdo al organismo presidido por Gloria de la Fuente, «se denegó infundada y reiteradamente la entrega de la información solicitada a la Subsecretaría del Interior, en los plazos y formas establecidos en la Ley N° 20.285». Razón por la cual el CPLT resolvió, con fecha 22 de noviembre de 2021, multar a Galli con el 30% de su sueldo de un mes.
En La Moneda habría molestia ante las sanciones por atraso de respuestas de transparencia durante el estallido social y la pandemia. Desde el Gobierno, según consignó Emol, recalcan que «se formularon cargos por solo 162 respondidas fuera de plazo, que es el 3% del total ingresadas».
Aseguran que, entre marzo del 2020 y el mismo mes del 2021, recibieron 4.629 solicitudes de entrega de información.
«En el contexto de pandemia y estallido hubo un aumento de requerimientos, donde el nivel de exigencia para la subsecretaría aumentó significativamente», resaltaron desde Palacio.
El subsecretario Galli, por su parte, apelará a la medida del CPLT y aseguró, de acuerdo al medio electrónico, que «llegará hasta las últimas consecuencias ante la desproporción de la situación».
Además de Galli, el CPLT acusa al jefe de la División Jurídica, Cristián García Huidobro y al jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, de entregar fuera de plazo información solicitada.
«La falta de respuesta dentro del plazo legal establecido para ello, implica una denegación infundada en la respuesta y en la entrega oportuna de la información en los casos en que no concurra una causal constitucional o legal de reserva o secreto», sentenció el Consejo.
