Carlos Montes y la crisis de la vivienda en Chile

Carlos Montes Cisternas, flamante futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, es plenamente consciente del reinado de la peor crisis habitacional de los últimos treinta años en nuestro país. Por ello solicitó a sus pares presidir la Comisión de Vivienda del Senado en junio del 2020 y debió aceptar la enmienda del Presidente electo como una responsabilidad que pudo tomarse como histórica.

Montes es un conocedor de estos desafíos. Fue miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados durante doce años, entre 1990 y 2002, período en que se atendió el déficit habitacional cercano al millón de viviendas, heredado de la dictadura, con una política que construyó cerca de 65 mil unidades por año, pero que ha sido duramente criticada por la nula calidad de sus viviendas y por la formación de barrios segregados. Montes fue protagonista en este proceso y podrá reconocer que esta fórmula ahora es inaceptable.

La crisis de la vivienda actual atraviesa una espiral vertiginosa como en 1990. El Presidente electo reconoció esta semana, en el Congreso Futuro 2022, que el país tiene un déficit habitacional no menor a 600 mil viviendas y más de 80 mil familias están viviendo en tomas de terrenos, que –según indican los informes internos de tomas de terrenos del Minvu– no se han detenido desde octubre del 2019, probablemente empujadas por las imposibilidades de acceder a una vivienda propia, por la escasez y el aumento del valor de los arriendos y el consiguiente aumento de las familias que viven allegadas.

Durante el primer tiempo del próximo Gobierno, Montes estará armado de herramientas de gestión pública habitacional que en su calidad de senador ha calificado de insuficientes, por lo que su posición frente a Ley de Integración Social 3.0, que se vota esta semana en el Parlamento, será relevante. Probablemente, en su segundo tiempo, estará a cargo de la implementación de una política habitacional dictaminada por los mandatos de una nueva Constitución. En esta transición, el Gobierno deberá aclarar su voluntad política de atender la crisis habitacional y el estallido de conflictos sociales, como la situación de la comunidad de Lo Hermida y los propietarios de la Viña Cousiño Macul, en la comuna de Peñalolén, por mencionar un ejemplo.

En la propuesta programática de vivienda de Gabriel Boric se encuentra formar un Plan Habitacional de Emergencia. Carlos Montes, como presidente de la Comisión de Vivienda, preparó su financiamiento durante la negociación del Presupuesto 2022 del Minvu. Este plan debiese dirigirse a atender la crisis humanitaria en los campamentos y la suspensión de los desalojos, al traspaso de terrenos fiscales eriazos a disposición de la construcción de viviendas, como a la implementación de Planes Estratégicos Locales, bajo modelos de gobernanza democrática y con participación popular vinculante, entre otros puntos.

Carlos Montes es consciente del desafío histórico. Las organizaciones y movimientos de pobladores y pobladoras también, y hemos estado deliberando colectivamente para impulsar una Iniciativa Popular de Norma Constitucional que busca que se reconozca el derecho de nuestras familias a la vivienda digna. En esta columna intenté mostrar algunas de las propuestas de los pobladores, que esperamos puedan ser consideradas y escuchadas por las nuevas autoridades de Gobierno, del Parlamento y de la Convención Constitucional, con miras a atajar la grave crisis de vivienda en las poblaciones y campamentos.