Sergio Micco, director del INDH, sale en su propia defensa: «Las acusaciones en mi contra son infamantes y abusivas»

Al Director del INDH se le ve muy contrariado. No hace mucho se lo acusó mediáticamente de encubridor en el caso de una persona de Hualpén que desapareció, presuntamente a manos de carabineros, al comienzo de la crisis social y de espiar a un sindicato de la institución que dirige.

«Desde la crisis social hasta hoy, hemos sido blanco de toda clase de ataques, constituyéndose una verdadera persecución ideológica en mi contra, ahora también con manifiestos intereses económicos. Se ha acusado al INDH, y en particular, a mi persona, de no haber presentado una querella criminal en contra de Carabineros de Chile que presuntamente lo hizo desaparecer, en la comuna de Hualpén el 20 de octubre del 2019», declara Micco, abiertamente molesto por lo que considera una «acusación intolerable».

«La oficina regional del INDH ha señalado que hasta el día de hoy no hay antecedentes para presentar una querella, lo mismo ha estimado la Unidad de Protección de Derechos del Instituto. Sin embargo, se hizo una acusación en el marco de una demanda laboral interpuesta en contra nuestra por un funcionario del instituto que, dos años después de acontecido los hechos, ha reclamado que por esta causa, entre otras, ha sufrido como profesional, un daño moral que su abogado ha cuantificado en 80 millones de pesos para él.

-¿Por qué considera que la acusación es intolerable?

-Porque es infamante y abusiva. Porque el funcionario que presentó la demanda sabía muy bien que la oficina regional, encargada de presentar las querellas, consideró desde el primer momento y así me lo ratificó hace dos semanas, que no hay antecedentes para presentar una querella criminal, porque no existen indicios suficientes para involucrar a agentes estatales en el extravío de esta persona. Comprenderá usted la seriedad de afirmar lo contrario. Eso lo sabe muy bien el denunciante, porque él, siendo jefe regional subrogante nunca la presentó formalmente. Esta decisión fue refrendada por la Unidad de Protección de Derechos Humanos y por el asesor de la Dirección que ve estos temas. Esta acusación es incalificable pues, instrumentaliza la expresión detenidos desaparecidos, de trágico recuerdo para la inmensa mayoría de chilenos y se ideologiza indebidamente el drama de más de 8000 familias que anualmente sufren el extravío de un ser querido que con horror para ellas es calificada de presunta desgracia. En Concepción no tenemos más que tres abogados que han presentado 260 querellas por violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis social; se imagina si se nos hace responsable de investigar los dramáticos de cientos y cientos de casos de personas extraviadas que se producen año a año en esa región. Nosotros no tenemos facultades ni capacidades para desempeñar los roles de fiscales, ni detectives  ni jueces. Nuestro deber es estar activamente atentos a las eventuales denuncias que recibimos cuando se nos informa que podrían haber agentes estatales presumiblemente involucrados, y existen indicios suficientes que hagan razonable y seriamente plausible dicha hipótesis inicial.

-Pero el funcionario, Harún Oda, que presentó una demanda de tutela laboral en su contra, asegura que sí pidió la querella

-Todos los jefes y jefas regionales del INDH ha apoyado a Carolina Chang, nuestra jefa regional del Biobío, su jefa directa. Eso demuestra que esta acusación no sólo es falsa sino que afecta a todo el trabajo que realizó el INDH tras el 18 de octubre del 2019. Son 3101 querellas que hemos presentado en todo el país en contra de agentes estatales que por violaciones a los derechos humanos. Quiero señalarle que no he rechazado ninguna de esas propuestas de querellas por parte de las oficinas regionales, y son más de tres mil, y ahora se nos presenta como encubridores.

-Aunque la acusación es bastante grave, más aun cuando existe un testimonio que asegura haber visto su detención

-Por cierto que es grave. Pero no hay ningún otro testimonio como el que me indica. Esta persona además no logró identificar qué carabineros pudieron haber detenido a esa persona en Hualpén, cuando se realizó la respectiva ronda de reconocimiento. La persona extraviada  salió un día 20 de octubre a retirar su pensión y hay videos de cámaras de seguridad que demuestran que el sobrino que lo acompañaba a cobrar su pensión, lamentablemente fue asesinado poco después por un particular. Los familiares, nunca presentaron denuncia, ni volvieron a consultar al INDH de su caso. Cómo se puede apreciar el extravío de esta personas no tiene que ver con las protestas sociales. Sin embargo, justamente porque tuvimos a la vista el testimonio que se indica, presentamos el recurso de amparo y fue designado además el fiscal de derechos humanos de la región, quien hasta la fecha no ha formalizado a ningún carabinero. Tenemos que ser muy cuidadosos en el caso de las denuncias de detenidos desaparecidos. En el caso de las protestas sociales recibimos inicialmente 26 denuncias de este tipo y en todas ellas las personas extraviadas fueron habidas. 

-El funcionario Oda dice que sí solicitó la querella por este caso y que usted la rechazó

-El jefe de gabinete de la Dirección fue quien solicitó al denunciante que diera la información sobre este caso para conocer los avances del recurso de amparo. Es decir, quién tomó la iniciativa fue la Dirección nacional del INDH. ¿Y qué respondió el Sr. Oda?, que veía dos alternativas: analizar presentar una querella criminal o  iniciar una búsqueda con afiches de la persona extraviada. El INDH no tiene ninguna capacidad ni facultad para hacer esta última cosa. La pasividad del denunciante y la liviandad de su respuesta hablan por sí mismas. Debo insistir además en algo central: quien propone las querellas y las redacta es la jefatura de la oficina regional y este era el cargo que desempeñaba el denunciante en calidad de subrogante al momento de no enviar ninguna propuesta concreta de querella criminal. El denunciante ha sido subrogado en varias oportunidades al jefe regional y jamás la presentó, ni siquiera informó del avance de la investigación. ¿Y cómo iba yo a autorizar una querella que jamás existió respecto de un caso que hasta el día de hoy, insisto, se me informa que no hay antecedentes para presentarla? 

-El caso aun no está cerrado

-No, y evidentemente si llegaran nuevos antecedentes se analizarán en la oficina regional y expondrá su decisión a nivel central. Me llama mucho la atención que se impute públicamente la desaparición forzada de una persona, y que quienes lo han afirmado en medios de comunicación -patrocinantes además de la demanda laboral en la que se exige una indemnización– no aporten absolutamente ningún antecedente nuevo que respalde esta tesis, ni hayan hecho la denuncia, ante el INDH o ante la fiscalía. ¿Por qué el abogado patrocinante de la denuncia no la presenta si está tan seguro que procede?

-¿Entonces, no se ha adoptado ninguna medida?

-Eso es lo más paradójico. Somos los únicos que presentamos una acción judicial.  Los familiares nunca presentaron una denuncia, ni volvieron a consultar al INDH de su caso. Fue el INDH el que concurrió al domicilio de la madre de esta persona para recoger antecedentes. Como consecuencia de esa gestión, el INDH interpuso un recurso de amparo, que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Concepción. Hay que recordar que los tribunales son los primeros facultados para instruir la apertura de una investigación en caso de encontrarse ante indicios de un delito. Reitero que si aparecen nuevos antecedentes, en el recurso de amparo interpuesto por la oficina regional, se estudiarán las acciones judiciales que correspondan. Eso es un actuar responsable en un caso de como este. 

-Si asegura que actuaron de acuerdo a los protocolos, ¿a qué atribuye la demanda?

-Creo que el tipo demanda interpuesta habla por sí sola. Hasta la fecha no hemos sido notificados de esa demanda, pero ya se ha hecho un alegato infamante por varios medios de comunicación social. En mis tiempos, como estudiante de derecho de la Universidad de Concepción, se me enseñó que estos litigios públicos con fines publicitarios eran considerados contrarios a la ética profesional. Tenemos los antecedentes publicados por algunos medios. Creo que hay que tener en consideración cuál es el objetivo de la acción, estamos hablando de una demanda de tutela laboral en la que se pide una indemnización por daño moral. Lamentablemente, esto empaña el accionar del INDH con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente en el Biobío. 

-¿Esperarán entonces el resultado de la tutela laboral?

-Eso es imposible, no podemos esperar. Además, ahí solo se determinarán responsabilidades laborales. Es necesario que exista total claridad de lo que pasó y de lo que podemos hacer lo más pronto posible. Con ese fin, pedí que se constituya una comisión  al interior del INDH, que evalúe los informes presentados al consejo del instituto por parte dela Jefatura Regional y de la Unidad de Protección de Derechos Humanos, y de la Dirección, para confirmar que fue conforme a derecho y de nuestros protocolos judiciales el no presentar hasta la fecha esa querella criminal o la que correspondiere judicialmente en el caso de la persona extraviada, y también en el eventual incumplimiento de los reglamentos de carabineros en el uso de químicos en el agua del carro «Lanza aguas».

-¿Hay denuncias que han llevado a que se presenten querellas por detención forzada?

-Sí, en tres casos, entre el 2010 y el 2018, hemos presentado tres querellas por desapariciones forzadas ¿Significa que no haya habido más? No, pero sí podemos afirmar que no recibimos denuncias consistentes con una decisión de accionar penalmente. Eso mientras no surjan nuevos indicios que nos lleven a volver a analizar el caso. En los tres era evidente la participación de agentes estatales en la detención de la persona que nunca más se le vio. Cuando hablo de antecedentes, no me refiero a que la persona haya desaparecido, eso es evidente en el caso Monares, sino que la participación de fuerzas policiales en las desapariciones o extravío es bastante evidente o fácil de confirmar. En uno de esos tres casos, en el de José Huenante, se tomó cinco años para que el INDH presentara una querella criminal. Queremos ser lo más serio posible en estas denuncias. 

-En la misma demanda se le acusa de espionaje a través del chofer de la sede del Biobío.

-Puedo entender las distintas evaluaciones sobre la gestión que hemos llevado adelante, la diferencia de criterios respecto a lo que se ha hecho y estamos haciendo. Pero todo tiene un límite. Me tocó ser estudiante universitario en los años ’80, en plena dictadura de Pinochet. Fui dirigente universitario y, lamentablemente, me tocó conocer de cerca la acción de los que llamábamos “sapos”, en ese tiempo. Ese tipo de acusaciones no se condice con mi historia de vida, ni con mi proceder en el INDH. Por eso, instruí una investigación sumaria para conocer la verdad de los hechos y de derechos invocados en la acusación de malas prácticas al interior del INDH. Eso sí, puedo señalar que hay una denuncia de tres profesionales de la Oficina Regional de Ñuble protestando por que se les involucró falsamente en esta denuncia que avaló una de las asociaciones gremiales.