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Se responsabiliza al exuniformado por el mal uso de fondos asignados a la institución castrense por una cifra total de $ 6.374.996.162, y se ordenó el embargo de sus bienes por un monto de $6.500 millones. Asimismo, se dispuso que el militar en retiro ingrese nuevamente a prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
La ministra en visita Romy Rutherford sometió a proceso al excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, como autor de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar, por el uso de gastos reservados de la institución.
La magistrada responsabilizó, en esta etapa procesal, al general (r) por el mal uso de fondos asignados a la institución por un monto total $ 6.374.996.162, actualizados a la fecha y que corresponden al periodo entre marzo de 2006 y marzo de 2010.
Rutherford ordenó además embargo de bienes por un monto total de $ 6.500.000.000 y dispuso el ingreso de Izurieta a prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén; donde ingresó el pasado jueves tras ser interrogado por la magistrada.
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De acuerdo a la resolución, se reconoce a Izurieta como «autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos que prevé y sanciona el artículo 233 en vinculación con el artículo 238, ambos del Código Penal, perpetrado entre marzo de 2006 y marzo de 2010, relacionado con un perjuicio total provocado al Fisco de Chile ascendente a la época de los hechos a la suma de $3.975.900.659 y equivalentes a 116.166,7 UTM, que en la actualidad corresponden a la suma de $6.374.996.162».
Se precisa que el militar en retiro es procesado además por el delito reiterado de falsedad de documento público que prevé y sanciona el artículo 367 numeral 5° del Código de Justicia Militar en vinculación con el artículo 193 numeral 4° del Código Penal, «relacionado con las rendiciones de cuenta, declaraciones juradas y sus anexos, respecto de los gastos reservados correspondientes a los ejercicios presupuestarios de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 que fueron remitidas al Contralor General de la República de la época».
«A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 143 del Código de Justicia Militar, despáchese mandamiento de embargo sobre los bienes del encartado, para satisfacer en forma suficiente el pago de los perjuicios, fijando el monto en la suma de $6.500.000.000», detalla el documento emanado por el Poder Judicial.
Cabe recordar que la magistrada Rutherford interrogó durante toda la jornada del jueves al ex-comandante en jefe del Ejército, tras lo cual el general (r) ingresó al Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
La investigación se encuentra en marco del denominado «fraude del Ejército», donde Rutherford ya ha enjuiciado a los generales (R), Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, además del excoronel, Mauricio Orlando Seguel Albornoz. Izurieta era la única autoridad máxima de la institución castrense que no había sido procesado.
