Sobre crímenes y discursos de odio

El asesinato del conductor de un camión para el transporte de carga en el norte de Chile, cuyos eventuales responsables son tres inmigrantes venezolanos indocumentados, desencadenó nuevamente un paro de camioneros que afectó la libre circulación en las carreteras, instalando condiciones para deponerlo sobre la base de un petitorio que sobrepasaba el hecho puntual que motivó el acto de protesta.

Es preocupante que tanto en la militarización del sur como ahora del norte, los empresarios dueños de camiones, a través de los operadores de las máquinas (que carecen de autonomía en sus pronunciamientos), hayan sido actores gravitantes en la decisión decretada por la autoridad. Esto significa que la seguridad pública está condicionada a las presiones de este gremio, y que el gobierno de Piñera ha cedido a ellas porque, en gran medida, coincide con sus propios lineamientos en ámbitos como la política migratoria. Es decir, se han transformado de facto en un mecanismo de extorsión.

Esto explica que un sobreideologizado Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, se permita sugerir que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está “exportando” delincuentes hacia Chile, recordando la crisis migratoria cubana del año 1980, cuando miles de personas, que en su mayoría tenían nexos con los exiliados de Miami, emigraron desde la isla en embarcaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, país que les asignó el estatus de refugiados políticos.

El éxodo cubano tiene su origen en el asalto a la embajada del Perú en Cuba por parte de un grupo de civiles, quienes hicieron colisionar un autobús en el edificio de esa entidad, para luego recibir protección diplomática. La decisión del gobierno cubano fue habilitar Puerto Mariel y permitir que en ese lugar atracaran las embarcaciones para que emigrara desde Cuba hacia Estados Unidos quien quisiera. Sin embargo, cuando algunos refugiados políticos se vincularon al crimen organizado y el narcotráfico, Estados Unidos acusó a Fidel Castro de querer boicotearlos enviándoles a los parias de la sociedad.

Lo que aquí queda en evidencia es, por un lado, el enfoque racista y xenófobo de la teoría de Sergio Pérez, como si el hecho de que un delincuente fuera nacional o extranjero hiciera la diferencia, y por el otro, el aprovechamiento político del asesinato al conductor de un camión para posicionar un discurso de odio. Habría que recordarle al líder gremial que fue el gobierno de Piñera el que entregó una visa especial a los ciudadanos venezolanos que quisieran emigrar hacia Chile, como una forma de obtener réditos de la crisis humanitaria en el país caribeño en base a la agenda regional impulsada por el Grupo de Lima.

No es la primera vez que los camioneros bloquean las carreteras y bajo la amenaza del desabastecimiento, en poco tiempo consiguen sus demandas. Esto refleja el enorme poder de coacción que detentan gracias al monopolio en el transporte de carga. Y es que además un país militarizado en cada una de las zonas donde existen conflictos sociales no es un síntoma de fortaleza institucional, sino que precisamente de debilitamiento político, situación que el gobierno de Piñera ha profundizado, conduciendo a Chile a un momento dramático y de consecuencias incalculables, si se le suma a ello el descontrol de la pandemia.

Sostener que la migración es un problema de seguridad pública, enfoque que caracteriza la política migratoria diseñada por el gobierno y que ha sido agitada por el paro de camioneros, no hace más que excluir la perspectiva de los derechos humanos, si se considera que la mayoría de los inmigrantes que llegan a Chile, sean indocumentados o no, son gente honesta que solo busca mejores oportunidades. Estigmatizarlos como delincuentes o narcotraficantes es un discurso que peligrosamente ha ido ganando adhesión por su simplicidad, y que es el tipo de enunciaciones en que mejor se desenvuelve la extrema derecha, ya que siempre está allí donde no es necesario pensar.

Chile es un país con elevados índices de violencia, en el que semanalmente ocurren asesinatos, una gran cantidad de ellos son femicidios, y nunca esos hechos han comprometido el abastecimiento de bienes de consumo básico o la libre circulación por las carreteras. Es más, cuando son sindicatos u organizaciones sociales quienes emprenden ese tipo de actos, son repudiados de inmediato por la autoridad y los grandes medios de comunicación, y Carabineros no tarda en reprimirlos.

Este exceso de permisividad que se ha tenido con el gremio de camioneros solo puede explicarse en la connivencia que existe con una derecha cada vez más reaccionaria, pobre en su elaboración política, pero con gran capacidad de extorsión dado los medios que poseen los actores vinculados a ella, como el monopolio en el transporte de carga. Es que lo que aquí está en juego no es solo la justicia para la familia del camionero asesinado (que esperemos no tarde en llegar), sino que una demostración de fuerzas que sea un adelanto de la última gran batalla que puede disputar la derecha: el plebiscito de salida del proceso constituyente.

Un escenario de caos social y desesperanza le será favorable para blindar los últimos resabios de la defenestrada Constitución de Pinochet, de modo que el gobierno entrante tendrá la gigantesca tarea de reparar el daño provocado por el Piñerismo. Disputar el enfoque de las políticas públicas no es un asunto fácil, porque transformar las condiciones culturales, especialmente en cuanto al racismo que se ha normalizado en Chile, es un desafío que va más allá del ejercicio de gobernar un país.