Nueva Constitución: voluntad popular o voluntad de las elites

Todo el mundo sabe que la discusión en torno a la nueva Constitución es clave para el futuro del país. A su vez, sabemos que esto implica una lucha de poder en donde se juegan discursos, ideologías, culturas y también muchos intereses de desiguales magnitudes. Por esto, y por otras razones, sería ilusorio esperar que no hubiese estrategias para demoler el prestigio de la Convención, otras para debilitarla y otras para tomarla solo como tribuna propagandística de ideas irrealizables.

Quizás por lo anterior y por las primeras votaciones realizadas por el plenario de la Convención, hoy se puede valorar la importancia de los 2/3 para aprobar las normas constitucionales. Se trata de un proceso de tensos debates, de agotadoras jornadas para aprobar, por representantes de la voluntad popular, un texto que de cuenta de la diversidad de realidades y opiniones que existen entre nosotros las y los chilenos y que determinará nuevas reglas de convivencia o un nuevo pacto socio político. Este es un ejemplo de democracia.

Desde esta perspectiva es interesante —como lo recuerda Yascha Mounk en “El pueblo contra la democracia”— considerar la diferencia que establece entre democracia y liberalismo, para poner en perspectiva lo que está en discusión sobre la arquitectura de nuestra carta fundamental.

Para este autor, la democracia en su definición más básica es aquel sistema político que expresa la voluntad popular mayoritaria a través de elecciones y el sentido liberal es que sean respetados los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Estos dos componentes configuran, según él, la democracia liberal, que han marchado unidos y en tensión un par de siglos, pero que hoy han entrado en una crisis planetaria que amenaza tanto a la democracia como sistema político y a las libertades civiles y políticas como derechos.

La tendencia mundial de la amenaza populista (Trump, Bolsonaro, Bukele, Maduro y Kast por este continente), latente aún en Estados Unidos y en ejercicio en varios gobiernos de Europa y otros continentes es, señala Mounk, una fuerza que se apoya en la idea democrática de la voluntad de las mayorías, pues todos los populistas (por lo general “hombres fuertes”) llegan al poder por medios electorales y atizando la idea del respeto a esa voluntad del pueblo de cambiar el estado de cosas, de desalojar a las elites que se han despreocupado de las condiciones de vida de la gente común, pero que luego han procedido a devaluar y capturar las instituciones que protegen los derechos ciudadanos. A la inversa, existe una elite liberal no democrática que, respetando los derechos ciudadanos a reunión, expresión, libre circulación, la división de poderes, etc., no actúa políticamente respetando la voluntad popular, tanto al extender la creación de “organismos técnicos” autónomos de la voluntad popular (no electos) pero que son clave para la calidad de vida y la convivencia social o cuando esa elite gobernante no es capaz de traducir en políticas públicas efectivas los resultados electorales. Un buen diseño constitucional debiese resguardarnos de estos dos extremos.

Algunos elementos que han complejizado esta relación entre democracia y liberalismo político —y que deben ser considerados— son los fenómenos migratorios que han hecho más diversas las culturas que conviven en un Estado nacional, las redes sociales que han generado información global rompiendo las barreras locales y abriendo innumerables fuentes de información, así como la profundización de las desigualdades socio territoriales nacionales e internacionales en unas economías cada vez más interrelacionadas. Incluso, a nivel de países como Chile, se agregan factores clásicos como una alta dependencia de los grandes mercados mundiales, de las exportaciones de bajo valor agregado, la existencia de pueblos y naciones oprimidas producto del despojo y la cultura oficial monocolor y de una tradición autoritaria en que la fuerza resolvió los debates razonados.

El desafío actual consiste en que la Convención acuerde un texto por 2/3 que sea coherente y transformador, para superar tanto la crisis institucional, como de legitimidad ciudadana y adaptada al futuro. Su concepción y base institucional, debe superar el carácter de democracia de baja intensidad y redefinir los derechos fundamentales a garantizar. Debiese consolidar una democracia liberal adaptada a las condiciones nacionales y a la experiencia que viven las regiones y pueblos. Se trata de que las instituciones aseguren la efectividad de los derechos, incluidos los de las minorías; no discriminen en favor de las elites y aseguren que la política democrática permita que las decisiones electorales se reflejen en políticas públicas eficaces. En esto el derecho internacional de los derechos humanos es una buena guía.

A las voces que llaman a desconocer a la Convención (argumentando una supuesta ilegitimidad de origen o de proceso), o las de la oposición ultra de rechazo permanente en las votaciones de la Convención (ver: www.laconstituyente.cl), se suman ahora aquellas que la acusan de delirante y extremista, con la pretensión propia de alzarse como la posición de centro, “neutral”, razonable, componedora, pero que a la hora de proponer contenidos más parece una posición continuista de las bases institucionales que nos rigen desde 1980. En este sentido, sería bueno que esas posiciones asumieran un rol colaborativo, propositivo y abierto a los desafíos colectivos que vivimos en común, haciendo de la libertad, la igualdad y fraternidad valores compartidos.