Opinión
El sistema político estructurado no ha podido en 10 años concordar reformas de fondo sobre el sistema de pensiones, la educación y la salud. La Convención en cambio, sin procedimientos predefinidos, pudo organizarse, establecer los procedimientos, constituir una mayoría a partir de fuerzas extraordinariamente diversas y avanza en la elaboración de la nueva Constitución. Los críticos ya no pueden hablar de que los constituyentes no cumplan su tarea; ahora descalifican sus decisiones sustantivas.
Ampliamente difundido por la prensa ha aparecido el grupo “Amarillos por Chile” cuya declaración primigenia es firmada por 67 hombres y 12 mujeres liderados por Cristián Warnken que, desde El Mercurio, ha sido protagonista del intento frustrado de descalificar al proceso constituyente y la Convención Constitucional. Sostienen que el país enfrenta el peligro del “estallido institucional” como efecto de que la Convención puede llevar al país a un callejón sin salida, al proponer un texto que deconstruye a Chile, lo desmiembra, busca su refundación desde cero e “ignora” e intenta “borrar” a un sector, la derecha, relevante del país. Se declaran apasionados del diálogo, representantes de la “mayoría silenciosa” del país y que apoyarán el trabajo de la Convención solo si ésta avanza en la dirección democrática según ellos la entienden.
Debe saludarse toda iniciativa ciudadana que se involucra en la deliberación democrática sobre la nueva Constitución. Preocupa, sin embargo, la falta de reconocimiento del trabajo realizado por los constituyentes, acusaciones destempladas y una cierta arrogancia respecto de cómo debe realizarse el trabajo constituyente, y la acusación explícita de que la constitución que empieza a vislumbrarse es una copia de experiencias fallidas de América Latina, haciendo caso omiso de que parten de un diagnóstico preciso de nuestra situación y del esfuerzo realizado por conocer las principales constituciones del mundo.
¿Es sostenible la acusación de que la Convención “quiere partir de cero”?
La tesis principal que sostienen los “amarillos” es que la mayoría que se ha constituido en la Convención Constitucional “quiere partir de cero”, “refundarlo todo”, desequilibrada, que renuncia a considerar lo bueno de nuestra tradición constitucional y que no está enraizada en nuestra propia historia.
Si se analiza la literatura global sobre los problemas principales que aquejan hoy a la humanidad destacan entre ellos los relativos a la amenaza medioambiental que se cierne sobre la posibilidad de vida en el planeta, el patriarcado que excluye y violenta a la mitad de la población, la deriva autoritaria que muestra la democracia y el centralismo que caracteriza la toma de decisiones. A ello habría que agregar la demanda creciente por transitar desde una visión nacional de los derechos sociales a una perspectiva universalista, la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo que sea inclusivo, más intensivo en conocimiento, genere sinergias positivas con el medio ambiente y abra posibilidades laborales de alta calidad al conjunto de la población. En este contexto, deliberar sobre una nueva constitución no es tarea fácil. Menos aún, cuando el estallido del 18.0 representó la demanda de ampliar decididamente la representatividad del órgano constituyente en dirección a la paridad, al protagonismo de las regiones y la presencia de los pueblos originarios, cuya existencia política había sido negada por siglos.
No es fácil construir un orden constitucional para enfrentar los desafíos descritos. Menos aún, construir los acuerdos entre 154 integrantes que, en conjunto, reúnen las diversas miradas de la ciudadanía sobre estos problemas. El sistema político estructurado no ha podido en 10 años concordar reformas de fondo sobre el sistema de pensiones, la educación y la salud. La Convención en cambio, sin procedimientos predefinidos, pudo organizarse, establecer los procedimientos, constituir una mayoría a partir de fuerzas extraordinariamente diversas y avanza en la elaboración de la nueva Constitución. Los críticos ya no pueden hablar de que los constituyentes no cumplan su tarea; ahora descalifican sus decisiones sustantivas.
Pese a los desafíos inéditos que enfrentan, los constituyentes no parten desde cero. Hay convicciones y compromisos democráticos profundamente arraigadas que los críticos no consideran: un compromiso claro con la democracia representativa, perfeccionada y complementada por mecanismo de democracia directa, con la división de poderes y el respeto irrestricto a la independencia del sistema judicial. En materia de derechos se ha tenido en cuenta constituciones como la española, la alemana entre otras que ha permitido el desarrollo del concepto Estado Social Democrático de Derechos. Desde la derecha se sostiene que existe la amenaza que se retroceda en materia de derechos de propiedad, en circunstancias que lo que se hace es aplicar normas que existen en la mayoría de las constituciones democráticas del mundo que junto con reconocerlo incorporan limitaciones derivadas de su función social y de la necesidad de proteger el medio ambiente.
Los “amarillos” afirman que se quiere refundar todo y que se desdeña nuestra tradición constitucional. Si bien ante el hipercentralismo un Estado Regional aparece como refundacional en Chile existe un acuerdo que las regiones no existen como comunidades políticas, que la mayor parte de las decisiones relevantes se toman en Santiago, que muchas políticas fracasan por su falta de conocimiento de la realidad de las regiones. Luego, ¿por qué los amarillos, interesadamente, critican la búsqueda por descentralizar la toma de decisiones? La derecha y los amarillos permanentemente exhortan a “aprender de las mejores prácticas”, para desistir de ello cuando se propone una distribución más democrática del poder. Es difícil discutir cuando se insiste en que se va a desmembrar el país al crear regiones autónomas pese a que se insiste explícitamente que ello no puede ir en detrimento de la unidad del Estado y el país. Se dice que el pluralismo jurídico atenta contra la igualdad frente a la ley, cuando resulta francamente patético que convencionales de ultraderecha la defiendan frente a los pueblos originarios y grupos populares que nunca la disfrutaron. Los “amarillos” ignoran la reflexión moderna respecto a que no es igualdad de trato cuando se trata igual a personas diferentes: las mujeres experimentan esa desigualdad permanentemente. Es claro que algunas propuestas requieren precisiones, detalles y puede resultar discutible crear Asambleas legislativas y será necesario asegurar la coherencia entre las distintas decisiones. Pero ello no se puede esperar que ocurra en la primera semana de decisiones.
Los “amarillos” sostienen también que existe entre los convencionales un “impulso hacia lo imposible”, aserto que probablemente refleja su incapacidad como grupo de renovar su perspectiva sobre un orden constitucional distinto al que impuso la dictadura, en que se acostumbraron a vivir. ¿Cuán imposible era hace tres años soñar con una constitución elaborada democráticamente? Más bien deberían reconocer como imposible que actualmente los problemas de Chile puedan enfrentarse con cambios cosméticos. Por ejemplo, respecto del conflicto en la Araucanía cuán importante para resolverlo fue, simbólicamente, que Elisa Loncón haya asumido la presidencia de la Convención y que los pueblos originarios en la nueva institucionalidad tengan una adecuada representación.
Denuncian los amarillos “el intento de facciones radicalizadas de la Convención de ignorar, e incluso borrar, a un sector político significativo del país (la centroderecha), tal como intentaran hacerlo en la constitución del 80 los maximalistas de entonces”. Impresiona que igualen el proceso constituyente impulsado por la dictadura con el presente. La dictadura no solo violó los derechos humanos, sino que ignoró a la mayoría del país y elaboró a puertas cerradas la constitución del 80- Tanto el Pleno de la Convención como el trabajo de las comisiones reflejan plenamente la diversidad de Chile, cosa que los “amarillos” denostan y descalifican haciendo caso omiso de que cualquier norma debe ser aprobada por 2/3 de los constituyentes, a diferencia de la ley ordinaria. En estas condiciones uno se pregunta cómo conciben los “amarillos” la democracia. Si la derecha representa el 24% de los convencionales, ¿qué significa que se les ignore o se les borre? La derecha tiene un representante en la mesa directiva, tiene el derecho a presentar todo tipo de iniciativas, tiene derecho a voz como cualquier otro convencional. Ciertamente el debate se da en torno a las opiniones que congregan a mayorías de 2/3. ¿Anhelan los “amarillos” que minorías sean las que impongan el curso del debate y las propuestas en torno a las cuales se desarrolle la discusión?
Afirman los “amarillos” que la mayoría de los convencionales proponen “un texto constitucional excluyente” que terminará en “una victoria pírrica”. Parecen disponer de un instrumento que les permite desentrañar el futuro, augurando catastróficos escenarios para el plebiscito de salida, pese a que los amarillos reúnen en buena parte a políticos que perdieron las batallas internas en sus partidos de origen, fracasaron rotundamente en la creación de nuevas organizaciones políticas y no fueron elegidos en por la ciudadanía cuando optaron en las últimas elecciones en que se presentaron a puestos de elección popular. Pese a todos los ataques la Convención Constitucional mantiene una aprobación cercana al 50%. Es muy probable que cuando se termine la labor y se explique en detalle el contenido de la nueva constitución, ella obtenga una amplia mayoría.
Pese a que los amarillos dicen estar orientados por la pasión por el diálogo, llama la atención la composición de sus 79 firmantes: 67 son hombres y 12 mujeres y destaca la escasa presencia de jóvenes y de gente de regiones. Entre ellos hay un buen número de asesores y miembros de los directorios de importantes grupos económicos, puestos a los que accedieron luego de haber ejercido funciones de gobierno. No se observan integrantes de los pueblos originarios, ni militantes de grupos medioambientalistas. ¡Que contraste con la Convención Constitucional paritaria, con un gran número de jóvenes, con presencia de los ciudadanos y ciudadanas de las regiones, con participación protagónica de representantes de pueblos originarios! Contrasta con su presunta vocación democrática que se autoproclaman representantes de: “una mayoría silenciosa del país … y que ellos con su voto (en la elección presidencial) hayan obligado a los extremos a moderarse”
Desde el Olimpo, blindado frente a los presuntos desvaríos de la ciudadanía de a pie, creen haber encontrado la fórmula a que deberían atenerse los constituyentes de manera de avanzar “con reformas y no revolución, hacia una constitución que no sea inarmónica o sesgada … sino equilibrada … que recoja lo mejor de nuestra propia tradición institucional (no la copia de experimentos fallidos de otros países de América Latina), que logre conciliar orden con libertad, cambio con estabilidad … que enfrente los temas del futuro … pero que esté enraizada en nuestra propia historia”. Sin embargo, no pueden concebir que nuestros constitucionales estén exitosamente avanzando hacia una constitución democrática e inclusiva que permita una buena convivencia en las décadas por venir: lo acontecido en la última semana ha sido un testimonio elocuente. Una dosis de modestia para los “amarillos” no estaría demás.
