Opinión
La presente propuesta es un significativo cambio a nivel institucional que conduce a la construcción de un Estado cultural, que abraza los conocimientos, en el que el pacto social que surge toma su impulso y sentido desde las comunidades y diversos territorios a lo largo y ancho de Chile. Es una propuesta que le da voz y releva la otredad. De este modo, es importante recalcar que el punto de partida de lo analizado, debatido y aprobado tiene su origen en un largo ciclo de luchas sociales y políticas y en la acumulación de un sentipensamiento que no ha sido invitado al baile.
Uno de los primeros gestos que hace el ser humano en el viaje evolutivo es poner afuera su experiencia con el fin de comprenderla y comprenderse. Lo hace al calor y en complicidad y gracias a la comunidad a la que pertenece. Somos seres capaces de generar contenidos y lenguaje y lo hacemos, principalmente, de manera colectiva. Este volcar afuera lo que nos pasa, nos permite reflexionar en torno a nuestra identidad y memoria, nos permite aprender, educarnos y desde ahí, imaginar, soñar futuros luminosos. Poco a poco nos abrimos a la gran oportunidad de la transformación en ese espacio simbólico.
Hay, aquí, un impulso originario hacia la sobrevivencia.
Esto es cultura y sin ella no seríamos posibles.
Hoy estamos frente a la creación de un hecho cultural inédito: Una nueva Constitución para Chile, creada a partir del encuentro de los y las distintas de este país que ponen afuera su experiencia y la convierten en nuevos lenguajes corporales, afectivos, intelectuales, espirituales. Esta experiencia tiene que ver con sus comunidades, territorios, memoria, paisajes, aprendizajes. Ella nace de una crisis profunda que impulsa a un nuevo trato, a nuevas normas que regulen nuestra convivencia. Nuevamente estamos frente a la necesidad de sobrevivir en la complejidad de los tiempos que corren y la sobrevivencia es un desafío colectivo con respuestas que solo serán posibles en el retejido de lo común, de lo comunitario, de la concurrencia de lo interdisciplinario, lo diverso, abrazando la interculturalidad. Son muchos los saberes, ancestrales y populares, locales y comunitarios, científicos y artísticos que tendrán que acudir a la cita de manera horizontal, creativa, desmarcándose del conocimiento hegemónico, para encontrar salidas y caminos innvadores tejiendo una nueva cultura humanizadora.
Desde mi punto de vista, entre otras cosas pero de manera muy sustantiva, esta crisis tiene que ver con la ausencia, tiene que ver con construir nuestro mundo desde la mono cultura que ha colonizado y monopolizado nuestra vida personal y nuestra vida como país en todos sus espacios. La monocultura ha establecido y definido a la otredad, como el bárbara, salvaje, primitiva, ignorante, arrasando con vastos sectores, con los pueblos indígenas, con las mujeres, con saberes y costumbres. Se ha relacionado con esa otredad, la que vive en la frontera, desde la jerarquía absoluta.
Siempre supe que la nueva constitución abriría o debería abrir un nuevo paradigma cultural para nuestro largo y flaco país. En la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, denominada también como Comisión 7, hemos mirado, desde esta vereda, nuestro pasado y nuestro presente y nos hemos asomado, con fuerza, al futuro. Por nuestra comisión se ha paseado la diversidad de este país y todos los temas que vienen, con su carga de horror y luminosidad, llevándonos de asombro en asombro. Hemos sido invitadas e invitados a mirar un mañana completamente nuevo. Un mañana donde, también, podríamos morir pero también vivir de maneras completamente desconocidas hasta hoy.
La semana pasada finalizó la votación de la propuesta de Derechos Culturales que irá al pleno y este jueves se vota.
En ese marco, la presente propuesta es un significativo cambio a nivel institucional que conduce a la construcción de un Estado cultural, que abraza los conocimientos, en el que el pacto social que surge toma su impulso y sentido desde las comunidades y diversos territorios a lo largo y ancho de Chile. Es una propuesta que le da voz y releva la otredad. De este modo, es importante recalcar que el punto de partida de lo analizado, debatido y aprobado tiene su origen en un largo ciclo de luchas sociales y políticas y en la acumulación de un sentipensamiento que no ha sido invitado al baile.
En mil versiones distintas se ha dicho que necesitamos construir un Estado social garante de derechos, solidario, inclusivo, profundamente democrático. Un Estado plurinacional, con perspectiva de género e intercultural.
Nos abrimos a las más diversas instancias deliberativas. Entre momentos institucionales y expresiones populares, se modularon propuestas que buscaron rearticular lo social con lo político, y desde las cuales emana el profundo sentir de que no había un sólo Chile monolítico ni una sola nación “chilena”, y que la construcción del futuro de este país no recae sólo en unas pocas manos, sino en una multiplicidad de autorías, profundamente plural, más compleja de lo que la política vertical y desde arriba nos había querido enseñar o hacer entender durante dos siglos de historia republicana.
Es así que los diferentes caudales que dieron forma a las propuestas surgen desde el proceso de cabildos autoconvocados del segundo gobierno de la ex presidenta Bachelet; las asambleas y cabildos barriales, sociales, populares, de los pueblos originarios, del movimiento de trabajadores y trabajadoras, del movimiento de pobladores, de intelectuales, de académicos, de organizaciones comunitarias y culturales surgidas al alero de la revuelta que estremeció nuestro mundo a fines del 2019 invitándonos a correr las fronteras de lo posible. No menos importante han sido las nutritivas instancias de diálogo territorial y las fascinantes audiencias que el actual proceso constituyente ha abierto durante el año 2021 y 2022, y en donde se pudo escuchar, plantear y proponer diversas iniciativas en materia de derechos culturales, a la comunicación, ciencia y sistemas de conocimientos, entre otros.
Por lo anterior, la presente minuta da cuenta de los avances e innovaciones en la primera tanda de iniciativas de normas aprobadas en la comisión señalada, y que dan cuenta del derecho a la comunicación, la conectividad digital y derechos culturales, relacionándolo con lo que estaba presente en la Constitución vigente como también en el marco de los estándares internacionales.
Derechos culturales:
En el catálogo de derechos de la constitución del 80’ se hace mención a la cultura de forma inorgánica e inconexa, en los derechos a la educación (art. 19 N° 10), libertad de creación y difusión artística (19 N°25) y derecho de autor (19 N°25).
En esta materia se innova profundamente respecto a la Constitución actual en tanto se desarrollaron cuatro bloques de derechos:
Respecto a los derechos culturales, se destaca el derecho a participar de la vida artística y cultural considerándose como fundamental para el buen vivir, lo cual es considerado uno de los derechos culturales básicos desde la Declaración Americana de Derechos del Hombre, innovándose al agregar también la participación en la definición, formulación ejecución de políticas públicas que afecten el ejercicio de ésta. Luego, se establece el derecho a elegir y construir la propia identidad cultural y el derecho de expresarse sin discriminación en el idioma o lengua conforme a dicha identidad. Se innova abriéndose a reconocer el valor de las culturas comunitarias como espacios relacionales de creación y construcción de identidad; Por último, se consagra el derecho al acceso tanto a expresiones culturales como a bienes, infraestructura, información, servicios e instituciones, y el uso de espacios públicos y bienes comunes.
Tratándose de los pueblos y naciones preexistentes, y el pueblo tribal afrodescendiente, se establece, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el derecho al reconocimiento y respeto a su identidad e integridad cultural, sus formas de vida y relación con la naturaleza, espiritualidad, cosmovisión, entre otros.
Se establecen así mismo como obligaciones del Estado en primer lugar, y con arreglo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la promoción, fomento y garantía del acceso, desarrollo y difusión de las culturas, artes y conocimiento, bajo los principios de colaboración e interculturalidad. Se dispone también la obligación estatal de generar instancias para la contribución de la sociedad al desarrollo de la creatividad cultural, lo cual supone también la garantización de la distribución de recursos para su materialización, con arreglo a criterios de perspectiva de género, plurinacionalidad, inclusión, pluralismo y pertinencia territorial, y la remoción de obstáculos que dificulten el acceso. Por último, se consagra la obligación del Estado de promover, conforme a estándares internacionales establecidos por ejemplo en la Convención Americana de Derechos Humanos, la cooperación internacional cultural y la integración regional desde una mirada solidaria, incluyéndose un énfasis en el respeto en las culturas migrantes y extranjeras.
Por último, se reconoce y establece la obligación del Estado de proteger el desarrollo del arte callejero, valorándose como parte de la democratización de la vida cultural.
II. Derecho a la comunicación:
– Lo que había:
En la Constitución de 1980 sólo se consagra el derecho a la libre expresión, esto es, a emitir opinión e informar sin censura previa. Respecto a la regulación de los medios de comunicación, se prohíbe el monopolio del Estado sobre estos, teniendo las personas derecho a fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos. Por último, la Constitución establece el derecho a solicitar aclaración o rectificación en caso de ser ofendido por un medio de comunicación.
– Innovaciones y estándares internacionales:
Si bien dichos derechos se mantienen, la propuesta de la Comisión profundiza en la comprensión de éstos, ajustándose a estándares internacionales, principalmente en relación a la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales, Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, entre otras, como por ejemplo en materias referidas al respeto a la diversidad cultural, garantizando el acceso a la comunicación en las lenguas propias de cada comunidad, así como también estableciendo el deber del Estado de promocionar y respetar el desarrollo de medios de comunicación regionales y comunitarios, asegurándose además el acceso y participación en ellos, por la vía del establecimiento de un sistema de medios y soportes de comunicación e información diverso, pluralista, transparente, inclusivo, intercultural, plurilingüe y descentralizado.
Luego, en concordancia con los estándares internacionales en materia de género, establecidos en la CEDAW y Belem do Pará, se garantiza la educación mediática con perspectiva de género, feminista y no sexista en los medios de comunicación, además de los derechos humanos, descentralización y plurinacionalidad. Se protege también la seguridad de las fuentes de información y de los comunicadores, periodistas y sus familias, poniendo especial énfasis en mujeres y diversidades.
Por último, se profundiza la regulación de los medios de comunicación, fomentando la existencia de aquellos que sean libres e independientes, así como también se prohíbe la concentración de la propiedad de éstos.
III. Conectividad digital:
– Lo que había:
Nada.
– Innovaciones y estándares internacionales:
Teniendo a la vista instrumentos internacionales, como la resolución de Naciones Unidas para la Promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet, y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO, se complementa el derecho a la comunicación con el acceso universal a la conectividad digital y tecnologías de la información y comunicación, estableciéndose las obligaciones del Estado a superar las brechas en dicho acceso, uso y participación, así como promoviendo el desarrollo de la conectividad con respecto a la igualdad, continuidad, adaptabilidad, sustentabilidad, equidad territorial, descentralización y gestión compartida.
Así mismo se garantiza el cumplimiento de la neutralidad en la red, esto es, el trato equitativo y sin discriminación a los tráficos de internet, sin interferir en su contenido.
Se incorporan también los derechos a la educación digital y a una vida libre de violencia en las plataformas y medios digitales. En esto último se enfatiza a los grupos históricamente excluidos.
Finalmente pensamos que estas normas, que fueron acordadas en el colectivo o votadas por amplia mayoría en la comisión 7, permitirán que los pueblos de Chile tengan la posibilidad real de generar creativamente contenidos y lenguaje, que tengan la libertad de aprender y educarse integralmente, que puedan disfrutar de este espacio y que este ejercicio puedan hacerlo en comunidad. Por primera vez el mundo comunitario será valorado. Podremos, volcar afuera lo que nos pasa, convertirlo en todo tipo de lenguajes, artísticos, digitales, culturales, por lo que profundizaremos en la reflexión en torno a nuestra identidad y memoria y desde ahí, podremos seguir imaginando y soñando con futuros hermosos, transformadores para todos y todas.
#hastaqueladignidadsehagacultura
