Opinión
No podemos pretender que nuestros compatriotas en la Macrozona Sur vivan permanentemente en un régimen de emergencia para poder contener la violencia armada. Debe existir, junto al uso excepcional de las Fuerzas Armadas, un plan de conducción del conflicto y objetivos políticos. Las FF.AA. no están diseñadas, ni equipadas ni entrenadas para cautelar el orden social interno, sino para actuar en defensa de la seguridad del país frente a un enemigo externo. Por ello, el desafío para nuestra sociedad y para el próximo Gobierno es identificar en el mundo mapuche el mal entendido nacionalismo que promueven algunos grupos, difuso y sin expresión política orgánica, en desmedro de una cultura mapuche que, quienes nacimos y vivimos en la zona, sabemos que valora el poder de los acuerdos como un elemento distintivo de su identidad, con la misma fuerza que reivindican su territorio de arraigo ancestral.
El Estado de Emergencia en La Araucanía es la respuesta institucional ante la necesidad de restablecer el orden público y las garantías constitucionales en la zona.
La ausencia de un real Estado de Derecho en la Macrozona Sur legitima la imposición de este régimen excepcional, dados los graves actos de violencia armada y propaganda bélica que están realizando grupos radicales y extremistas, indeterminados en su orgánica interna, que ya no solo afectan la propiedad e insumos de producción de las empresas en el territorio o realizan ataques a funcionarios policiales o militares, sino también atentan contra personas comunes, civiles, ciudadanos que han sido víctimas de acciones armadas como nunca se habían visto en la región.
En ninguna parte de mundo un país puede aceptar que su estabilidad interna y la tranquilidad de sus ciudadanos sean trastornadas mediante el uso premeditado de la violencia armada por parte de grupos que buscan objetivos políticos. No se entiende que las legítimas demandas de comunidades no se conduzcan a través de los procedimientos del diálogo pacífico y la participación ciudadana, a no ser que estas reivindicaciones legítimas solo sean una excusa para estos grupos armados que buscan ocultar motivaciones estrictamente delictuales, favoreciendo un clima de enfrentamiento donde los que más ganan son las bandas criminales que están tras el tráfico de madera o de drogas, que nada tiene que ver con la causa indígena. En especial cuando estamos en el país en un proceso de modificación constitucional, que pretende recoger las antiguas aspiraciones del mundo mapuche y que significan una salida política de consenso para este conflicto histórico.
Solución política necesaria y urgente, porque los Estados de Excepción son justamente eso: excepcionales. No podemos pretender que nuestros compatriotas en la Macrozona Sur vivan permanentemente en un régimen de emergencia para poder contener la violencia armada. Debe existir, junto al uso excepcional de las Fuerzas Armadas, un plan de conducción del conflicto y objetivos políticos. Las FF.AA. no están diseñadas, ni equipadas ni entrenadas para cautelar el orden social interno, sino para actuar en defensa de la seguridad del país frente a un enemigo externo.
Por ello, el desafío para nuestra sociedad y para el próximo Gobierno es identificar en el mundo mapuche el mal entendido nacionalismo que promueven algunos grupos, difuso y sin expresión política orgánica, en desmedro de una cultura mapuche que, quienes nacimos y vivimos en la zona, sabemos que valora el poder de los acuerdos como un elemento distintivo de su identidad, con la misma fuerza que reivindican su territorio de arraigo ancestral.
Se requieren soluciones políticas para relacionarse con la autonomía de un Pueblo que no tiene expresión política orgánica. Donde los liderazgos reales en las comunidades los ejercen los loncos y no los grupos armados.
No es de extrañar que los Estados de Excepción permanentes, sin un plan político que los acompañe, sean entendidos por algunas comunidades como un simple acto de agresión, que favorece la resistencia de los grupos radicales extremistas y que lo usan como una estrategia para influir en la gran mayoría pacífica del Pueblo Mapuche.
Es un tremendo desafío para Chile construir estabilidad política, social y democrática en La Araucanía. El primer paso debe ser el diálogo político.
