Opinión
He intentado abordar con contrapropuestas 10 ámbitos problemáticos de lo abordado en la Convención… solo hasta ahora. Basta con que dos o tres de estos problemas no se resuelvan, para que quede el desparramo. No estoy siendo terrorista ni catastrofista, sino realista. Es evidente que el nuevo Congreso, a partir del 11 de marzo, comenzaría en ese caso a «destazar» el borrador constitucional. Podría ser una carnicería política que dure años, sumiendo al país en la inestabilidad e incertidumbre institucional y, por cierto, con el colapso de la inversión y el empleo. Todo porque 100 convencionales, sin duda respetables, sin duda electos limpiamente, decidieron «darse un gustito» aprovechando que la coyuntura les dejó la cancha virtualmente libre… al interior del recinto, mas no afuera del mismo.
Estos diagnósticos y propuestas los emito a título estrictamente personal. Sin tener un Comintern Soviético interno, tenemos total libertad de expresión y de hecho varios amarillos “con carné”, como José Rodríguez Elizondo, Óscar Guillermo Garretón, Carlos Franz o Ricardo Escobar, han publicado sus propias columnas de opinión. Pero hay ciertamente una esencia común. Un aroma común que ha comenzado a destilarse en nuestro chat, y en el primer foro Zoom que tuvimos esta semana. En todo caso, estas propuestas concretas son de mi única responsabilidad.
Se han diseminado variadas teorías conspirativas sobre los amarillos. ¿Somos fachos? No. Ni de chiste. ¿Queremos Rechazo? Por cierto que no. ¿Queremos constituirnos en un Movimiento o Partido? Ni con flecos. Los Amarillos a mucha honra queremos simplemente una Constitución que sea la Casa de Todos (no solo de algunos) y profundamente Democrática (tiene varios aspectos que no lo son).
¿Somos una elite interesada en mantener los privilegios de las clases altas? De ningún modo. La vasta mayoría de los 22 mil amarillos votó Apruebo, en la convicción de que se requieren cambios profundos en Chile, tal como lo demostró el estallido del 18-O.
¿Llegamos tarde a esta discusión? Lamentablemente sí. Pero las cosas se dan como se dan y cuando se dan. Todos nosotros por separado estábamos bastante desconcertados y no nos atrevíamos a abrir la boca, hasta que Cristián Warnken con su liderazgo nos convocó con un par de certeras y amarillentas columnas, y también… coincidió con que comenzaron a surgir humos oscuramente grises con los primeros acuerdos de la Convención. Ni modo, dicen en México. Se hace lo que se puede. No hubiéramos podido ir a presentar nuestras ideas en la etapa previa a la Convención, por la simple razón de que nunca imaginamos las alturas del exceso con que se estarían planteando algunas propuestas en esta etapa. Espero que esto satisfaga las críticas de un columnista mucho más joven y de profuso pelo enrulado de un medio impreso, el 27 de febrero (pura envidia, jaja).
Como piso, queremos informar a la ciudadanía sobre estos temas, para que voten en conciencia, y si es posible, hacer algunas propuestas a ver si algún grupo de convencionales las toma en las etapas que se avecinan.
¿Es verdad que esta Convención Constitucional fue electa democráticamente? Sí, por cierto, y en una elección impecable como todas, en nuestra mejor tradición. Pero también es verdad que su composición es fruto de una coyuntura y reglas muy especiales, y estamos ciertos de que no representa adecuadamente al actual espectro político del país. Por ejemplo, tan solo una convencional de derecha sacó más votos que todos los de pueblos originarios sumados.
Algunos meses más tarde de la elección de constituyentes, los resultados electorales a nivel presidencial y parlamentario arrojaron una realidad radicalmente diferente. Un país pareado y no cargado fuertemente a la izquierda como en la Convención. Pero… hacen caso omiso de esto y continúan diseñando una Constitución sesgada fuertemente a la izquierda, y además con elementos a nuestro juicio errados, lo cual no es ni de derecha ni de izquierda.
Dada esta situación, si su proyecto constitucional se aprueba como tal, con varios de los grandes problemas que listaremos más adelante, es altamente probable que se genere un período de varios años de inestabilidad e incerteza jurídica y económica, ya que el nuevo Congreso procurará enmiendas constitucionales radicales. Por ejemplo, es casi una broma de mal gusto pretender que, al legislar para implementar la nueva Constitución, el Senado recién electo proceda a autoextinguirse.
El hecho de que la derecha, e incluso el centro, no están siendo escuchados (ni sus propuestas tomadas en cuenta) en la CC, no es nuestro invento, ha sido declarado públicamente por convencionales que no son de derecha, tales como Patricia Politzer, Patricio Fernández, Agustín Squella, Fernando Atria (¡nada menos que Atria!), Andrés Cruz y Miguel Angel Botto. Ellos sí que tienen muy claras las consecuencias políticas de largo plazo de que se estén “pasando máquinas retroexcavadoras refundacionales” (de triste memoria) sin atenerse a las consecuencias. Cabe destacar asimismo que la vocación nítida de izquierda de los representantes de Pueblos Originarios en la Convención está en plena contradicción con la votación sistemática por la derecha en sus propios territorios. Otra paradoja que les tocará explicar a cientistas políticos e historiadores.
No estamos solos en nuestras dudas. Personajes públicos de centro e izquierda, no amarillos formales, ya han comenzado a manifestar objeciones a algunos contenidos que se van aprobando. Por ejemplo, nada menos que todos los senadores socialistas, Agustín Squella, Alvaro Ortúzar, Ernesto Ottone, Cristóbal Bellolio, Sylvia Eyzaguirre, Sebastián Edwards y otros. Muy importante y señero ejemplo: el senador Carlos Montes, futuro ministro del Gobierno de Boric. Todos ellos están advirtiendo a la ciudadanía, desde diversos ángulos y en distintos tonos, que la CC les está creando un megadolor de cabeza al Presidente Boric y al país.
Propuesta 1. Eliminar ripios a la inversión: Hay una clara amenaza de perjuicio al desarrollo económico y el empleo. Hasta ahora la Constitución (y el Convenio 169 con la OIT) habla de darle “conocimiento” de estas actividades a los pueblos originarios en sus territorios. Ahora le deslizaron un “pequeño detalle”: “… y someter a aprobación». ¿Podrán entonces los pueblos originarios vetar el tránsito de una red de fibra óptica, o de un tendido eléctrico, por su territorio? ¿Qué opinarán los 70 mil pescadores artesanales y los 50 mil trabajadores de la industria acuícola si se les impide desarrollar su actividad? En teoría, los mapuches tendrían derecho a autorizar actividades económicas respecto a toda la tierra de Biobío a Chiloé. Quítenle el “pequeño detalle”, por favor, y quedamos todos felices.
Propuesta 2: La Corte Suprema debe ser Suprema. Estas eventuales disputas, más aún todas las disputas civiles o penales, deben poder resolverse en una Corte Suprema única, cosa no prevista hasta ahora. Esta bien que haya judicaturas indígenas, paralelas, pero en la cúspide solo puede haber un ente que “corte el queque” en todas las controversias tanto penales como civiles, teniendo en la Corte además un cierto número de jueces de pueblos originarios, pero… escogidos con las mismas exigentes reglas que los demás.
Propuesta 3: Expropiaciones justas. Sean estas de empresas, derechos mineros, de agua, terrenos, o incorpóreas, deben ser pagadas a precio de mercado y al contado, como hasta ahora. Nada de introducir vaguedades en ese ámbito, pues el daño al desarrollo económico sería grave .
Propuesta 4: Morigeremos el indigenismo exacerbado. Que quede claro. Creo, y prácticamente todos los amarillos creemos firmemente, en la restitución de derechos expoliados, y que algunas tierras que el Estado tiene muy bien catastradas, sean devueltas a los pueblos originarios, cueste lo que cueste en dinero. Pero… pero hoy son menos del 9% de los ciudadanos, con muchos plenamente asimilados a la vida urbana nacional. Tal vez solo el 5% constituya propiamente un indigenismo rural. Aun así, los constituyentes establecieron, en un radicalismo casi insólito: a) restitución radical de tierras (¿cuáles?); b) que la propiedad indígena goce de “protección especial” (?); c) penas indígenas diferentes a las de los «chilenos normales», por cierto sin contemplar la pena de cárcel (???); d) que la judicatura indígena no responda a la Corte Suprema (??). Todo este paquete de medidas debiera ser morigerado o incluso eliminado. La mayor parte de estos problemas se soluciona, como dijimos más arriba, dándole a la Corte Suprema jurisdicción sobre los conflictos entre pueblos originarios y chilenos.
Propuesta 5: No a la Plurinacionalidad. Como lo ha escrito el amarillo Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021, José Rodríguez Elizondo, «el Plurinacionalismo debilitará estructuralmente al Estado chileno». ¿Es comprensible un Estado con una pluralidad de naciones, con tal vez 3.5% de mapuches y 1.5% de otras etnias?
Propuesta: 6 Acotar el Regionalismo desmedido. Creo (los amarillos creemos) profundamente en la descentralización. Pero… ¿quién dirime los conflictos de competencias y autonomías entre regiones, comunas y territorios? ¿Qué son esos pseudopoderes legislativos o asambleas regionales que insisten en reponer el día de cierre de esta columna? Andrés Velasco escribió: “Un Chile desmembrado en decenas e incluso cientos de pequeños territorios autónomos sería un desastre por muchas razones –entre otras, porque inevitablemente conllevaría un Estado débil y vulnerable a la captura”. Captura significa que pequeños grupos de interés se lleven para la casa una parte indebida de los recursos y cargos financiados por el Estado. La premiada historiadora Sofía Correa ha escrito en este mismo sentido. Si bien se crearán Regiones Autónomas, Comunas Autónomas y Territorios Autónomos, es esencial introducir un artículo similar al de la Constitución española, que establezca un listado de temas sobre los cuales el gobierno central mantendrá potestad a toda prueba, introduciendo así una figura que se acerque un poco más a un Estado Unitario pero fuerte y progresivamente descentralizado. Por cierto, nadie ha calculado hasta hoy el desmedido costo de las N burocracias adicionales que se estarían generando, y que puede corroer los ya magros recursos con que contará el próximo Gobierno para cumplir sus promesas.
Propuesta 7: Una Segunda Cámara que se asemeje a un Senado de verdad. La Segunda Cámara que se ha propuesto es un tigre de papel. ¿Por qué no se le dan a la Segunda Cámara, además, reales atribuciones legislativas? ¿O las leyes de la República las van a decidir las Pamelas Jiles de la futura Cámara sin un contrapeso real? ¿Tendrá el Presidente el crucial derecho a veto? El riesgo de un populismo desenfrenado y un dispendio incontrolable, que ya hemos observado como actitud constante en la actual Cámara de Diputados, es enorme. Se ha aducido como razón que nuestro proceso legislativo es lento. Es cierto. Pero basta con definir dos o tres reglas de expedito funcionamiento, plazos y urgencias internas del Parlamento, para que esto se solucione. Con todos sus defectos, el Senado ha sido la única figura estabilizadora y moderadora del proceso legislativo, y eso no se puede perder.
Propuesta 8: No al Estado Regional. Los amarillos creemos en un Estado Unitario aunque fuertemente descentralizado, no en uno Regional ni menos Plurinacional. Ha sido lo que ha permitido hasta ahora destacarnos del resto del continente latinoamericano, no solo en desarrollo económico y combate a la corrupción, sino también en el funcionamiento general del Gobierno, guste o no a algunos. Hay evidencia comparada, publicada internacionalmente, sobre el tema.
Propuesta 9. Libertad de expresión a toda prueba. El artículo aprobado hasta ahora dice: «Los legisladores decidirán prohibiciones a informar sobre temas que a su juicio inciten a la violencia, la discriminación y la hostilidad». Inaceptable. Una mayoría circunstancial en el Parlamento podrá, si así lo quiere, sofocar la libertad de expresión para uno u otro lado. Propongo eliminar de plano ese articulado. Los chilenos somos amantes fieles de la libertad de expresión, siempre que no se dañe la honra de terceros. Y también somos amantes del Estado de Derecho. Punto.
Propuesta 10. Gradualidad. Establecer en los artículos transitorios de la Constitución una fuerte gradualidad en la implementación de algunos cambios, cualesquiera estos sean. En muchos casos, como se hace en otros países, esto se puede comenzar en una o dos regiones, para eliminar los ripios y pulir la implementación.
He intentado abordar con contrapropuestas 10 ámbitos problemáticos de lo abordado en la Convención… solo hasta ahora. Basta con que dos o tres de estos problemas no se resuelvan, para que quede el desparramo. No estoy siendo terrorista ni catastrofista, sino realista. Es evidente que el nuevo Congreso, a partir del 11 de marzo, comenzaría en ese caso a «destazar» el borrador constitucional. Podría ser una carnicería política que dure años, sumiendo al país en la inestabilidad e incertidumbre institucional y, por cierto, con el colapso de la inversión y el empleo. Todo porque 100 convencionales, sin duda respetables, sin duda electos limpiamente, decidieron «darse un gustito» aprovechando que la coyuntura les dejó la cancha virtualmente libre… al interior del recinto, mas no afuera del mismo.
Por último, sería muy necesario y útil que una organización que haga encuestas serias les pregunte a los ciudadanos lo siguiente:
Si la ciudadanía aprueba todas estas preguntas por un margen respetable, prometo tragarme mis palabras, e incluso las teclas de mi laptop… así como callarme y dejar de ser amarillo.
