Opinión
Hoy escribimos una nueva Constitución y el tema del agua resulta ineludible. Ante la escasez debemos tomar decisiones que afectan intereses particulares en pos del bien común y quien dice lo contrario es aquel que debe ceder sus excesivos privilegios, ya que cualquier solución real a la crisis que enfrentamos implica reducir y redistribuir el consumo de agua por sobre su acaparamiento.
Es urgente que la Nueva Constitución cambie la naturaleza jurídica del agua, para permitir su acceso y distribución para la naturaleza y las comunidades por sobre las actividades productivas, y establecer una nueva normativa de uso sobre los bienes comunes naturales para los territorios por sobre las formas de producción económicas empresariales que hoy son dueñas del vital elemento.
Mi relación institucional con el agua comenzó cuando hace 6 años levanté, junto a la Unión de Sistemas de Agua Potable Rural (APRs) cuenca río Petorca, la primera Oficina de asuntos hídricos en Petorca, hecho que me llevó a ver de manera grosera el acaparamiento de agua en grandes tranques y la tecnificación del riego en los cerros, así como también las consecuencias del violento modelo neoliberal de las aguas en Chile.
Desde el aporte técnico a la discusión sobre el agua, un informe de expertos sobre crisis climática (IPCC) de la ONU alertó del rápido avance del desierto hacia la zona central de nuestro país. Actualmente, Valparaíso enfrenta la peor sequía de su historia, con un déficit de lluvias del 75%. Asimismo, Petorca ha tenido un déficit hídrico por sobre el 80% sostenido por más de 10 años, situación que se repite a lo largo del país: en estos momentos, 184 comunas se encuentran bajo decreto de escasez hídrica.
Pero la crisis climática no es la única causa de la emergencia que hoy enfrentamos, pues los ríos y fuentes de agua están siendo sobreexplotados. Ya en el año 2015, existían 110 acuíferos sobreotorgados en el país, en palabras simples, se sobreexplota al permitir que se extrajera más agua de la que el río podía recargar. Por otro lado, existe una demanda hídrica excesiva sobre los ecosistemas que impide que los acuíferos se recarguen, por ejemplo, la demanda de agua del palto es entre 5 y 14 veces mayor que el ecosistema nativo espinal.
El agua se hace escasa, pero no para todos por igual. Resulta indignante ver que existe agua para regar cerros de paltos, mientras las familias no tienen agua para tomar, situación legalizada en la Constitución del 80 que aún nos rige, la cual deja la distribución del agua en manos del mercado, esto es, en manos de los titulares de derechos de agua, a quienes fue y es entregada de forma gratuita y perpetua.
Hoy escribimos una nueva Constitución y el tema del agua resulta ineludible. Ante la escasez debemos tomar decisiones que afectan intereses particulares en pos del bien común y quien dice lo contrario es aquel que debe ceder sus excesivos privilegios, ya que cualquier solución real a la crisis que enfrentamos implica reducir y redistribuir el consumo de agua por sobre su acaparamiento.
La iniciativa de norma “Estatuto del Agua, acceso humano, orgánica y otras disposiciones transitorias”, es fruto del trabajo realizado por distintos colectivos y fuerzas, pertenecientes a Modatima, MAT y Eco Constituyentes. Esta norma contó con el apoyo de 83 constituyentes y presenta una solución global para enfrentar el tema del agua en Chile.
La norma que proponemos establece que el derecho humano al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para la vida, la dignidad y la salud. Y que toda persona, sin discriminación arbitraria, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico. Además, establece prioridades de uso de las aguas: en primer lugar, el derecho humano al agua y al saneamiento, junto con la salud y el equilibrio de los ecosistemas; en segundo lugar, los usos ancestrales de los pueblos indígenas; en tercer lugar, la soberanía alimentaria, mientras que el uso del agua restante será definido en cada territorio.
Esta norma termina con la mercantilización de las aguas, declara que el agua es un bien común natural. Lo que significa que el Estado autorizará el uso de las aguas, pero estas autorizaciones serán inapropiables, incomerciables, intransferibles, temporales y sujetas a obligaciones de uso. Además, se reconoce que los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado son titulares colectivos de las aguas que existan en sus tierras y territorios.
Queremos una nueva Constitución que termine con la mercantilización de las aguas y con la escandalosa desigualdad hídrica que vivimos hoy. A sabiendas de que nos enfrentamos a grandes intereses particulares, necesitamos el apoyo de todas y todos para lograr establecer un nuevo trato, más justo y respetuoso de la naturaleza, sobre el agua en Chile.
