Opinión
En el contexto de la mayor sequía que ha enfrentado nuestro país en su historia y de desertificación creciente, lo propuesto por la Comisión, ¿sirve de algo?, ¿habrá más agua disponible por el solo hecho de que la provisión de los servicios deba ser realizada exclusivamente por organizaciones comunitarias o por entidades públicas?
La Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional ha aprobado nuevas propuestas relativas a los servicios sanitarios. Primero, acordó “que es responsabilidad del Estado otorgar servicios de producción y distribución de agua potable, como también de servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas servidas a todas las viviendas e inmuebles conectados a la red” (¿y los que no están conectados a la red?). Luego, aprobaron que la prestación “se realizará directa y exclusivamente por organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento o bien por entidades públicas estatales, establecidas en conformidad a la ley”. En el contexto de la mayor sequía que ha enfrentado nuestro país en su historia y de desertificación creciente, lo propuesto por la Comisión, ¿sirve de algo?, ¿habrá más agua disponible por el solo hecho de que la provisión de los servicios deba ser realizada exclusivamente por organizaciones comunitarias o por entidades públicas?
Distingamos: una primera cosa es establecer el principio de que el Estado está obligado a garantizar la provisión. Me parece que eso es correcto y quién podría discutir que debiera ser una norma constitucional. Otra cosa es cómo el Estado logra cumplir con ese deber. Pienso que eso es una materia de políticas públicas (no de la Constitución) que, por su naturaleza, son esencialmente debatibles, pero por sobre todo mutables. Lo que hoy puede hacer el Estado es distinto a lo que podía hacer en los 80 y será distinto a lo que podría tener que hacer en 2050. ¿Es razonable, entonces, establecer a nivel constitucional que la provisión sea una responsabilidad exclusiva de entidades estatales?
Creo que a la comisión le ha faltado una mirada estratégica de largo plazo, por no decir que está actuando conforme a la ideología imperante en un sector mayoritario de ella, que repulsa de la actividad privada en la provisión de servicios básicos. Entonces, el punto no es el derecho humano al agua potable y al saneamiento, sino que él no sea satisfecho por entidades (empresas) privadas.
La historia de Chile en la materia ha transitado por diversos modelos de abastecimiento. Los últimos 25 años ha predominado la gestión privada de la provisión y la fiscalización por parte del Estado. No nos ha ido mal con ese modelo. Es un hecho reconocido internacionalmente que Chile es el único país de Latinoamérica que trata (descontamina) el 100% de sus aguas residuales urbanas (hay países de Europa que no pueden exhibir algo similar). Son muchas las ciudades de América que no cuentan con abastecimiento continuo y de calidad al 100% de sus hogares. Hoy se habla de eliminar los emisarios que vierten al mar con tratamientos primarios, de reutilizar las aguas servidas tratadas, de construir plantas desalinizadoras de agua de mar para garantizar el abasto.
Hay acuerdo en que en los próximos 20 años se requiere invertir del orden de 10 mil millones de dólares para seguir prestando los servicios sanitarios con los niveles de cobertura y calidad que hoy día se exhiben. ¿Qué tendría que dejar de hacer el Estado para que las entidades públicas, en forma directa y exclusiva, tengan la capacidad para financiar esas inversiones? Una de las gracias del sistema existente es que las inversiones no las hace el Estado. Las financiamos los clientes, pero no las financia el Estado (hay excepciones a esta regla). Entonces, se liberan recursos para satisfacer múltiples otras carencias.
Por lo pronto, hay que recordar que más de un millón y medio de chilenos son abastecidos por sistemas sanitarios rurales, muchos de ellos extraordinariamente precarios. Lo vemos todos los días, son esos sistemas los que no están en condiciones de garantizar la continuidad de servicio (El Melón), son en esos sistemas donde no existe tratamiento de las aguas servidas. También, son varios miles de chilenos los que ni siquiera son abastecidos por un sistema rural, sino que dependen de norias, camiones aljibes y casetas sanitarias (letrinas). ¿No debiera el Estado concentrar sus esfuerzo en esa realidad y dejar que las ciudades sigan bajo el actual modelo de prestación (que, además, genera impuestos para el Estado sobre las utilidades de las empresas)?
No pretendo desconocer que la actual regulación requiere cambios, especialmente a la luz de la megasequía y de la necesidad de generar mayores niveles de seguridad, continuidad y calidad, pero, en vista de ello, aceptar que solo por ideología se destruya un modelo exitoso y se pretenda construir otro propio de los años 60, en un contexto natural diametralmente distinto al de esa época, me parece una irresponsabilidad grave. En materia de garantizar servicios sanitarios continuos y de calidad, la deuda de Chile está en la ruralidad, no en las ciudades. Al hablar de un Estado solidario, sería muy útil tenerlo presente. Nadie asegura que estas palabras sean escuchadas por los convencionales, pero no puedo callar.
