Opinión
De cara al caos, Piñera dio muchos pasos en falso, y los esfuerzos del Gobierno y los políticos por restablecer el Estado de Derecho fueron tibios y deficientes, por lo que entraron rápidamente en pánico y se vieron incapaces de encontrar otra solución a este problema que no fuera la de declarar muerta a la Constitución –solución que, dicho sea de paso, no sirvió de mucho para aplacar la violencia, los saqueos y la destrucción del espacio público–. Así las cosas, la desastrosa reacción gubernamental de cara al 18-O ayudó a que entráramos en una espiral de pánico político y violencia, de la que no supimos salir y por la cual terminamos por sacrificar la Constitución, el monopolio legítimo de la fuerza y toda la institucionalidad vigente, como si fueran el “cordero de sacrificio” para apaciguar la ira de los dioses.
Ahora que estamos ad portas de ver el cambio de mando presidencial, que se realizará el próximo 11 de marzo, es pertinente hacer una evaluación y análisis crítico de lo que fue el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. La última encuesta Cadem, a tres semanas del final del mandato presidencial, mostraba una aprobación del Mandatario de apenas un 21%, mientras que la desaprobación al mismo marcaba un 72% de los encuestados. Estos amargos resultados en la última encuesta reflejan bastante bien una evaluación sombría y negativa de lo que fue el mandato de Piñera. Más aún, yo me atrevería a decir que, dejando de lado la buena gestión gubernamental de cara a la pandemia de COVID-19, este es muy probablemente el peor Gobierno desde el retorno de la democracia por dos grandes motivos.
Primero, bajo su guardia y bajo su supuesta tutela, la institucionalidad democrática del país ha quedado reducida a cenizas. Por ejemplo, ya con su cuestionado nombramiento de la ministra del Tribunal Constitucional (TC) María Luisa Brahm (en el 2013), el TC en esta última década se ha visto inmerso en una seguidilla de riñas internas y facciones que han contribuido a deslegitimizar su rol en la sociedad. Dichas riñas se han agudizado luego que Brahm asumiera la presidencia de dicho tribunal en agosto del 2019. Es sabido que ella ha sido fuertemente cuestionada al interior de este organismo. De hecho, El Mostrador tuvo acceso a las denuncias de los funcionarios del TC por “maltrato laboral sistémico”, en donde varios documentos dan cuenta de una serie de actitudes que tenía Brahm. De esta forma, Piñera, al jugar al favoritismo, al amiguismo y al cuoteo, ayudó a desprestigiar nuestra institucionalidad.
Asimismo, bajo el segundo mandato de Piñera terminamos por sepultar la actual Constitución vigente, tirándola por la borda y con ella terminamos por destruir nuestro sistema presidencial y, quizás incluso, nuestro sistema bicameral político. Como lúcidamente lo ha señalado Daniel Mansuy: “Sebastián Piñera puede ser el sepulturero del presidencialismo en Chile”. Sin duda el actual despelote de la Convención Constitucional (CC) le está dando la razón a Mansuy: el presidencialismo en Chile no será el mismo y será fuertemente diluido después de la CC. Sin duda el error más grande de este Gobierno, y que ayudó a destruir nuestra institucionalidad, fue su tardía reacción y mala gestión frente a lo acontecido durante octubre del 2019, en lo que se denominó el “estallido social”.
Pues bien, Piñera reaccionó tarde y muy mal ante el 18-O. Para la historia tragicómica del país quedarán tres patéticas imágenes: 1) el hecho de que, mientras Santiago centro ardía en protestas y en violencia (a solo cuadras de La Moneda), el Presidente Piñera comía pizza con familiares en Vitacura (ver aquí); 2) luego, y sin motivo o explicación alguna, le declara la guerra a un fantasma omnipresente, señalando que el país estaba “en guerra contra un enemigo poderoso e implacable”, estableciendo un discurso bélico indefinido y poco claro para la ciudadanía, lo que ayudó a causar más caos y resquemor que a aplacar los ánimos (ver aquí); y 3) finalmente, en un acto digno de una persona con profundos problemas, Piñera decide ir a sacarse un “selfie” a la destrozada Plaza Baquedano, mientras Santiago estaba sufriendo los efectos de las cuarentenas totales y las devastaciones del espacio público producto de la violencia (ver aquí).
Ante este desastre y esta seguidilla de acciones equivocadas, tardías y desaciertos comunicacionales, la sociedad chilena se fue en contra del Presidente y de sus acciones ante el 18-O. Esto generó una sensación de animosidad y guerra entre la población y el Gobierno, lo que jugó en contra y dificultó la posibilidad de restablecer el Estado de Derecho de cara al tsunami de violencia, saqueos a lo largo del país, atentados contra instituciones del servicio público, quema de monumentos e iglesias y ataques contra comisarías (ver un catastro de la destrucción aquí). Recordemos que, entre octubre y noviembre del 2019, el país se parecía a los Balcanes en la década de los 90, marcado por una ingobernabilidad, desorden, violencia y anomia nunca vistas en nuestro país.
De cara al caos, Piñera dio muchos pasos en falso, y los esfuerzos del Gobierno y los políticos por restablecer el Estado de Derecho fueron tibios y deficientes, por lo que entraron rápidamente en pánico y se vieron incapaces de encontrar otra solución a este problema que no fuera la de declarar muerta a la Constitución –solución que, dicho sea de paso, no sirvió de mucho para aplacar la violencia, los saqueos y la destrucción del espacio público–. Así las cosas, la desastrosa reacción gubernamental de cara al 18-O ayudó a que entráramos en una espiral de pánico político y violencia de la que no supimos salir y por la cual terminamos por sacrificar la Constitución, el monopolio legítimo de la fuerza y toda la institucionalidad vigente, como si fueran el “cordero de sacrificio” para apaciguar la ira de los dioses.
Segundo, y relacionado con lo anterior, está la ingobernabilidad de La Araucanía y la expansión de la violencia en la Macrozona Sur del país debido, en gran parte, a que el Estado de Derecho en Chile –y el monopolio legítimo de la fuerza para ejercer el orden– se evaporaron bajo el Gobierno de Piñera. Pues bien, en el último catastro de la violencia en la Macrozona Sur del país se evidencia que, desde el 2015 hasta el 2020, se registraron 772 atentados, siendo un 36,4% de ellos perpetrado contra inmuebles de civiles y 22,9% contra camiones. El catastro constata que esta violencia ha venido en aumento en los últimos años y después del 18-O (ver aquí). De hecho, bajo Piñera la crisis en la Macrozona Sur ha alcanzado ribetes inverosímiles, con innumerables incendios a viviendas y delitos contra la propiedad que han visto un aumento del 126%, que pasaron de 206 a 466 casos solo entre el 1 de enero y el 6 de junio de 2020 y el mismo periodo del 2021. Además, las tasas de usurpaciones de terrenos crecen 342% en un año y los homicidios frustrados lo hacen en un 224% (ver aquí).
Ante esta escalada de terrorismo e impunidad en la Macrozona Sur, la violencia en general y los delitos contra privados se han rebalsado, llegando hoy a todas las zonas del país. Pues bien, se ha advertido que la delincuencia se ha generalizado y ha venido al alza en estos últimos años, con aumentos de homicidios, sicariato, secuestros, “portonazos” y balaceras. En palabras del exsubsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey: “Teníamos una tasa de dos a cuatro homicidios por cada 100 mil habitantes, éramos el segundo país menos violento después de Canadá, pero ahora hay un aumento en los homicidios entre organizaciones criminales o bandas por encuentros entre grupos que se quieren apropiar de territorios o conflictos asociados a las drogas, lo que ha implicado un alza del 33% de los homicidios”.
En definitiva, si a estos dos grandes problemas –el desmoronamiento de la institucionalidad del país y el fin del Estado de Derecho y la violencia descontrolada en la Macrozona Sur–, les sumamos además la crisis migratoria actual en el norte de Chile y el hecho de que bajo la administración de Piñera comenzó el inicio del fin del sistema de pensiones con la evaporación de nuestros ahorros previsionales, no cabe duda de que estamos frente al peor Gobierno desde el retorno de la democracia. ¡Vaya legado que nos deja, señor Presidente!
