NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: Agencia UNO
La iniciativa, presentada por la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, Carolina Vilches, y patrocinada por otros pares de su colectivo, afirma que «es responsabilidad del Estado otorgar servicios de producción y distribución de agua potable, como también servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas servidas a todas las viviendas e inmuebles conectados a la red” y que la “prestación” de estos servicios sanitarios quedaría en manos del Estado, “se realizará directa y exclusivamente por organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento o bien por entidades públicas estatales, establecidas en conformidad a la ley”. Esto encendió las alarmas en el sector, desde donde advirtieron que era una mala idea. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess A.G.), que agrupa a las principales compañías sanitarias privadas de Chile, planteó sus reparos. Si bien parten comunicando que «la iniciativa también establece el deber del Estado de garantizar el derecho humano al agua potable de calidad y al saneamiento para las actuales y futuras generaciones», advierten que «nos parece que las propuestas de estatización de las empresas no abordan el problema principal actual ni el tremendo desafío futuro que nos impone el Cambio Climático para seguir llegando con servicios sanitarios a toda la población de zonas urbanas».
“Es responsabilidad del Estado otorgar servicios de producción y distribución de agua potable, como también servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas servidas a todas las viviendas e inmuebles conectados a la red”. Esa es parte de la iniciativa constituyente de norma “De los deberes del Estado en la provisión de agua y demás servicios sanitarios”, que este lunes fue aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional (CC).
La iniciativa, presentada por la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, Carolina Vilches, patrocinada por otros pares de su sector, y que señala que la “prestación” de estos servicios sanitarios quedaría en manos del Estado, «se realizará directa y exclusivamente por organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento o bien por entidades públicas estatales, establecidas en conformidad a la ley”, encendió las alarmas, precisamente, en estos sectores, desde donde la califican como un retroceso.
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess A.G.), que agrupa a las principales compañías sanitarias privadas de Chile, planteó sus reparos. Si bien parten comunicando que «la iniciativa también establece el deber del Estado de garantizar el derecho humano al agua potable de calidad y al saneamiento para las actuales y futuras generaciones, definición que compartimos, ya que lo esencial es avanzar para que todas las personas en Chile dispongan de estos servicios de forma digna, donde quiera que ellos residan», advierten que «nos parece que las propuestas de estatización de las empresas no abordan el problema principal actual ni el tremendo desafío futuro que nos impone el Cambio Climático para seguir llegando con servicios sanitarios a toda la población de zonas urbanas y terminar con las restricciones al suministro en localidades rurales fuera de la acción de las empresas, donde no se cuenta con seguridad hídrica ni infraestructura sanitaria suficiente para el abastecimiento de agua potable».
«Una eventual estatización de las empresas implicaría una carga fiscal no evaluada para el próximo gobierno, ya muy exigido con múltiples demandas sociales. Ello incluye la necesidad de realizar inversiones para los próximos 20 años de alrededor de 10 mil millones de dólares, destinados a mantener los estándares de servicio actuales en un escenario de cambio climático», añaden.
En la parte final del comunicado, indican que «la posición del sector sanitario no es una defensa a ultranza del ordenamiento vigente hoy en Chile. Después de 20 años de operación se requiere actualizar, mejorar y fortalecer el marco regulatorio e incorporar la realidad que vivimos con el Cambio Climático y la sequía, las demandas de participación de la ciudadanía y una mayor transparencia en todos los procesos».
En conversación con El Mostrador, la presidenta ejecutiva de Andess A.G., Jéssica López, dijo que la iniciativa «es una mala cosa, es como retroceder 30 años». “Esperamos que las propuestas constitucionales consideren que en las zonas urbanas de Chile hoy se cumple con el Derecho Humano al Agua y Saneamiento y que el foco de los cambios debiera estar en aquella población que hoy sufre por la falta de agua, como localidades rurales y campamentos”, agregó.
Días antes, y a través de videos, ya había deslizado su opinión: «Una eventual estatización del sector sanitario de las empresas sería una tremenda carga para el Estado en los años próximos y que impactaría a todos los gobiernos, no solo por lo que significa el precio de expropiar o comprar participación, sino también porque la estimación que tenemos es que hay que hacer inversiones por cerca de 10 mil millones de dólares los próximos 20 años para efectivamente hacer frente al cambio climático y a seguir la sequía y entregar seguridad de los servicios sanitarios, de agua potable y de descontaminación de las aguas servidas de todas nuestras ciudades. Y, por lo tanto, esa es una carga que tendría también que asumir el Estado cuando enfrenta múltiples necesidades en salud, en educación, en vivienda, en fin. Y este sistema hoy día no requiere eso».
En conversación con El Mostrador, López dijo que han hecho gestiones con los integrantes de la Convención Constitucional para revertir esta aprobación: «Nosotros desde que se inició la Convención hemos estado conversando con convencionales porque no pudimos asistir a la Comisión de Medio Ambiente, no salimos sorteados, no nos invitaron. Podrían habernos invitado, porque al final de alguna u otra manera representamos a 16 millones de chilenos que reciben los servicios de esta industria. Entonces, como no nos recibieron en la comisión, hemos estado conversando con los convencionales, con casi todos ellos. Les hemos presentado lo que hace la industria, cómo lo hace, cuáles son los estándares de operación, lo que hay que hacer para adelante, el desafío que tenemos. Hemos estado en eso y vamos a seguir en eso hasta que esto vaya al Pleno, porque es una cosa que no se sostiene, no tiene lógica, no tiene sentido hacerlo», expresó.
El exsuperintendente de Servicios Sanitarios, Juan Eduardo Saldivia, agregó –en columna de opinión en El Mostrador– que «en el contexto de la mayor sequía que ha enfrentado nuestro país en su historia y de desertificación creciente, lo propuesto por la Comisión, ¿sirve de algo?, ¿habrá más agua disponible por el solo hecho de que la provisión de los servicios deba ser realizada exclusivamente por organizaciones comunitarias o por entidades públicas? Distingamos: una primera cosa es establecer el principio de que el Estado está obligado a garantizar la provisión. Me parece que eso es correcto y quién podría discutir que debiera ser una norma constitucional», puntualizó.
«Otra cosa es cómo el Estado logra cumplir con ese deber. Pienso que eso es una materia de políticas públicas (no de la Constitución) que, por su naturaleza, son esencialmente debatibles, pero por sobre todo mutables. Lo que hoy puede hacer el Estado es distinto a lo que podía hacer en los 80 y será distinto a lo que podría tener que hacer en 2050. ¿Es razonable, entonces, establecer a nivel constitucional que la provisión sea una responsabilidad exclusiva de entidades estatales? Creo que a la comisión le ha faltado una mirada estratégica de largo plazo, por no decir que está actuando conforme a la ideología imperante en un sector mayoritario de ella, que repulsa de la actividad privada en la provisión de servicios básicos», señaló.
