Piñera II, episodio IV: el fin

Hace cuatro años Sebastián Piñera regresaba a La Moneda en medio de una alta votación en el contexto del voto voluntario, un programa ambicioso y una retórica de altas expectativas de volver a ser lo que fuimos y alcanzar tiempos mejores. ¿Cómo evaluar desde una perspectiva ciudadana el desarrollo de estos cuatro años de Gobierno? ¿Se cumplieron las promesas iniciales y el programa que las recogía?

De acuerdo al estudio de Fundación Ciudadanía Inteligente, Del Dicho al Hecho (deldichoalhecho.cl), durante el Gobierno logró avanzar con un 42% en el cumplimiento de las promesas legislativas del programa comprometido con la ciudadanía durante las elecciones. Este porcentaje es el más bajo al cierre de un Gobierno desde que se realiza el estudio abarcando los mandatos de Piñera I (54%) y Bachelet II (56%). De las 256 promesas, 151 cuentan con proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso. La gran mayoría de ellos se presentó durante el primer año de mandato (107), lo que luego se fue ralentizando por razones obvias como el estallido y pandemia, que desviaron los esfuerzos gubernamentales a otras agendas.

En términos de eficacia, y con minoría parlamentaria de por medio, el Gobierno solo logró la aprobación de 49 de esas promesas que hoy son leyes, un 19,1% del total. Entre los avances, destacan las cifras en Ciencia y Tecnología (93%), donde se cumplieron 3 de 5 promesas, entre las que encontramos la implementación del ministerio en la materia. Seguido por el área de Defensa (80%), donde se aprobó el reemplazo de la Ley Reservada del Cobre. En tercer lugar, equidad de género (75%), con avances empujados por la agenda corta para el combate a la violencia física contra la mujer.

En la parte media de la tabla se encuentran iniciativas emblemáticas del Gobierno. En la agenda social, el principal logro al respecto es la aprobación de la Pensión Básica Universal, donde la administración de Piñera logró en el ocaso de su periodo alinear al Congreso para destrabar al menos parte de la solución al problema de las personas jubiladas en Chile. Por otro lado, el área Salud, que fue crucial durante la crisis del COVID, tuvo un avance del 55%. En el camino quedaron, por ejemplo, la promesa de crear un Plan de Salud Universal, que tuvo un 70% de avance, mientras que modernizar los Servicios de Salud se mantuvo en 0%. Por último, en materia de infancia, se avanzó con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (100%) que reemplaza en parte al actual Sename, pero quedó pendiente el Servicio Nacional de Reinserción (70%) y un nuevo marco legal para las adopciones (70%).

La agenda de Seguridad Ciudadana estuvo condicionada por los casos de corrupción en las policías, donde se avanzó en los sistemas de auditorías (100%) y los golpes de efecto del Gobierno que buscaban más espectacularidad que eficacia y, a la larga, amenazaron los derechos humanos del pueblo mapuche en el sur, de grupos migrantes y de las millones de personas que protestaron en las calles durante el 2019. Por su parte, la agenda de crecimiento anotó logros en materia de incentivos para pymes (100%) y algunos sectores económicos, así como en la institucionalización de la regla fiscal (100%). Por otro lado, se enfrentó con una realidad económica y necesidades sociales reflejadas en el estallido social que hicieron evidente la impertinencia de las agendas de austeridad y reducción de impuestos a las empresas (0%) y reintegración tributaria (0%) prometidas por el Gobierno.

Por último, la peor parte se la llevan áreas como Transportes y OO.PP., con un 0% y muy pocas promesas asociadas. También es notorio el escaso progreso en materia de democracia (13%), donde encontramos promesas relativas a mecanismos de democracia directa o la reducción de parlamentarios. También en las áreas de Cultura (20%), Estado (21%) y Desarrollo Social (27%), donde encontramos iniciativas pendientes relativas a monumentos, refuerzo de gobiernos subnacionales y la creación de una Defensoría del Adulto Mayor (70%).

El segundo Gobierno de Sebastián Piñera estuvo condicionado por una agresiva pandemia mundial, un estallido social y político sin precedentes y un comienzo envalentonado por un resultado electoral favorable. En todas estas etapas, el Presidente y sus equipos fueron, a pesar de la retórica de los acuerdos, ineficaces en generar una colaboración con la oposición en el Congreso y la sociedad civil. En esto, resultaron fundamentales las señales de retroceso en la defensa y promoción de los derechos humanos que dio el mismo Gobierno, como los rechazos al Acuerdo de Escazú y Pacto Migratorio, así como el enfoque y narrativa de seguridad con que se abordaron el estallido social, la militarización en La Araucanía y la inmigración.

Una de las principales causas de la desconfianza ciudadana proviene de la sensación de que los políticos no cumplen sus promesas. Para ejercer un buen Gobierno no basta con la autoridad, sino que se necesita también legitimidad y esa legitimidad se construye. En contextos de alta fragmentación política, el compromiso y apego a los estándares de DD.HH. son un mínimo para el debate de políticas públicas al que todos los sectores se deben apegar para canalizar acuerdos y medidas efectivas.

Por eso, es urgente que las y los representantes diseñen sus programas desde otra perspectiva, centrándose en un eje de derechos humanos, sociales, económicos y ambientales, junto con una real participación ciudadana. Porque eso precisamente es fortalecer la democracia. Esto, sin duda, representa una gran responsabilidad para el proceso constituyente y el nuevo Gobierno, que abre la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la diversidad y la forma en cómo se construyen los proyectos de cambio efectivo en democracia.