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Crédito: Agencia Uno
El informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados indica que las situaciones de abuso y explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA) bajo protección del Estado han sido «reiteradas y de larga data en el sistema». Asimismo, señala que esta debilidad institucional ha sido identificada por redes de explotación sexual comercial de NNA (ESCNNA), considerándolos como «blanco fácil» para su actuar. Sobre la materia, los legisladores apuntaron a una «falta de respuestas interinstitucionales» para los casos detectados de ESCNNA. La presidenta de la comisión, diputada Maite Orsini (RD), comentó que «si hubiésemos hecho antes la comisión, incluso podríamos haber acusado políticamente a algunas autoridades, pero, por ahora, nos sirve en casos de denuncia internacional por este tema. Lo que sí queda claro es que estaremos pendientes de lo que venga y presionaremos para que se apruebe lo antes posible la ley que busca tipificar el delito de ESCNNA».
Tras cerca de cuatro meses de funcionamiento, la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre situaciones de abuso y explotación sexual a niñas, niños y adolescentes (NNA) bajo protección del Estado, votó la mañana de este martes las principales conclusiones de su informe, que luego pasará a la Sala de la Corporación.
En el informe, al que tuvo acceso El Mostrador, la comisión concluye que las situaciones de abuso y explotación sexual contra NNA bajo protección del Estado han sido «reiteradas y de larga data en el sistema». Asimismo, apuntan que esta debilidad institucional ha sido identificada por redes de explotación sexual comercial de NNA (ESCNNA).
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«Ven en los centros de protección un blanco fácil para su acción, lo que transforma a las residencias de protección en espacios de riesgo de vulneraciones más graves, y no espacios seguros de protección como debería ser», señala el documento.
Sobre las redes de ESCNNA, la comisión constató que esto no se resuelve con el cierre de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread). Puntualizó que «la denuncia de captura de una residencia familiar» fue lo que gatilló la conformación de la comisión.
Además, se constató que no es solución el traslado de NNA a otras residencias, «pues esta práctica ha permitido la expansión de las redes y el reclutamiento de nuevas niñas y nuevas adolescentes en hogares donde han sido trasladados», indica el documento.
En el informe, los legisladores apuntaron a una «falta de respuestas interinstitucionales» para los casos detectados de ESCNNA. Esto considera un déficit en la «atención especializada y medidas de protección urgentes que requieren las víctimas, como en la investigación, control y sanción de los victimarios».
También detectaron que las residencias «no tienen las condiciones» para afrontar la problemática de la ECSNNA.
«A partir de los planteamientos de las distintas personas e instituciones invitadas a la comisión se constata que en las residencias, sean estas grandes o familiares, no cuentan con las orientaciones técnicas, el personal, los programas especializados y el trabajo en red para abordar esta problemática», detallaron.
En una de las sesiones, el director ejecutivo de la Fundación Padre Semería, Benjamín Rodríguez Larraín, dijo que egresados de residencias, sobre todo del sector de La Pintana, fueron formando redes de explotación sexual dentro de la comuna.
Rodríguez explicó que “muchos optaron por la vida de calle debido a la falta de oportunidades y veían una oportunidad en los centros residenciales para sacar a ciertas compañeras más pequeñas e iniciar ahí su respectivo negocio”.
La presidenta de la comisión, la diputada Maite Orsini (RD), dijo a El Mostrador que con el informe «hicimos visible, más que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que es la manifestación más cruel del patriarcado y del sistema capitalista, la desidia infinita del Estado en relación con este tema. La poca prevención, el abandono de las niñas y adolescentes más pobres y vulneradas del país», subrayó.
«Por eso, tenemos la esperanza de que el Gobierno entrante se haga cargo, por primera vez, de prevenir e intervenir. De detener y terminar con este problema y grave delito», añadió.
«Si hubiésemos hecho antes la comisión, incluso podríamos haber acusado políticamente a algunas autoridades, pero, por ahora, nos sirve en casos de denuncia internacional por este tema. Lo que sí queda claro es que estaremos pendientes de lo que venga y presionaremos para que se apruebe lo antes posible la ley que busca tipificar el delito de ESCNNA. Es el piso mínimo», manifestó.
La parlamentaria indicó que el informe fue aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión y esperan que la próxima semana sea votado en Sala.
Desde Fundación Para la Confianza –quienes participaron en las sesiones de la comisión–, la vocera del Observatorio Para la Confianza, Verónica Uzcategui, se refirió a la explotación sexual infantil como una de las peores vulneraciones de derechos que pueden sufrir niños y niñas, por lo que aclaró la importancia que tendrá la próxima votación en la Cámara de Diputadas y Diputados, la que debería realizarse la próxima semana.
“Es importante que como país podamos avanzar en concretar medidas que realmente se hagan cargo, primero de erradicar estas prácticas violentas que se fundamentan en las dinámicas relacionales del abuso de poder, y también que podamos hacernos cargo de detectarlas temprana y oportunamente y, por supuesto, eliminar estas redes de explotación que vienen a vulnerar a la infancia de formas que son inimaginables”, afirmó Uzcategui.
