Opinión
Esta primera visita oficial debería también ser útil para aclarar que –a diferencia de lo afirmado por la política de defensa nacional argentina de julio 2021– ni el Estrecho de Magallanes, ni el sector del Cabo de Hornos, ni el espacio marítimo adyacente a Diego Ramírez pueden, en ninguna fórmula, ser considerados “espacios compartidos” con Argentina. Se trata de aguas interiores y mar territorial chilenos: el Presidente conoce el significado jurídico de ambas entidades.
El Gobierno ha confirmado que el próximo 5 de abril –204º aniversario de la Batalla de Maipú– Gabriel Boric visitará Buenos Aires, en lo que será la primera visita oficial de su mandato. Se entiende que esa actividad tendrá lugar en el marco de la amistad que, según ha señalado el propio presidente argentino, Alberto Fernández, existe entre ambos mandatarios.
Si eso es correcto, entonces están dadas las condiciones para que, en un ambiente cordial, los presidentes y sus respectivos equipos dialoguen no solo sobre asuntos en los que existe consenso y coordinación, sino que sobre temas pendientes que, en materia de límites, subsisten en la frontera austral.
Esto es especialmente relevante si se considera que, al ser invitado a definirse a sí mismo, el propio Presidente Boric se ha declarado “magallánico”. Como él sabe –pues durante su ejercicio como diputado por Magallanes y Antártica Chilena formó parte de la Comisión de Zonas Extremas–, en su propia región subsisten varios asuntos pendientes muy complejos con Argentina.
El primero de ellos es aquel del Campo de Hielo Sur, el cual, no obstante que la cartografía oficial argentina da por hecho que el límite está acordado conforme a sus propias pretensiones, en el derecho ese asunto no está, de ninguna forma, “cerrado”. Es cierto que recurrentemente circulan en el país rumores acerca de un supuesto “acuerdo secreto”, que confirmaría la afirmación de la cartografía oficial argentina. Lo concreto es, sin embargo, que los límites internacionales de Chile –con su respectivo efecto sobre nuestro Derecho Interno– no se fijan por acuerdos que no hayan sido previamente aprobados por la ciudadanía a través del Congreso Nacional.
El propio Gabriel Boric ha visitado el Campo de Hielo Sur y, como buen “magallánico”, conoce la trascendencia que ese espacio tiene no solo para el medio ambiente de los fiordos patagónicos, sino su importancia para el ethos regional. El Presidente también sabe de la importancia que ese espacio tiene para el futuro de Chile, en tanto reservorio de agua dulce.
Nota al margen, esta visita oficial a Buenos Aires podría servir para que la expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, explicara a Gabriel Boric y a su delegación a qué exactamente se refiere cuando afirma (reiteradamente) que “Argentina debe tener un puerto soberano en el océano Pacífico”. ¿Se refiere a un puerto en el sector del Campo de Hielo Sur?
Tal vez esta sea la oportunidad para que –en el marco de la amistad anunciada por el propio Alberto Fernández– ambos países comenzaran a sincerar un asunto serio y complejo, abierto en 1991 por Argentina, no obstante que Chile entendía (y así también lo había hecho Argentina por casi un siglo) que el límite en dicho sector de la Patagonia había sido establecido de común acuerdo entre 1898-1902, y que lo único que restaba era “demarcar” (“no delimitar”).
Esta puede ser también la ocasión para que ambos países dialoguen acerca de la situación creada por la presentación chilena de plataforma continental más allá de las 200 millas en el sector del Mar de Bellingshausen, Antártica chilena, así como por la actualización de la proyección de la plataforma continental de los archipiélagos del Cabo de Hornos y Diego Ramírez.
En esa proyección se incluyen territorios submarinos al oriente del meridiano del Cabo de Hornos, “más allá” del Punto F del Tratado de Paz y Amistad de 1984. El Gobierno de Alberto Fernández ha reclamado que dicha actualización constituye un ejercicio de “expansionismo chileno hacia el Atlántico”. El Presidente Boric podría aprovechar la oportunidad de su visita para explicar al señor Fernández que ese no es el caso, pues lo actuado por Chile se ajusta a lo prescrito en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Como sea, es oportuno recordar que, en materia de plataforma continental en el Océano Austral y la Antártica, solo al final del Gobierno Piñera II, Chile logró reaccionar a una situación de hecho y de derecho impuesta por el ahora bien conocido reclamo argentino de plataforma continental extendida más allá de las 200 millas de 2009.
Ese “reclamo” –efectuado conforme a una interpretación argentina del Derecho del Mar– incluyó amplios espacios de plataforma continental chilena en la Antártica y en el Océano Austral, toda vez que, en su lógica legal y científica, dicho reclamo territorial vincula –en un solo concepto geopolítico– su proyección desde las costas patagónicas y fueguinas hacia las islas Falkland/Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur y península Antártica.
Aplicando esa misma fórmula geolegal, en su sector fueguino el reclamo de Buenos Aires incluye territorios en los que –en una interpretación literal del Tratado de Paz y Amistad– ambos países debían abstenerse de hacer nuevos reclamos. En 2009 Argentina omitió esa limitación, obligando a Chile a hacer lo mismo en agosto de 2021.
Como buen “magallánico”, el Presidente Gabriel Boric está al tanto de estas circunstancias y, por lo mismo, debe recordar cómo, durante años, la comunidad de su propia región exigió a una reticente Cancillería chilena hacerse cargo de un diferendo limítrofe de hecho y de derecho impuesto por Argentina, al cual, desde 2009 y hasta mayo de 2020, sucesivos gobiernos y cancilleres asignaron “importancia ninguna”.
Por lo mismo, es del todo necesario que, antes de la declaración conjunta que deba emitirse al final de la visita de Boric, la diplomacia chilena reflexione acerca de la conveniencia de seguir avalando un reclamo territorial que incluye “espacios marítimos adyacentes” a diversos archipiélagos periantárticos y antárticos que, en el contexto del “fraseo” de un texto básico (utilizado de manera ritual desde la década de 1990 y “actualizado” con el método “cortar y pegar”), por extensión nuestro país termina aportando fundamento a una proyección geopolítica argentina que en su tramo final incluye territorio chileno.
De la mera observación de un mapa del reclamo de plataforma continental argentina de 2009, el Gobierno y la Cancillería chilena deben –de una vez por todas– reparar en que, en la interpretación de Buenos Aires, ese apoyo formal chileno sobre “espacios marítimos adyacentes” resulta política y legalmente instrumental para validar el método geolegal argentino sobre el cual se sostiene no solo lo esencial del reclamo sobre las Falkland/Malvinas, sino que, con los elementos del Art. 76 de la Convención sobre el Derecho del Mar, la versión 3.0 de la tesis antártica argentina termina consolidándose sobre millones de km2 que pertenecen a la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Ello, amén de una “medialuna” de miles de km2 de territorios submarinos al sur del Cabo de Hornos, que se interpone en la proyección natural de Chile hacia la Antártica. Esta es la cruda realidad.
El Presidente Boric tiene una evidente oportunidad para impedir que esa amenaza sobre la integridad del país (y de su propia región) se perpetúe.
Esta primera visita oficial debería también ser útil para aclarar que –a diferencia de lo afirmado por la política de defensa nacional argentina de julio 2021— ni el Estrecho de Magallanes, ni el sector del Cabo de Hornos, ni el espacio marítimo adyacente a Diego Ramírez pueden, en ninguna fórmula, ser considerados “espacios compartidos” con Argentina. Se trata de aguas interiores y mar territorial chilenos: el Mandatario conoce el significado jurídico de ambas entidades.
No obstante “las aclaraciones” posteriores, la candidez con la que dicho documento oficial del Gobierno de Alberto Fernández aspira a cogobernar territorios chilenos, ilustra una nueva tesis geopolítica argentina, muy probablemente motivada por el aislamiento relativo de su provincia de Tierra del Fuego y las restricciones a la navegación argentina impuestas por el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
El Presidente Boric debería recordar que –lejos de obedecer a una supuesta “mala voluntad de Chile”– esas restricciones buscan resguardar la seguridad y el potencial de desarrollo de nuestros territorios al sur del Canal Beagle, y son la contrapartida a la limitación impuesta por el mismo tratado a la proyección de la zona económica exclusiva de 200 millas de las islas Nueva, Evout, Barnevelt, Cabo de Hornos y Diego Ramírez, esto es, a cambio de la renuncia chilena a cientos de miles de km2 de recursos pesqueros del océano Austral.
Las restricciones a la navegación argentina en aguas interiores nacionales al sur del Canal Beagle constituyen uno de los aspectos del “precio de la paz” alcanzado durante la mediación papal que, como se sigue recordando en Punta Arenas, se realizó bajo la constante amenaza del uso de la fuerza por parte de Argentina. Todo indica que, pasados menos de cuarenta años, ese país entiende que, en materia territorial, “las cosas han cambiado”.
No es así. La limitación de la proyección de las 200 millas de zona económica exclusiva de nuestras islas australes es, conforme lo pactado en 1984, permanente. Por lo mismo, todas las limitaciones que ese mismo tratado impone a la navegación argentina en aguas interiores chilenas (ambos brazos del Canal Beagle, Canal Murray, Bahía Nassau y Parque Nacional Cabo de Hornos) deben ser igualmente permanentes.
Es más, el acceso a aguas chilenas al sur del Canal Beagle solo puede beneficiar a Ushuaia (en desmedro de Punta Arenas, la ciudad del Presidente Boric), pues, en ese sector de la frontera, Argentina no tiene nada de interés a cambio que ofrecer para Chile. La madre naturaleza ha dejado todos los principales atractivos para la navegación, la pesca y el turismo en el lado chileno.
Es posible que Argentina alegue que, a través de los pasos fronterizos Cardenal Samoré e Integración Austral, Chile puede abastecer a Punta Arenas. Eso es tan correcto como recordar que Argentina puede abastecer a Río Grande y Ushuaia gracias a la cooperación chilena en el último de esos pasos fronterizos y a través del paso San Sebastián en Tierra del Fuego. Lo que ocurre es que, al sur del Canal Beagle, se sitúan el océano Austral Circumpolar y la Antártica. En esos espacios Chile no solo tiene mejores títulos que Argentina, sino que goza de una continuidad geocientífica y geolegal que lo convierten en un país capaz de –empleando el Derecho del Mar del siglo XXI– demostrar su continuidad entre sus territorios sudamericanos y sus espacios polares. Para lograr la equivalencia, Argentina requiere validar su reclamo territorial sobre las Falkland/Malvinas y etcétera.
Chile debe estar alerta, y comenzar a comprender la enorme importancia que para las futuras generaciones representan sus espacios australes y polares.
En ese marco, su primera visita al exterior ofrece al primer Presidente magallánico de Chile la oportunidad de hacerse cargo de temas de importancia estructural para el país, y de significado esencialmente material y espiritual para su propia región. Esta última estará pendiente de los resultados de su visita a Buenos Aires y lo valorará en consecuencia.
