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Crédito: Agencia Uno
En Residencia Familiar Puma, ubicada en Recoleta, dependiente del Servicio Mejor Niñez (sucesor del Sename), la integridad de jóvenes que llegaron al lugar por necesidades de protección se ha visto aún más vulnerada, pese a que se encuentran bajo amparo del Estado. El centro actualmente está bajo investigación del Ministerio Público (desformalizada), tras la presentación de querellas en que se sostiene que exfuncionarios sometieron a jóvenes a explotación sexual comercial. Además, a través de una carta, otros funcionarios denunciaron ante la directora metropolitana de Mejor Niñez, Bárbara Soto, que el centro está emplazado en un foco de tráfico de drogas. “Desde la primera semana en que se apertura la residencia, se observa cómo algunos vecinos ofrecen abiertamente drogas a los jóvenes, incluso desde la puerta principal de la casa”, sostienen. Y un reciente Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, afirma: (los delincuentes) «ven en los centros de protección un blanco fácil para su acción, lo que transforma a las residencias de protección en espacios de riesgo de vulneraciones más graves, y no espacios seguros de protección como debería ser».
En el último discurso de su segundo Gobierno, el ex Presidente Sebastián Piñera indicó que en su administración pusieron a los niños “primeros en la fila”. Sin embargo, trabajadores dependientes del Servicio Mejor Niñez (sucesor del Sename) han manifestado duras críticas contra las Residencias Familiares, surgidas tras el cierre de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread).
Un caso particular es el de la Residencia Familiar Puma, ubicada en Recoleta. Funcionarios del recinto emitieron una carta –fechada al 22 de febrero del 2022– a la directora metropolitana del Servicio Mejor Niñez, Bárbara Soto, en la que denunciaron falencias de resguardo, protección y seguridad, tanto para los jóvenes que residen en Puma como para los equipos que se desempeñan en dicho lugar.
Entre las falencias de protección, se señala que los menores de dicho centro se enfrentan a dos situaciones que asoman como particularmente muy graves: explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, y tráfico de drogas.
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Hace unos días, un crudo informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados subrayó que las situaciones de abuso y explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA) bajo protección del Estado han sido «reiteradas y de larga data en el sistema». Asimismo, apuntan que esta debilidad institucional ha sido identificada por redes de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).
«Ven en los centros de protección un blanco fácil para su acción, lo que transforma a las residencias de protección en espacios de riesgo de vulneraciones más graves, y no espacios seguros de protección como debería ser», detalla el documento.
Sobre las redes de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, la mencionada comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados constató que esto no se resuelve con el cierre de los Cread. Y puntualizó que «la denuncia de captura de una residencia familiar» fue lo que gatilló la conformación de la comisión.
La situación del centro Puma, de Recoleta, es un claro ejemplo de un infierno diario.
El recinto comenzó a operar desde mediados de septiembre del 2021, tras el cierre de Cread Pudahuel. En el inmueble habitan al menos 10 niños, niñas y adolescentes.
Desde hace algunas meses, un funcionario de este recinto es investigado por explotación sexual comercial de NNA, es decir, habría ejercido abuso sexual contra adolescentes a cambio de una remuneración para las víctimas.
El funcionario fue retirado de sus labores por el Servicio Mejor Niñez, y el programa Mi Abogado, de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), presentó una querella en su contra.
El caso de ese trabajador gatilló, entre otros motivos, la salida del director del recinto, por notable abandono de deberes, por lo que actualmente ejerce un director subrogante.
Pero no hay solo un caso, ya que nuevos antecedentes confirmados por la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, evidencian que existe otro funcionario más involucrado y una persona externa al inmueble, sobre quienes se extendió la querella inicial, por acciones constitutivas de agresión sexual.
Pese a que la vulnerabilidad de la exposición de los menores a estas redes requiere de un sentido de urgencia, la Fiscalía mantiene la investigación con un carácter de desformalizada, situación que es criticada por la Defensoría de la Niñez.
“A nosotros nos parece muy grave que la Fiscalía hasta la fecha no haya realizado ninguna formalización de cargos en contra de estas personas, particularmente conociendo las versiones de quienes han sido víctimas de estos hechos”, manifestó Patricia Muñoz.
Frente a la situación de la residencia Puma, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, presentó hace un par de semanas una denuncia ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.
“La denuncia que presentamos en tribunales es por la presunta comisión de los delitos de producción de material pornográfico utilizando a menores de 18 años; de una presunta asociación ilícita y de cualquier otro delito que se lograre determinar durante el transcurso de la investigación”, dijo el jefe comunal.
“Nosotros recibimos la denuncia del personal que allí trabaja. Luego, enviamos a funcionarias municipales para conocer los hechos y nos confirmaron, a partir de dichos testimonios, la gravedad de los hechos que luego denunciamos a los tribunales”, añadió el alcalde de Recoleta.
Este medio intentó contactarse con la directora metropolitana de Mejor Niñez, Bárbara Soto, pero esta declinó responder aludiendo a razones judiciales y a la reserva del caso de la residencia Puma.
Efectivamente, a solicitud del programa Mi Abogado, el Juzgado de Familia de Pudahuel impidió –en una resolución fechada al 11 de marzo del 2022– “toda circulación de información sobre los menores sujetos de protección, residentes del espacio familiar Puma” y ordenó la eliminación de toda información publicada ligada al recinto en los medios de comunicación.
Dicha resolución se fundamentó en lo resuelto por la jueza del Centro de Medidas Cautelares Lorena Bruna, el 9 de febrero del 2022, cuando dictaminó por un plazo de 90 días –a partir de la fecha mencionada– “la prohibición de publicaciones y difusión de la imagen del adolescente de autos y así como también de cualquier contenido audiovisual o de datos personales de identificación, en el cual se exponga a la adolescente y/o cualquier otro niño, niña y adolescente”.
El fallo considera asimismo “cualquier otra información respecto de la presente causa, en medios de comunicación masiva y redes sociales”.
El Servicio Mejor Niñez emitió un comunicado la semana antepasada, a propósito de la denuncia ingresada por Jadue, en la que sostuvieron haber tenido conocimiento del presunto caso de ESCNNA en enero “y apenas tuvimos conocimiento tomamos todas las acciones para proteger a los adolescentes de dicha residencia”.
Desde Recoleta, detallaron que se suspendió inmediatamente “de sus cargos a los presuntos responsables, hicimos las denuncias en el Ministerio Público y en los Tribunales de Familia, iniciamos los sumarios correspondientes, y lo más importante, instalamos un robusto plan de acompañamiento y supervisiones permanentes para asegurar la no revictimización y protección de los adolescentes”.
Además, apuntaron que la residencia fue inaugurada bajo el Sename, y no por Mejor Niñez, por lo que no tuvieron responsabilidad sobre el emplazamiento en un lugar que se ha convertido en un epicentro del tráfico de drogas.
“(El recinto) fue seleccionado por Sename, no por quienes están hoy día en la administración del (Servicio) Mejor Niñez, pero para el caso de la vida de los adolescente allí residentes, da lo mismo, no puede ser que el Estado empiece a tratar de deslindar su responsabilidad desde Mejor Niñez a Sename, y desde Sename a Mejor Niñez”, subrayó Patricia Muñoz.
“El punto es que el Estado de Chile a través de su institucionalidad es responsable de que si va a trasladar a los niños desde los Cread (…) a residencias familiares, que, de acuerdo a lo pronosticado y anunciado por el Ejecutivo, sí correspondían a un modelo de intervención distinto, satisfaga precisamente esas exigencias, y en este caso en la residencia Puma esto no se realizó”, añadió la Defensora de la Niñez.
Lo expresado por Muñoz tiene total correspondencia con una misiva de funcionarios –a la que tuvo acceso El Mostrador– en la que apuntaron que el sector en donde está emplazada la residencia tiene “un fuerte tráfico de drogas” y manifestaron dudas sobre si “se llevaron a cabo estudios previos al emplazamiento de RF Puma en su actual ubicación”.
“Desde la primera semana en que se apertura la residencia, se observa cómo algunos vecinos ofrecen abiertamente drogas a los jóvenes, incluso desde la puerta principal de la casa”, consignaron los trabajadores.
“Si bien se adoptan estrategias de diálogo con los vecinos y locales de venta de alcohol, el sector permite un fácil acceso a drogas, no logrando interrumpir su consumo con tales gestiones”, añadieron.
“Además, existen dos ‘casas okupa’ cercanas, hacia donde se dirigen varios jóvenes, la cual representa un importante foco de consumo y presuntamente de tráfico de drogas”, continuaron los funcionarios en el texto.
Otro aspecto ligado al consumo de drogas que destacaron los emisores de la carta, ”es que los jóvenes han comenzado a relacionarse con adultos de riesgo, recibiendo amenazas e incluso presentándose a la Residencia con armas de fuego en busca de un joven”.
A su vez, apuntaron a deficiencias en la infraestructura de la residencia. En tal sentido, comentaron que el cierre perimetral del inmueble “carece de cualquier elemento de seguridad y protección”, lo que posibilita el ingreso de terceras personas.
Igualmente, mencionaron problemas con la cámara de aguas negras, que habitualmente se rebalsa y de la que emana “un fuerte olor a podrido”. También denunciaron que la instalación eléctrica no se encuentra certificada: “Gran parte de los enchufes se encuentra en mal estado o derechamente no sirven”.
La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, dijo a este medio que un equipo de la institución visitó la residencia Puma y constató las condiciones que relataron los funcionarios en el documento.
Muñoz calificó como “grave” que, “tratándose de una residencia nueva, se enfrenten situaciones en que efectivamente no se realizaron las acciones necesarias para que el lugar y el inmueble al que fueran trasladados los adolescentes desde el Cread Pudahuel, tuviese aquellas condiciones exigibles para poder realizar habitabilidad en ese lugar sin estar expuestos a situaciones de riesgo”.
Sin embargo, los trabajadores no solo acusaron un entorno con foco de tráfico de drogas y deficiencias en la infraestructura. Afirmaron también que en la residencia Puma hay falta de personal.
El equipo –explicaron– se organiza en tres turnos, en los que debería haber cinco monitores o tutores como mínimo, además de un técnico en enfermería de nivel superior (TENS). Sin embargo, en la práctica hay solo dos funcionarios por turno, y sin TENS.
“Debido a las situaciones críticas que ha experimentado este equipo, en al menos tres meses, producto de licencias médicas, hemos debido asumir turnos, con dos funcionarios, no contando con apoyos logísticos y humanos para poder desarrollar una función acorde a lo requerido por el servicio”, señalaron.
Ante la falta de personal, las deficiencias en infraestructura y el ambiente en que está emplazada Puma –y su consecuente impacto en los residentes, como el consumo problemático de droga–, los funcionarios se han visto expuestos a agresiones físicas y verbales por parte de los jóvenes, incluyendo golpes, empujones e impactos por objetos lanzados.
Una funcionaria del Servicio Mejor Niñez, externa a Puma y que pidió reserva de sus identidad, dijo a El Mostrador que la falta de personal es transversal en los recintos dependientes de Mejor Niñez, pero que las situaciones de agresiones son exclusivas de esta residencia.
